La empresa gallega de instalaciones fotovoltaicas EiDF ha presentado sus cuentas de 2023 en el límite para hacerlo -el pasado 2 de mayo justo antes de que abriesen los mercados-. Lo ha hecho con problemas por segundo año consecutivo. Aunque esta vez su auditora, PwC, sí las firma, ha presentado un informe de salvedades en el que advierte de que sigue “debilidades significativas en el modelo de control interno del grupo”. Además, no aparece la firma de dos de los consejeros, algo que, según la compañía, se debe, en uno de los casos, a que se encuentra fuera de España y sin posibilidad de conectarse y, en el otro, a una indisposición.
Según recoge Europa Press, ni Susana Olcina Guerrero ni Enrique Pérez Hernández Ruiz-Falcó han estampado su firma en las cuentas anuales consolidadas e individuales de la compañía. En ambos casos, EiDF, cotizada en el mercado BME Growth, ha explicado que ya se expresó en una diligencia al acta del consejo de administración de formulación de las cuentas.
Los resultados de 2023 de la empresa muestran unas pérdidas de 31,958 millones de euros, casi ocho veces más que los 4,036 millones de euros de los números rojos del año anterior. El año pasado la empresa tuvo su cotización suspendida durante cuatro meses, entre mayo y agosto. No pudo presentar las cuentas a tiempo por las discrepancias con su auditora, PwC. Después contrató a Deloitte para que hiciera un forensic, pero sus conclusiones volvieron a provocar un enfrentamiento, en el que se implicó también la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando EiDF hizo públicas las conclusiones de Deloitte no difundió el informe íntegro, sino un resumen de algunos puntos. Y añadió en cada apartado sus justificaciones para lo que apreciaba la auditora.
La reacción de la CNMV fue emitir un comunicado en el que decía que el documento publicado por EiDF no era lo que le había solicitado: “La información publicada es incompleta e incluye omisiones muy relevantes”. Según el organismo supervisor, el informe de Deloitte incluye “evidencias de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía”. Finalmente, en agosto de 2023 se levantó la suspensión de cotización y la empresa ha acometido en los últimos meses cambios, como el nombramiento de un nuevo consejero delegado y una reestructuración del consejo de administración.
La compañía ha destacado que, aunque ha aumentado las pérdidas, el fondo de maniobra -la capacidad para responder a sus obligaciones a corto plazo- ha pasado de estar en negativo en casi 21 millones de euros a registrar un saldo de 9,6 millones en positivo. Asegura que, “con el objetivo de sentar unas bases sólidas en aras del crecimiento que lleva desarrollando los últimos años, se ha optado por una política de máxima prudencia, optimizando aquellas partidas en el balance del grupo para mayor precisión y transparencia”.
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