Pedro Rocha, único candidato a presidir la Federación de Fútbol (RFEF), quiere continuar con el plan previsto de dirigir el fútbol español pese a haber sido imputado por la jueza que investiga varios casos de corrupción de la época de Luis Rubiales y tras la propuesta de sanción del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por excederse en sus funciones como presidente de la gestora. Para ello, ha anunciado en un comunicado la impugnación de la decisión del expediente del TAD por falta muy grave: “Rocha espera y desea que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tome debida nota de las graves irregularidades de la resolución, que será impugnada, y actúe en consecuencia como mejor proceda en derecho para permitir que la Comisión Gestora continúe su tarea y la RFEF pueda, cuanto antes, salir de la situación de interinidad que atraviesa”. Algunas fuentes señalan que también podría llegar, si fuera necesario, a vía de la justicia ordinaria. Muy al contrario de lo que espera Rocha, el presidente del CSD, José Manuel Uribes, ha sugerido esta mañana en su comparecencia en la comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, que va a proponer suspender temporalmente a Rocha –pendiente de proclamación oficial porque su candidatura ha sido impugnada, tema que también está estudiando el TAD– hasta que haya una sanción definitiva del tribunal deportivo. Ahora Rocha deja claro que no piensa renunciar a ser presidente y dará batalla contra el CSD y sus decisiones si hace falta. En esta misma línea iba el comunicado que emitió el viernes pasado tras su imputación en el caso Rubiales, tras entrar al juzgado como testigo y salir como investigado. En esa ocasión, remarcó que le apoya el 75% de la asamblea en avales, que es el órgano legítimo para elegir presidente, y que iba a defenderse de acusaciones que consideraba injustas, para lo que había puesto el tema en manos de sus abogados. Si Uribes sigue con la idea que ha manifestado en el Congreso, a efectos prácticos supone que, una vez tomara posesión Rocha, el Gobierno podría apartarle del cargo, ya que la ley del Deporte prevé que ante faltas calificadas de “muy graves”, el CSD tiene potestad de apartar al presidente de una federación deportiva. Precisamente es lo que no ocurrió con Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso, ya que en aquella ocasión el TAD vio solo “falta grave”. En este caso, el tribunal deportivo considera –tras una denuncia de Miguel Galán, denunciante también del caso de corrupción de Rubiales y quien ha impugnado la candidatura de Rocha– que no debió tomar ciertas decisiones mientras fue presidente de la gestora de la RFEF, como la renovación de Luis De la Fuente, la retirada de la demanda contra La Liga o el cese del secretario general Andreu Camps. El TAD no entra a valorar la idoneidad de las medidas, sino que entiende que no cumplió, ni él ni la gestora, los estatutos de la Federación, que dejan claro en su artículo 31 que la única misión de la comisión gestora es convocar elecciones a presidente para agotar el mandato del dimitido Rubiales. Rocha ha estado siete meses en el cargo y ha gestionado cómo celebrar elecciones, además de ponerse el mismo salario de más de 600.000 euros que cobraba Rubiales. Defiende sus decisiones En el mismo comunicado, el posible presidente lamenta que se le acuse “de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones que, como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo de tiempo en el que ha estado a cargo de la gestora, actuando en todo momento con total y absoluta transparencia”. Pero no está solo en su indignación contra el TAD, la posible inhabilitación y en su plan de seguir adelante. La Federación de Fútbol, gobernada por la misma gestora que ha sido expedientada, ha pasado de la neutralidad a la defensa de los mismos argumentos de Rocha y ha descalificado la resolución del TAD señalando como “absolutamente incomprensible en derecho que el TAD aduzca como una infracción muy grave la solicitud de personación de la RFEF como acusación particular ante un caso de presunta corrupción, en el que esta institución estaría afectada”, además de defender que “la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias”. También achaca al presidente del CSD, el dimitido Víctor Francos, las decisiones electorales que se tomaron y anuncia que acudirá a la justicia: “Miembros de la comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas”. En este punto, quién liderará o por cuánto tiempo la RFEF es un misterio. El CSD ha hecho varias menciones a la FIFA y a sus “conversaciones constantes” con el organismo internacional del que depende la Federación, organismo que de momento no se ha pronunciado sobre si va a intervenir. Ante la negativa de Rocha de dimitir o renunciar al cargo para el que ha sido avalado y cuya proclamación estaba prevista para este pasado lunes, el proceso se enreda en tiempos, resoluciones e impugnaciones que hacen correr el reloj hacia eventos internacionales sin que haya un líder del fútbol español para gestionarlos y con la Federación y el Gobierno en situación de máxima tensión.

El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, preside desde este martes la Cámara de Cuentas regional. Así lo han decidido los nuevos consejeros del órgano fiscalizador tras tomar posesión, según informa 'Abc'. Leguina fue aupado al cargo directamente por la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ya que recibió únicamente los votos del PP en la Asamblea. El partido de Ayuso controla la mayoría de la Cámara de Cuentas, por lo que la elección de Leguina como presidente no podía hacerse sin su concurso.

El Gobierno sigue los pasos de los socialistas vascos y no escatima críticas al candidato de EH Bildu por no atreverse a calificar como terrorismo la violencia de ETA. “no reconocer que ETA fue una banda terrorista no es solo que sea absolutamente cobarde, sino que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas y hacia la sociedad vasca y española en su conjunto”, ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría. Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha llegado a señalar que no calificar a ETA como banda terrorista es directamente una postura “negacionista incompatible con la historia y con la democracia, que fue quien acabó con el terrorismo de ETA”, ha dicho. El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, optó por no calificar a ETA de organización terrorista. “ETA fue un grupo armado. Afortunadamente ETA no existe y a partir de aquí podemos construir el futuro y la memoria de una forma mucho más compartida y con respeto a todas las víctimas”, respondió tras ser preguntado en diversas ocasiones en una entrevista concedida a la Cadena SER. En precampaña, Otxandiano dijo que ETA se había producido en un “ciclo político que afortunadamente se ha dejado atrás”. Este lunes, preguntado por ello por Aimar Bretos en varias ocasiones, el candidato a lehendakari de la coalición abertzale evitó calificarla como “organización terrorista”. “Hoy, felizmente, ETA no existe en el 2024 y estamos mucho mejor como sociedad y como país y tenemos una posición muy adecuada y muy buena para abordar el ejercicio de una memoria plural y colectiva y reconocer a todas las víctimas y construir una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos”, dijo ante los micrófonos.

 La campaña de las elecciones vascas se adentra en su recta final en una jornada en que todos los candidatos a lehendakari se verán las caras por primera vez en un debate en castellano en la ETB. También visita hoy Euskadi la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy publicamos nuestra encuesta electoral: el PP ganaría las elecciones generales si se celebrasen ahora con un margen de cinco puntos sobre el PSOE, a pesar de que ha reducido dos puntos su ventaja. La caída de Sumar les devuelve al cuarto puesto y deja la tercera posición a Vox, que sube casi un punto. Todos los datos. Además, en el Consejo de Ministros se aborda la implantación a los recién nacidos de una nueva prueba del talón que amplíe las enfermedades congénitas detectables por este método de cribado.

La salida definitiva de Didier Reynders de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto las dos velocidades con las que PSOE y PP abordan las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018 por el rechazo de los populares a llegar a un acuerdo. El papel del comisario de Justicia lo ha asumido la vicepresidenta Věra Jourová. El Ejecutivo comunitario se ha mostrado “disponible” para seguir mediando en el “diálogo estructurado” entre las partes. Y mientras los socialistas apremian a cerrar ya el acuerdo, en el PP echan el freno y piden “más negociación”, mientras el Poder Judicial hace aguas. El paso al lado del comisario para optar a liderar el Consejo de Europa era algo que se daba por hecho cuando Alberto Núñez Feijóo planteó a Pedro Sánchez su mediación para intentar desbloquear el CGPJ, que va camino de seis años de mandato caducado. El presidente del Gobierno aceptó de inmediato, y la Comisión planteó un plazo de dos meses, en principio improrrogable.  Pero los dos fueron insuficientes. Tres reuniones en Bruselas y una en Estrasburgo no permitieron cerrar un acuerdo. Tras cada reunión, el PP rebajaba las expectativas sobre un posible acuerdo, mientras el PSOE se mostraba más optimista. Concluido el plazo y con Reynders ya de salida, la Comisión optó por prorrogar un mes más la presencia del político belga en el Colegio de Comisarios. Una semana antes de concluir este plazo extra, Reynders ha tirado definitivamente la toalla. “No ha cambiado nada por parte del PP y seguimos comprometidos con esas conversaciones, independientemente de quien sea la persona que participe por parte de la UE”, dijo este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, preguntado al respecto. “No nos preocupa que el señor Reynders no vaya a continuar en ese papel porque estamos convencidos que habrá otro que lo ocupe. Lo importante es seguir avanzando y seguir profundizando” en las negociaciones, añadió. En el PP mantienen una posición de máximos: la negociación del CGPJ debe ir pareja a una serie de reformas legales e institucionales que van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, e incluso del Poder Judicial y que afecta, por ejemplo, al Tribunal Constitucional.  Que el CGPJ esté en funciones desde hace casi seis años no parece importar a los de Feijóo. “Ya llevamos bastante retraso”, ironizaba el pasado mes de febrero un destacado dirigente del PP. Este lunes, en Génova se esforzaron por señalar a Reynders como responsable de que las partes no se hayan reunido una sola vez desde el pasado 13 de marzo. Presión del PSOE Desde el PSOE redoblan la presión para cerrar el acuerdo en abril. En la sede de la calle de Ferraz de Madrid sostienen que las negociaciones ya están en su “recta final” y que, por tanto, no esperan otra cosa que no sea un acuerdo inmediato. “Esperamos cerrar un acuerdo muy pronto que ponga fin a esta crisis y atienda al clamor nacional y europeo por la renovación y la recuperación del prestigio y la normalidad institucional en nuestro CGPJ”, apremian desde la dirección de los socialistas. En el propio equipo del presidente Sánchez prefieren desechar la hipótesis de que el bloqueo del PP trascienda a la mediación internacional de Bruselas, un requisito que recuerdan que fue Feijóo quien lo puso sobre la mesa. “No hay excusas o dilaciones posibles: estamos negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP”, apuntan. E incluso señalan que la persistencia del bloqueo más allá de los plazos apalabrados supondría “un antes y un después definitivo” en la relación con la oposición.  El mensaje desde el Gobierno es, de hecho, que el acuerdo debe llegar durante el mes de abril de manera improrrogable, tal y como advirtió en público el propio Pedro Sánchez. Pese a las elecciones vascas, catalanas y europeas, y del paso al lado del comisario Reynders, los socialistas creen que cualquier retraso no sería más que “otra excusa” del PP para obviar “el cumplimiento de la Constitución”. En el PP se aferran a la salida de Reynders para descartar un pacto inminente, pese a que siempre han sostenido que solo faltaba por acordar “una palabra”. La mediación europea ha sobrepasado ya el límite inicial, pero el comisario fue optimista al considerar que el acuerdo estaba “cerca”. De ahí que pretendiera extender el “diálogo estructurado” al menos el tiempo que le quedaba en el cargo [estaba previsto que lo abandonara el 25 de abril, pero las exigencias de la campaña para la secretaría general le han obligado a adelantar su marcha] y que convocara la última reunión en Madrid.  Esa cita, prevista para el 27 de marzo, no llegó a celebrarse por las pegas que puso el PP. El comisario de Justicia decidió entonces dejar la pelota sobre el tejado de ambos partidos para que le dieran una “señal” sobre su voluntad de llegar a un acuerdo que él veía factible de alcanzar. Reynders asumió que se necesitaba más tiempo, pero la señal nunca llegó. Y así toma el testigo la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová , que por el momento no da pistas de si volverá a citar a los interlocutores, Félix Bolaños y Esteban González Pons, o dará el margen que había deslizado el político belga. Lo que sostienen en la Comisión Europea es que el proceso sigue su curso y que permanecen “disponibles”. El Poder Judicial, empantanado El estado de degradación en el que se encuentra el CGPJ tras más de cinco años de bloqueo se incrementará el próximo verano cuando, salvo acuerdo entre las partes, el órgano quedará de nuevo descabezado. El actual presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, verbalizó la semana pasada ante el núcleo duro de la institución que renunciará al cargo el próximo julio. Entonces, los vocales se verán obligados a elegir al tercer presidente “por sustitución” en menos de dos años, tras la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022 ante el bloqueo a la renovación.  Las fuentes consultadas consideran que la decisión de Guilarte es irreversible. Y la vinculan, en parte, a la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales, que arrastran el desgaste de cinco años de interinidad. Además, en los últimos meses se han acumulado hasta media docena de renuncias de cargos del primer nivel de los órganos técnicos. La dimisión de Guilarte puede anticipar nuevas salidas, aunque las fuentes consultadas descartan una retirada en bloque que pueda dejar al órgano sin quórum, lo que abriría un escenario inédito pero que nadie se plantea por el momento.  Si el bloqueo persiste, después del verano el CGPJ se acercará a los seis años de mandato prorrogado con los vocales elegidos hace más de una década cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Si no hay más renuncias, la distribución de fuerzas seguirá siendo favorable a la derecha, con nueve consejeros conservadores y seis progresistas.

El PP ganaría las elecciones generales si se celebrasen ahora con un margen de cinco puntos sobre el PSOE, a pesar de que en enero tocó techo y en los dos últimos meses ha sufrido ligeras caídas. Los socialistas han logrado una mínima recuperación de sus expectativas electorales en las últimas semanas, pero están aún muy lejos de poder disputar la victoria en los comicios al partido de Alberto Núñez Feijóo. Por detrás, la caída de Sumar devuelve a la coalición otra vez al cuarto puesto y deja la tercera posición a Vox, que sube casi un punto. La encuesta de Simple Lógica de abril para elDiario.es, la última antes de que comience el ciclo electoral de primavera, deja buenas noticias para el PP, pero también algún aviso. Los populares afrontan el carrusel de elecciones –Euskadi este domingo, Catalunya el 12 de mayo y las europeas el 9 de junio– con la esperanza de obtener un impulso definitivo. Las buenas noticias para el PP son que ganaría las elecciones con una ventaja de cinco puntos. Lo haría, además, mejorando sus resultados del 23 de julio: ahora logra un 35,7% de los votos frente al 33,1% de las generales. La suma con sus aliados de Vox deja a la derecha con el 47,4% de los votos: no es su mejor dato, pero su victoria en votos frente a la izquierda sería clara. La encuesta de abril también deja un par de avisos para el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo, pese a que ganarían con un amplio margen, han visto menguar el colchón que tenían sobre los socialistas: ahora es de cinco puntos, pero llegó a ser de siete. Es más, desde enero, los populares no han conseguido sumar una décima de estimación de voto y en los dos últimos meses han experimentado leves caídas. El impulso del rechazo a la amnistía llevó al partido a sumar cinco puntos en apenas cuatro meses, pero no han logrado seguir creciendo. Según la encuesta, la campaña sobre el caso Koldo que estalló en febrero y sobre la que el PP ha erigido su oposición en las últimas semanas no ha tenido efectos positivos en sus aspiraciones electorales. Más bien al contrario. El PSOE ha logrado, en estos dos meses, recuperarse ligeramente. Los socialistas habían perdido algo más de tres puntos durante las negociaciones de la amnistía, pero tras su aprobación y, pese al estallido del caso Koldo, han pasado del 29,4% de enero al 30,5% de este mes. Eso sí, esos números les sitúan todavía por debajo de sus resultados del pasado 23 de julio (31,7%) y muy lejos de poder disputar la victoria al PP. Además, los socialistas tienen una mala noticia fuera de los resultados de estimaciones de voto. Pedro Sánchez asumió en primera persona la campaña del 23J con un despliegue en todo tipo de medios y formatos, así como con un duro discurso frente a la derecha que impulsó su popularidad y permitió al PSOE obtener un resultado que les sirvió para seguir gobernando. Hoy esa popularidad, que alcanzó el 47% tras las generales, se ha desplomado: aunque se mantiene como el líder político con mejor nota, Sánchez se ha dejado más de 20 puntos en los últimos meses. Vox recupera el tercer puesto En la pelea por el tercer puesto vuelve a imponerse Vox. El partido de extrema derecha había sufrido una caída de más de un punto en marzo de la que ahora se recupera: obtendría el 11,7% de los votos, a solo tres décimas de sus resultados del 23 de julio. Aunque está lejos de sus mejores proyecciones, Vox ha logrado capitalizar buena parte del rechazo a la amnistía, suficiente como para no sufrir con la subida del PP, su contrincante en el mismo espacio electoral. Sumar cae esta semana tras un par de meses de ligeros ascensos. La coalición supera ahora la barrera psicológica del 10% por solo cuatro décimas, en parte por la escisión de Podemos, pero también por una caída de apoyos. Como le pasa al PSOE con Sánchez, la popularidad de Yolanda Díaz trae malas noticias a Sumar: de haber alcanzado el 47% tras las elecciones generales, ahora no pasa del 33% tras meses de continuas caídas. Por su parte, Podemos se queda con el 1,5% de los votos. Desde que sus resultados se estiman por separado tras la ruptura con Sumar, el partido de Ione Belarra ha cedido casi un punto, la mitad en el último mes, según Simple Lógica. Con esos resultados, la izquierda se queda con el 42,4% de los votos totales, frente al 47,4% de la derecha. La fidelidad de de los votantes vuelve a dejar un mes más al PP como el partido que mejor retiene a su electorado. El 77,8% cogería de nuevo su papeleta y solo el 4,3% se iría a Vox. Los de Santiago Abascal también superan el 70% en fidelidad, aunque pierden un 14,3% hacia el PP. En la izquierda, el PSOE mantiene al 67,2% de su electorado y es el partido que más votantes pierde hacia la abstención o la indecisión: uno de cada cinco. Sus fugas hacia otros partidos son a Sumar (5,6%) y al PP (2,7%). Por su parte, Sumar solo retiene al 56,1% de sus electores, pierde el 14,4% al PSOE y el resto hacia otros partidos (12,6% para un bloque en el que figura Podemos y diversos partidos nacionalistas e independentistas) o a la abstención. Sánchez y Díaz caen en popularidad Aunque se mantiene como el líder estatal mejor valorado, Pedro Sánchez vuelve a caer este mes. El presidente del Gobierno ha pasado del 35,3% de marzo al 33,8% de abril, muy lejos de sus mejores datos. En la misma situación se encuentra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pasa del 34,2% al 32,7%, también alejada de sus mejores números. De hecho, ambos han llevado una evolución parecida en los últimos meses. Por debajo, Feijóo se recupera ligeramente (del 24,5% al 26,1%) tras haber encadenado una serie de caídas consecutivas desde noviembre de 2023, cuando el rechazo a la amnistía le elevó al 30%. Por último, el líder de Vox, Santiago Abascal, no rentabiliza la subida de su partido y su valoración cae al 13,5%, su mínimo en la serie histórica.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha fallado que Pedro Rocha, hasta hace una semana presidente de la comisión gestora de la Federación de Fútbol tras la dimisión de Rubiales, tomó decisiones para las que no era competente ya que, según el artículo 31.8 de los estatutos de la Federación, su misión era simplemente convocar elecciones para elegir un presidente que acabara el mandato del dimitido Rubiales. Rocha ha estado siete meses en el cargo, ha convocado a la asamblea, ha cesado a directivos y se ha puesto 600.000 euros de sueldo. También pretendió convocar dos elecciones y ahora el TAD considera que ha cometido una “falta muy grave”, después de que le llegara una denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), denunciando la situación. Galán es también el denunciante del caso de corrupción que afecta a Rubiales y a varias personas de la Federación y que se investiga en los juzgados de Majadahonda. De hecho, la decisión del TAD se produce días después de que la jueza instructora de ese caso haya imputado al propio Rocha, que acudió este viernes por la mañana a declarar como testigo. Después de estar más de media hora contestando al fiscal con evasivas, se paró el interrogatorio y se le ha informó de que pasaba a ser investigado, por lo cual deberá volver a declarar, ahora ya con abogado. Rocha, que la pasada medianoche del jueves resultó ser el único candidato con los avales necesarios para presentarse a presidir la RFEF hasta septiembre –cuando se deberá elegir una nueva asamblea que elegirá un nuevo presidente– podría ser inhabilitado cuando tomara posesión del cargo, ya que la Ley del Deporte da esta opción al Consejo Superior de Deportes (CSD) en casos de “falta muy grave”, como es el caso de la resolución que ha emitido el TAD. El CSD declaró el viernes a preguntas de elDiario.es que la imputación judicial “agrava la crisis y el presidente del CSD, por iniciativa propia, se ha puesto en contacto con la FIFA de manera inmediata”, lo que hace presumir que su idoneidad para dirigir el destino del fútbol español está en entredicho y que el organismo gubernamental se inclinaría por que tome los mandos la FIFA. La falta muy grave agudiza aún más la inquietud del CSD, que podría inclinarse a la suspensión de Rocha. Ahora se abren varios escenarios, porque para poder inhabilitar o suspender a un presidente este ha debido tomar posesión del cargo, algo que no ha sucedido aún, ya que la Federación está gobernada ahora por una gestora temporal a cargo de Rafael del Amo tras dimitir Rocha para poder ser candidato. Podría ser que el delfín de Rubiales quisiera seguir con su plan de ser presidente, tal y como se deduce del comunicado que envió tras su imputación, en el que defendía su inocencia y apelaba al apoyo del 75% de la Asamblea para ser candidato a presidente, pero el CSD podría inhabilitarlo cuando eso suceda. La RFEF quedaría sin rumbo claro, y con la posibilidad de que sea la FIFA quien intervenga y lleve el mando hasta la celebración de elecciones, o que se celebren otros comicios. Si Rocha estuviera dispuesto a pactar una salida, tomaría posesión del cargo –no sería antes del 26 de abril puesto que su candidatura ha sido impugnada por Galán– y dimitiría acto seguido, convocando una nueva comisión gestora que dirigiera el rumbo de la RFEF hasta que hubiera presidente. Además de esta cita electoral, la Federación tiene pendiente renovar la asamblea general (actualmente es la de los aplausos a Rubiales), que a su vez debe elegir de nuevo presidente, ya que la convocatoria actual es para un presidente que simplemente acabe el mando de Rubiales. Desde la Federación no se han hecho declaraciones de momento aunque en la tarde del viernes restaban importancia a la imputación judicial diciendo que no iban a tomar ninguna medida y que se trata de “un cambio de situación procesal de un candidato”.

El Congreso rechazará este martes el conflicto de atribuciones con el PP, a través de su mayoría absoluta en el Senado, había intentado paralizar la tramitación de la ley de amnistía. Un informe de los letrados que aprobará el órgano de gobierno de la Cámara Baja este martes rechaza ese conflicto, habla de “injerencia” por parte de la otra cámara parlamentaria y le insta a que siga adelante con la tramitación de la ley. El mes pasado, el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para abrir un inédito conflicto con el Congreso a cuenta de la ley de amnistía y como paso previo de recurrir ante el Tribunal Constitucional la simple tramitación de la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo aducía que la mera tramitación de la ley de amnistía era de por sí fraudulenta y que por tanto el Senado no podía tramitarla. Ahora el informe del Congreso, que aprobará este martes la mayoría progresista de la Mesa, habla de una “injerencia” por parte del Senado y critica que la función de la Cámara Alta no puede atribuirse funciones “fiscalizadoras” sobre el cumplimiento del reglamento parlamentario que en todo caso corresponden al Tribunal Constitucional. “Estas alegaciones implican una clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria”, reza el texto que ha avanzado El País y al que ha tenido acceso elDiario.es. “Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara en defensa de sus atribuciones constitucionales inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, había avanzado hace un mes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Un movimiento inédito que concretó después el Senado y que se produjo después de la redacción de dos dictámenes de la letrada mayor esa cámara, Sara Siera, y de los letrados, quienes consideraron que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, pese a lo que dan vía libre a su tramitación, sino que es “una reforma encubierta de la Constitución” por lo que el Congreso habría incurrido en una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”. El Congreso tenía hasta el 11 de mayo para responder a la cuestión que le planteaba el Senado, aunque ha decidido acelerar lo máximo posible los plazos. El Partido Popular queda ahora abocado a recurrir al Tribunal Constitucional si quiere proseguir en su empeño de paralizar la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés independentista que aprobó la Cámara Baja hace justo un mes. El plazo para que la Cámara Alta devuelva la norma al Congreso (ya sea vetada o enmendada) es de dos meses desde su aprobación el 15 de marzo. Posteriormente, si la ley sigue su curso, cabrán otros recursos que tengan en cuenta el fondo de la ley, bien ante el propio Constitucional bien ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que el Partido Popular buscaba la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general, por ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Los jueces explican que la anulación de ese nombramiento el pasado mes de noviembre no implica que el fiscal general cometiera un delito de prevaricación, destacando que ni siquiera tomó decisiones a lo largo de ese proceso más allá de proponer el nombramiento. Delgado, recuerda la Sala de lo Penal del Supremo, cumplía los requisitos formales para acceder al puesto de fiscal togada. Los jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo anularon el ascenso de Delgado a fiscal togada de lo militar. Una sentencia en la que los magistrados entendieron que existió desviación de poder ya que Álvaro García Ortiz fue explícito al señalar que el objetivo no era cubrir la plaza sino dar el ascenso a su predecesora, al entender que debía ser así en todos los casos. “La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, dijo el Supremo en noviembre. El Partido Popular decidió aprovechar esa sentencia para abrir la vía penal contra el fiscal general, presentando una querella por prevaricación y nombramiento ilegal. Una querella que acaba de ser inadmitida por el Tribunal Supremo: la nulidad del nombramiento no implica que fuera un delito, explica la sala presidida por Manuel Marchena, y García Ortiz ni siquiera firmó las resoluciones que terminaron por ser declaradas irregulares. El fiscal general, explica el Supremo al PP, hizo la propuesta de nombramiento pero “carecía de poder decisorio sobre el nombramiento dado que dicha atribución correspondía al Consejo de Ministros”. Tampoco delinquió porque la sala de lo contencioso-administrativo apreciara “desviación de poder” en la propuesta de nombramiento. “No cabe trasladar de forma automática la desviación de poder apreciada en sede contencioso-administrativa al ámbito penal del delito de prevaricación”, afirma. Tampoco hubo un ilícito de nombramiento ilegal. Dolores Delgado, tal y como admite el propio PP en su querella, “reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente para la cobertura de la vacante”, ya que llevaba más de 20 años en la Fiscalía y “pertenecía a la segunda categoría”.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre intervino el domingo en un coloquio organizado por las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid en el que el tema principal de la conversación fue la memoria histórica. El evento tuvo lugar precisamente el 14 de abril, cuando se cumplían 93 años de la proclamación de la Segunda República, y en él Aguirre aseguró que el inicio de la Guerra Civil que se prolongó entre 1936 y 1939 fue consecuencia de que “el PSOE no aceptó la alternancia en el poder” y que “con la victoria de la derecha en las elecciones del 33, este realizara el golpe de Estado del 34, que llaman revolución de Asturias, pero que fue un golpe de Estado”. El acto, titulado “La II República, ¿algo que celebrar?”, tuvo lugar en la Nave de Terneras, próxima al río Manzanares de Madrid, y contó con las intervenciones tanto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como del portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez, así como del diputado autonómico, Pedro Corral y el presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa. El tema de discusión del evento y enfoque principal de los presentes fue culpabilizar al PSOE del “fracaso de la Segunda República” y la “responsabilidad del inicio de la Guerra Civil”. A la par, la organización asegura que este es un tema que “ha polarizado a España” y que, en la actualidad, “Pedro Sánchez no busca la unidad al promover la división”. Tras la intervención de la expresidenta madrileña el diputado en las Asamblea de Madrid, Pedro Corral, afirmaba que “Sánchez está copiando a Franco legislando sobre nuestro pasado” y Rafael Núñez respaldaba la postura añadiendo que “hasta que Zapatero aprueba la ley de Memoria Democrática solo los sistemas totalitarios se atrevían a legislar sobre el pasado”. Además de las consideraciones y valoraciones que realizaron los presentes, las Nuevas Generaciones culminaron el acto con un mensaje en redes: “Decimos no a las mentiras y los mantras de la izquierda sobre uno de los peores periodos de la historia de España”. El revisionismo que plantea el PP sobre lo acontecido en 1936 no es nuevo. En 2021, con la influencia de la extrema derecha empezando a hacer estragos en el discurso de los populares, el entonces líder de la formación, Pablo Casado, equiparaba la democracia de la república con el franquismo y prometía de que si en algún momento llegaba a la Moncloa “derogaría todas las leyes de Memoria Histórica”. Finalmente no lo pudo cumplir. El tiempo pasó y a la influencia del partido de Abascal en las argumentaciones se le añadieron algunas coaliciones autonómicas de ambos partidos en distintos territorios. En la actualidad, el Gobierno del Partido Popular y Vox de Castilla y León ha acordado la ley de Concordia. En ella se omite la dictadura y cuenta con el rechazo expreso a 11 asociaciones memorialistas. Ante esta situación, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, justificaba lo sucedido al asegurar que el Grupo Parlamentario no tiene por qué asumir la condena de la dictadura en la ley que ha pactado con su socio de extrema derecha. En definitiva, el coloquio organizado a orillas del Manzanares el pasado domingo por las Nuevas Generaciones es un nuevo episodio de los populares en el que lo acontecido durante la Segunda República y la Guerra Civil se distorsiona para poder arremeter contra sus rivales políticos en un intento de moldear el pasado. Antes era de forma argumental, ahora se adentra poco a poco en la legislación autonómica, como la de Castilla y León.

Semana importante para la izquierda, una más en los últimos meses. Izquierda Unida entra en la fase final del plazo que se impuso la dirección para lograr una candidatura de unidad para la asamblea federal, la decimotercera de la organización y la que elegirá al sustituto o sustituta del exministro Alberto Garzón. De momento hay tres precandidaturas: la ministra Sira Rego, el excoordinador andaluz Antonio Maíllo y Antonio García Rubio, que abandera al sector más crítico. La comisión preparatoria de la asamblea, el órgano encargado de pilotar el partido hasta el congreso que se celebrará el 18 y 19 de mayo, estableció hace un mes la semana del 15 de abril para llegar a un acuerdo en el seno de la dirección para una lista unitaria. Tras la salida de Garzón hace unos meses, las principales corrientes de la organización pactaron buscar un consenso amplio para que el relevo de liderazgos no partiese a Izquierda Unida por la mitad. Ante las dificultades en esa comisión para alcanzar un acuerdo, las partes aceptaron el límite de mediados de abril para llegar al consenso, aunque algunas fuentes de la federación sostienen que las fechas podrían terminar siendo flexibles. El plazo que es inamovible, según los documentos ya aprobados, es el 29 de abril: último día para que cualquier militante pueda presentar su candidatura a la coordinación federal.Las negociaciones estallaron hace justo un mes. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, anunció que se presentaba a la coordinación federal de IU, un rumor a voces desde hacía tiempo. El problema, para un sector de la organización, es que lo hizo en pleno proceso de primarias para elegir al candidato a las elecciones europeas. Esa parte de IU, encabezada por el Partido Comunista de España (PCE) y la federación andaluza, la mayoritaria, se alineó poco después con Maíllo, que anunció que lanzaría una precandidatura con el objetivo de articular un acuerdo de unidad dentro de la dirección. La primera consecuencia de ese movimiento fue que todas las partes volvieran a la mesa para seguir negociando la candidatura unitaria. Fuentes de las dos partes aseguraban en las últimas semanas que las conversaciones se habían encauzado aunque han trascendido pocos detalles de por dónde marchan las negociaciones. Un dirigente sostiene que hasta hace unos días el problema ni siquiera era todavía la lista de personas que integrarán esa dirección sino las diferencias sobre el "diagnóstico"de la organización y los "problemas políticos". En lo que coinciden diversas fuentes consultadas es en los problemas que provocaría una asamblea con dos listas que dividieran a la formación. "Aunque alguien gane con un 60% difícilmente podrá lidiar con ello al día siguiente", sostiene un dirigente que ve improbable pronosticar un resultado certero en una competición entre Rego y Maíllo. "Nosotros entendemos la política desde el debate, la síntesis política y el trabajo político a través de la confrontación de ideas y yo estoy convencida de que nos vamos a entender, porque conversar con él siempre es un placer a todos los niveles", dijo Rego sobre Maíllo hace apenas unos días en declaraciones a Canal Sur. Es menos probable que a esa candidatura de unidad se adhiera José Antonio García Rubio, que ya se presentó por fuera en la anterior asamblea, en 2021, con el objetivo de representar a la parte de IU crítica con las políticas de confluencia de Garzón. También se presentó en 2016 dentro de la lista que encabezó Paloma López y cerró de forma simbólica Cayo Lara. Cinco años después Rubio tomó el relevo y presentó una candidatura acompañada de un documento que tituló La Izquierda Necesaria. Obtuvo el 20% de los apoyos frente al ex coordinador federal.Rubio ve muy lejos el acuerdo para una candidatura de unidad, entre otros asuntos porque no hay acuerdo, dice, sobre varios puntos importantes, entre ellos la política de alianzas. El dirigente asegura que su equipo ya tienen cerrada una lista de 95 personas: cerrarán la lista de forma simbólica el ex coordinador federal de IU Cayo Lara y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.“Consideramos que, en las actuales circunstancias, lo más unitario es el acuerdo sobre la agenda de trabajo político de la nueva dirección y sobre su estructura. Sobre ello hemos presentado varias propuestas concretas en la Comisión Preparatoria de la Asamblea”, explica García Rubio, que sí ve posible llegar a un acuerdo después del congreso de mayo. Su candidatura, La izquierda Necesaria, publicó en Twitter esta semana algunas de esas propuestas: "Trabajar conjuntamente en la preparación de una Conferencia sobre Política de Alianzas y Frente Amplio; preparar unitariamente la propuesta política y organizativa a debatir en esa Conferencia; elaborar una ley municipal que incremente la autonomía financiera de las corporaciones locales y asegure mayores competencias a los Ayuntamientos para reforzar nuestro carácter municipalista; y comprometerse a ejercitar la autonomía [...] en aquellas medidas que no sean objeto de los acuerdos de Gobierno".La asamblea federal se producirá apenas semanas después de las negociaciones para la lista de las elecciones europeas que Sumar cerró con los partidos esta semana y en las que Izquierda Unida ha tenido que conformarse con un cuarto puesto. Tanto el resultado de esas negociaciones como la forma en la que se han desarrollado causaron un ostensible enfado en la dirección de la organización.La negociación de las europeas y la de la asamblea son vasos comunicantes. Porque junto a los nombres que salgan del congreso de mayo también se aprobará una nueva estrategia política que abordará la relación con Sumar en un momento en el que el proyecto de Yolanda Díaz está construyendo su articulación con los partidos políticos.Además de García Rubio, hay parte de las bases de Izquierda Unida que muestran desde hace tiempo su descontento con el papel que Sumar quiere otorgar a la federación dentro de su espacio. El descontento desborda el de las federaciones más críticas como ha sido tradicionalmente la de Madrid.Por eso el resultado de la negociación de las europeas puede influir en las posiciones que los diferentes candidatos puedan tomar a partir de ahora, después de que haya cundido entre los dirigentes la sensación de que se ha infrarrepresentado a IU en una lista en la que son la única formación estatal para una campaña en la que van a aportar tanto el dinero por subvenciones como el tiempo en espacios publicitarios y en debates.Varios dirigentes mostraron su descontento público con esas negociaciones. Incluso Rego retuiteó en su perfil de X un mensaje en el que se comparaban el papel de IU en Sumar con el de las mujeres para con los hombres en el "reparto de roles patriarcal". "Encargada de los cuidados, sin la cual nada funcionaría", pero que no recibe a cambio "más que desaires y desprecios". 

Ciudadanos se prepara para desaparecer del mapa y el PP y Vox lo saben. Ambas fuerzas pelearán en las próximas citas con las urnas por quedarse con los escasos votantes que le queden al partido que fundó en Catalunya Albert Rivera, y que después de renegar de sus siglas para hacerse llamar "liberal", acaba de recuperarlas en un último intentó de reivindicar su pasado. En esa autonomía el líder de la formación, Carlos Carrizosa, ha decidido volver a presentarse como candidato a la Generalitat después del fracaso de las negociaciones con los de Feijóo para ir juntos en una sola candidatura. En Euskadi, aunque las tres derechas siguen siendo irrelevantes, la decisión de la desmembrada dirección de Ciudadanos de no concurrir a la cita del 21 de abril abre también posibilidades a PP y Vox para repartirse el minúsculo hueco que hipotéticamente deja allí la formación, que jamás logró representación yendo en solitario. No obstante, el principal foco de la disputa va a estar en las elecciones catalanas del 12 de mayo que es donde Ciudadanos nació en 2006 y creció bajo el liderazgo de Rivera hasta lograr en 2017 toda una gesta: ser la primera fuerza política. Lo consiguieron con Inés Arrimadas como candidata, que obtuvo 36 escaños, 11 más que en las anteriores elecciones celebradas en 2015, en las que la jerezana ya había alcanzado otra cifra mágica, 25 diputados frente a los 9 dejados por el líder de la formación antes de dar el salto a la política nacional. Han pasado ocho años y de aquella herencia de 2017 ya no queda nada o casi nada. En la actualidad Ciudadanos conserva seis actas en el Parlament -cinco por Barcelona y una por Tarragona– logradas en 2021 por Carrizosa, que retuvo tan solo 155.687 votos (5,56%) del 1.109.732 (25,35%) conseguido en aquellas históricas elecciones. Ahora, en la nueva cita autonómica, todas las encuestas les dejan fuera del Parlament.Ante este panorama y tras el fracaso de las negociaciones para ir juntos en la misma papeleta, en el PP creen que ese legado puede terminar yéndose a la candidatura que lidera Alejando Fernández, un dirigente con un discurso muy radical y beligerante con los nacionalistas. Es precisamente lo que no querían en Génova, ya que Feijóo no tiene intención de dinamitar puentes con el independentismo por si los necesita en el futuro. Aunque tanto en Génova como en Bambú, sedes del PP y Vox respectivamente, consideran amortizado y en tiempo de descuento a Ciudadanos –que renunció a presentarse a las generales de 23J–, les contraría el hecho de que Carrizosa haya decidido volver a intentarlo dado que los votos que coseche no servirán para nada. "Dice que tiene encuestas internas que le dan representación, pero no es verdad. Además, se ha encontrado con serias dificultades para completar su candidatura. Lo único que va a conseguir es hacer el ridículo", vaticinan fuentes críticas de su partido. Carrizosa, pese a todo, ha decidido dar la batalla.En el PP tampoco querían un incendio interno y tras muchas dudas, tiras y aflojas, Feijóo cedió y ha dejado que Alejandro Fernández también repita como candidato. Para controlarle ha colocado como número dos de la lista a uno de sus hombres de confianza, Manuel Reyes, y como directora de campaña a la exministra de Sanidad y eurodiputada Dolors Monserrat, que era su preferida para liderar la lista a la Generalitat. El pasado martes Monserrat presentaba el lema de precampaña, 'Queremos una Cataluña de Primera', en un acto al que no pudo asistir el Fernández al estar en Madrid. Según adelantó los mensajes que quieren trasmitir están centrados en los "problemas reales de la gente", como "la economía, la sequía, la seguridad y los servicios sociales". Eso, sin dejar a un lado las criticas a nacionalista e independentistas y sin olvidar a Sánchez y al candidato del PSC, Salvador Illa, del que se encargará Fernández, que ya está alertando de que si lograra gobernar abría la puerta a un "referéndum de autodeterminación".Pese a todas esas vicisitudes, en el PP desbordan optimismo y aspiran a superar el 12M la quincena de escaños, lo que supondría un subidón electoral importante ya que ahora solo cuentan con tres asientos en el Parlament. Y ese ascenso están convencidos de que será gracias al antiguo votante de Ciudadanos y a muchos abstencionistas a los que esperan movilizar. Fuentes de Ciudadanos críticas con Carrizaso ven muy factible que los de Feijóo crezcan a su costa: "En 2017 conseguimos aglutinar los votos descontentos del PSC y de un PP en decadencia, en unas circunstancias políticas muy concretas pero nuestro electorado no nos ha perdonado la espantada que dio Inés [Arrimadas] para irse a Madrid. Se sintió defraudado por un partido que les dejó abandonados. Esos votos fueron prestados y ya no van a volver", opinan.En Vox también creen posible atraer a esos votantes "huérfanos" de Ciudadanos. Pero las encuestas apuntan a que la candidatura que lidera de nuevo Ignacio Garriga, que ha dejado la portavocía del partido para dedicarse de lleno a la campaña, retrocederá en apoyos el 12M en Catalunya. En 2021 la extrema derecha irrumpió por primera vez en el Parlament, desbancando a Ciudadanos y PP con 11 diputados –siete por Barcelona, dos por Tarragona, uno por Girona y otro por Lleida–. Fue la cuarta fuerza política logrando 214.735 votos (7,67%) y superando incluso los nueve escaños de la CUP. El partido de Abascal no se andará con medias tintas, como reprochan al PP, y centrará buena parte de sus mensajes en atacar con fierez al PSC y a sus "socios" de Junts y a ERC, alertando de un nuevo procés y de la celebración de un referéndum de autodeterminación tras la concesión de la amnistía. Uno de los fichajes que ha hecho Garriga con la idea de captar el voto joven del "constitucionalismo catalán" es el de Julia Calvet, expresidenta del movimiento ¡S’ha Acabat!, que va como número seis por Barcelona. Este colectivo juvenil liderado por Andrea Llopart, que dice combartir contra "las imposiciónes nacionalistas" y quiere "defender la libertad", está estos días haciendo una ronde de entrevistas con todos los partidos de la derecha y ultraderecha para mostrarles su apoyo en las próximas elecciones tanto catalanas como vascas. La semana pasada se reunieron con Miguel Tellado y otros dirigentes del PP, y la anterior con Pepa Millán y Jose María Figaredo, de Vox. Los tres partidos han acudido a la presentación de su documental "El precio de la libertad". Pero, como es habitual, en lo que más está incidiendo Vox es en el discurso xenófobo de alertar sobre los supuestos peligros de la inmigración, que vincula al aumento de la delincuencia en los barrios y a potenciales actos terroristas por parte de células yihadistas asentadas en Catalunya. Garriga presentó la semana pasada su campaña basada en el eslogan "'Billete de vuelta’ para los ilegales", mientras Abascal cargaba en el Congreso contra Feijóo por el apoyo del PP a la tramitación de la ILP en la que se pide regularizar la situación a medio millón de migrantes de nuestro país. Los de Abascal han distribuido carteles advirtiendo a sus potenciales votantes de que si hay "delincuentes en su barrio" ellos les enviarán de inmediato a sus países de origen para que cumplan allí sus condenas, prometiéndoles reformar las leyes penales para "castigar más la reincidencia". "Nuestra casa común es España y, como nuestra casa particular, la queremos unida, fuerte, próspera y limpia", señaló Garriga, un mensaje del miedo a la inmigración que ya utilizó con éxito en Badalona Xavier García-Albiol, el dirigente del PP que ocupó el bastón de mando de ese municipio barcelonés entre 2011 y 2015 y entre 2020 y 2021 y ahora lo vuelve a ostentar. De momento, y dada la cercanía de los comicios vascos, Abascal se está volcando en ayudar a su candidata Amaia Martínez, la única diputada autonómica que tiene Vox por Álava. El mantenimiento de ese escaño, muy disputado por todos los partidos, podría depender de un puñado de votos. El líder de la extrema derecha no lo quieren perder y cerrará el próximo viernes 19 la campaña en Vitoria. El PP tampoco tiene mucho predicamento en Euskadi pero lleva ventaja a Vox. Allí los de Feijóo se estrenan con Javier de Andrés como candidato a lehendakari, que busca revertir la tendencia a la baja que el partido ha ido sufriendo en las sucesivas elecciones: en 2001, llegó a tener un apoyo del 23,93% que paulatinamente fue perdiendo hasta situarse en el 10,11% en 2016. En las últimas elecciones de 2020 se presentó junto con Ciudadanos, que nunca había logrado representación en Euskadi. La fórmula no funcionó pero benefició a los de Arrimadas. De los seis escaños que obtuvo la coalición cuatro fueron al PP y dos Ciudadanos, consiguiendo un 6,77% de apoyo. Tres de aquellas seis actas las lograron por Álava a pesar de que Pablo Casado decidió cargarse entonces a Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria –que dimitió como presidente del partido en Euskadi– y colocó a Carlos Iturgáiz como aspirante a lehendakari. Aquel pacto con Ciudadanos duró poco, ya que a mitad de legislatura Luis Gordillo, uno de los diputados electos de esa formación, anunció que se marchaba al PP, mientras su compañero, Jose Manuel Gil, acabó en el Grupo Mixto junto a Vox,