Las familias que van a la escuela concertada abonan entre 947 y 1.186 millones de euros al año a sus colegios en cuotas. De media, estas familias pagan de 680 a 860 euros por curso (en función de la definición de cuota elegida, por ejemplo si incluye el comedor o no), según el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol y en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del INE. Estas cifras ocultan matices importantes, según los autores del estudio, en un mercado que es cualquier cosa menos monolítico. El primero, que no todo el alumnado de los centros privados sostenidos con fondos públicos paga una cuota mensual, aunque sí casi todos: entre el 81% y un 95% lo hace, en función de la etapa educativa. Otro detalle es que no todos los colegios tienen la misma motivación a la hora de exigir estos abonos. Dejando fuera al 30% que no cobra cuotas, Esade sostiene que entre los que lo hacen, hay casos en que es por mera supervivencia (un 25%, según el informe), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%). En cualquiera de los tres casos, una realidad es incuestionable en este tipo de centro: “El nivel socioeconómico medio del alumnado que accede a la escuela concertada es mayor que el que accede a la pública: esto es un fenómeno que se da en todas las comunidades”, sostiene el informe, haciéndose eco de investigaciones anteriores. Y lo hace pese a que el sistema de acceso debería ser el mismo que el de la red pública y que el cobro de cuotas es, en teoría, ilegal porque la escuela concertada se considera parte del sistema público y debe ser gratuita. “Los centros deberían ser gratuitos por ley, por lo que formalmente cualquier cuota es ilegal”, concede Xavier Bonal, uno de los autores del estudio. Pero para él el problema está en otro sitio. “Todo el mundo asume que la infrafinanciación justifica la cuota, pero hay que considerar que solo una parte de esos 950-1.100 millones de euros podría estar justificada por infrafinanción, otra no. Entonces ya hablamos de un problema de desigualdad”, razona. Grosso modo, cuanto más grande es un colegio concertado, más probabilidades hay de que pida una cuota (no tan) voluntaria a las familias. Y de que este pago mensual sea más alto. También existe una relación entre la situación económica de las familias y la cantidad que abonan: cuanto más acomodadas, más dinero pagan cada mes. Además, pagan cifras más altas las familias catalanas (1.696 euros anuales de media) que las madrileñas (1.156) o vascas (959). Si se suman a estas las valencianas (597 euros al año) y andaluzas (453) se explica el 70% de los pagos a la escuela concertada en toda España. Sin incentivos para cambiar el modelo Lucas Gortázar, Ángel Martínez y Xavier Bonal, autores del informe, explican que es buen un momento para que España tenga un debate público sobre la escuela concertada, porque la caída de la natalidad ofrece la posibilidad de reconfigurar el sector pese a que intrínsecamente tiene “pocos alicientes” para hacerlo por sí mismo. “El sistema actual ha llegado a un equilibrio muy estable, donde los incentivos para cambiar la situación son escasos para la mayoría de los actores implicados: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público de las administraciones educativas (entre otras cosas, por sus menores costes salariales por alumno y porque son centros más grandes), facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector concertado”, sostienen. Un sector en el que los casi mil millones que aportan las familias cada año suponen algo más de uno de cada diez euros de la financiación total del curso (las administraciones transfirieron 7.482 millones de euros a las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos en 2022, según datos del Ministerio de Educación). Pero el coste no es homogéneo ni por etapa ni por centro ni siquiera dentro de una misma comunidad, según el informe de EsadeEcPol. Así, como se puede observar en el siguiente gráfico, la cuota media oscila –dependiendo de que se incluya el pago del comedor o no– entre 670 y 853 euros en el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), entre 679 y 863 euros por curso en Primaria y se reduce a entre 568 y 684 euros en la ESO. Respecto a quién paga, en ninguna etapa baja del 80%, aunque hay más prevalencia en Infantil (87%) que en las etapas posteriores (81% en Primaria, 80% en Secundaria obligatoria). Incluso entre los que pagan hay diferencias: un 13% de quien acude a la concertada no pone un solo euro y un 18% menos de 20 euros mensuales. Esto quiere decir que, de todos los que van a la concertada, hay una mitad (abriendo un poco el arco) que apenas aporta el 10% de todo lo que recaudan estos centros. Lo que a su vez significa, en consecuencia, que la inmensa mayoría de los pagos lo asume la otra mitad: en concreto, el 20% de las familias asume el 60% de los casi mil millones de euros que se dedican a este concepto cada año. Esto arroja una conclusión, en palabras del informe: “No hay una escuela concertada en relación con las barreras económicas de acceso: hay al menos dos o más tipos. En una, las barreras de entrada son totalmente abusivas y concentran más de la mitad de los pagos. En el otro espectro del sector apenas hay barreras de entrada y son escuelas que se acercan más al principio de gratuidad. En este grupo las familias o bien no pagan cuota o bien pagan precios muy bajos, de entre 10 y 20 euros por alumno al mes de media”. Este estudio de EsadeEcPol difiere del que realizan cada año la asociación de colegios privados Cicae y la federación de AMPAS de la escuela pública Ceapa en que este estudio es censal, a partir de los datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), ambas del INE, mientras que el de Cicae se realiza por la técnica del cliente misterioso (alguien llama al centro haciéndose pasar por un posible cliente para recabar información) e incluye una muestra limitada (y por tanto sesgada) de los colegios. Cuanto más grande, más cobra Estos datos llevan implícita otra consecuencia: la desigualdad en las cifras entre los que sí pagan. Si se divide al colectivo de familias en cinco grupos en función de sus ingresos (quintiles), se observa que la tendencia es ascendente: cuanto más acomodada, más cuota paga. Las familias del quintil 1, el que menos gasta, está en 317 euros al mes. En el quintil 5 llega a los 878 euros (sin incluir el comedor). Este último grupo, sostiene el informe, es el que paga gustosamente por diferenciarse una cuota que no le supone un gran esfuerzo. Otro factor que explica que un centro exija una cantidad mensual a sus familias o no es su estado financiero, que a su vez relaciona con el tamaño. Dentro de que en cada comunidad todos los colegios reciben el mismo módulo económico por grupo concertado (aunque este difiere entre autonomías porque el Gobierno central solo fija un mínimo, que los Ejecutivos regionales complementan), el factor diferencial inicial para que un colegio esté infra o sobre financiado es básicamente el número de alumnos que tenga. En general, explican los autores, cuanto más grande el centro, mejor situación económica tiene antes de las cuotas. Pero a la vez también es más habitual que pida un pago mensual y que sea más alto. “Es en estos centros donde se concentra un pago de cuotas más elevado y por razones no solo relacionadas con infrafinanciación”, sostiene Xavier Bonal. Los centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico El análisis del cobro de las cuotas en función de la economía del colegio arroja un gráfico en forma de U que descarta, sostiene el informe, que las cuotas se exijan siempre por razones financieras, como suele aducir el sector. “Si el único motivo para el cobro de cuotas fuera exclusivamente la infrafinanciación, sería esperable observar que tanto el porcentaje de centros que cobran como la cuota media caen a medida que se avanza en la distribución de financiación”, sostiene el documento. Pero no es el caso. Los peor financiados y los mejor financiados son los centros que más cobran, lo que sugiere en el caso de los primeros una necesidad económica, pero no en el de los segundos. “Es evidente”, analiza el informe, “que los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico”. Por comunidades también se observan diferencias, según EsadeEcPol. Según el desglose regional, Catalunya es la autonomía en la que más gente paga (99%) y donde más alta es la cuota (1.397 euros de media al año, contando solo a los que pagan). Madrid (90% y 898 euros) y Euskadi (92% y 929 euros) se mueven en magnitudes ligeramente inferiores. Después de estas tres hay un escalón hasta la Comunitat Valenciana (87% de pagadores, 372 euros) y Andalucía (un 52% y 427 euros de media). Propuestas de solución Por último, el informe realiza unas algunas propuestas que, en opinión de los autores, podrían ayudar a garantizar la gratuidad del sistema que exige la ley. “Mantener el statu quo actual reproduce una situación que vulnera el derecho a la educación y que puede motivar el cobro de cuotas tanto para compensar la infrafinanciación como para disponer de un mecanismo de distinción en la oferta o incluso lucrarse”, argumenta el informe. La primera medida es averiguar “el coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades” para conocer con detalle a cuánto asciende esa infrafinanciación que denuncian los centros privados concertados. En la misma línea es necesario conocer el coste de los servicios no concertados y las cuotas que cobran los centros que financian estos servicios con aportaciones familiares, con el fin de conocer cuáles de estos servicios podría considerarse justificado que el Estado cubriera y cuáles no. Además, EsadeEcPol propone “acabar con el sistema de conciertos plenos de los centros claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son elevadas y que se sitúan notablemente por encima de los gastos no concertados de su contabilidad. De acuerdo con las simulaciones realizadas, esto permitiría, además, redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector concertado”.

Las llaman “las dos almas” de la Iglesia española. Pero son más bien dos cuerpos que pugnan por imponerse y marcar el rumbo de la principal institución religiosa de España, y cuya guerra interna ha quedado en evidencia este martes frente a la aprobación por parte del Gobierno de un plan para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical. Un proyecto que necesita de la colaboración –y la financiación– de la Conferencia Episcopal (CEE) y que, teniendo en cuenta la sucesión de reacciones contradictorias que ha desatado, promete agitar –todavía más– la batalla entre moderados y ultraconservadores en la Casa de los Obispos. Fueron tres versiones distintas en apenas minutos: del negacionismo de la vieja guardia, todavía mayoritaria, a la voluntad de trabajo a tres bandas –víctimas, Estado e Iglesia– capitaneada por el actual vicepresidente de la CEE (y considerado el hombre del Papa en España), José Cobo, y respaldado por las congregaciones religiosas. “La Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, pero sugirió que esta actitud forma parte del pasado. “Entiendo que la Iglesia asumirá los costes” de las indemnizaciones para aquellos casos que ya han prescrito o que por alguna razón no pueden tener un reproche penal, señaló el ministro de la Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. Y remachó: “Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan”. El Defensor del Pueblo calculó, en un informe que le pidió el Congreso, que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas), y recogió expresamente el caso de 487 personas. En línea con el optimismo de Bolaños, el arzobispo de Madrid, José Cobo, aseguraba a preguntas de elDiario.es que la Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, asumiendo su “responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”. Es más: el vicepresidente de la CEE aseguraba que “en la última Plenaria” –la que eligió a la nueva cúpula episcopal, comandada por Luis Argüello y el propio Cobo– establecieron “una línea y un horizonte” sobre este tema. “Hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento”, explicaba Cobo. El gesto de presidente y vicepresidente de la CEE acercándose a las víctimas apostadas a la puerta de la sala de reuniones, hace ahora un mes y medio, sumado a la reunión que mantuvieron en Semana Santa, hacía confiar a las asociaciones de supervivientes de la pederastia clerical que, por fin, las cosas comenzaban a cambiar y que la Iglesia iba a tomar en serio las reivindicaciones de las víctimas. Vuelta a la casilla de salida Sin embargo, media hora más tarde, y en un comunicado sin firma (aunque posteriormente se envió un vídeo en el que el secretario general de la CEE, César García Magán, procede a su lectura), la Conferencia Episcopal arremetía con dureza contra el proyecto de Presidencia. El plan de Bolaños, en su opinión, “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. Así, pese a considerar que los cinco ejes del plan de reparación del Gobierno “coinciden, en buena parte” con lo que “la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales”, y aunque considera “valiosas” algunas de las medidas del proyecto, el comunicado oficial marca las distancias: “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, recalca la nota. Con estas palabras los obispos vuelven a la casilla de salida, cuando comentaron algo similar sobre el documento presentado por Ángel Gabilondo en octubre del año pasado. El entonces presidente de la CEE, Juan José Omella, declaraba en rueda de prensa que los obispos solo participarían de un hipotético fondo estatal de reparación si este incluía a todas las víctimas de abusos sexuales, no solo a las de la Iglesia. La tesis del sector conservador es que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan aborda únicamente una parte del problema. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones”. “Esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”, subraya la nota, que lejos de admitir –como habían hecho ante los supervivientes de abusos hace apenas unas semanas tanto Cobo como el nuevo presidente, Luis Argüello– los fallos de gestión del pasado, reivindica cómo “la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia”. “La Conferencia Episcopal ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”, finaliza la nota, haciendo referencia a la reunión que mantuvo la cúpula de los obispos con el Gobierno el pasado jueves. Sin embargo, en privado, destacados cargos de la CEE habían asegurado a elDiario.es que el tema de los abusos solo se trató “de manera general”. En definitiva, el comunicado parece dejar claro que la Iglesia colaborará con el Estado “en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”. Dialogantes y equilibristas A media tarde de este martes era la Conferencia de Religiosos Españoles (Confer) quien anunciaba que “estudiará detalladamente el Plan del Gobierno”, aunque adelantaba que “los cinco ejes que ha explicado esta mañana el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Institutos Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas”. Los religiosos españoles “vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación”, señala la nota de las congregaciones religiosas, que aseguran que “abordan seriamente cada caso de abusos de una manera individual buscando responder a lo que cada víctima necesita”. “La CONFER seguirá en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles, para encontrar los mejores caminos de reparación para todas las víctimas de abusos en los diferentes ámbitos de la sociedad”, concluye el comunicado de los consagrados españoles, que también han mantenido reuniones fructíferas con las asociaciones de víctimas en las últimas semanas. Por su parte, en un interesante ejercicio de funambulismo eclesial, el presidente de la CEE, Luis Argüello, publicaba a media tarde un tuit en su cuenta de X, en el que subrayaba que “la Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde”, y reclamaba al Ejecutivo “regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad”. “Ahí nos encontraremos”, subrayaba el arzobispo de Valladolid. Distintas fuentes consultadas por elDiario.es muestran su perplejidad por el tono del comunicado de la Conferencia Episcopal y por el hecho de que se emitiera sin reunión de ningún tipo, y sin que el vicepresidente, que había dicho prácticamente lo contrario minutos antes, hubiera sido informado. Algunos responsables episcopales apuntan a la política comunicativa de la Casa de la Iglesia como responsable de una respuesta que no corresponde “ni en el fondo ni en las formas” con la tesis adoptada por los nuevos responsables de la Conferencia Episcopal, favorables a un entendimiento con el Gobierno y con las víctimas, teniendo como eje las directrices del informe del Defensor del Pueblo. “Pese a las diferencias de matiz, Cobo y Argüello, en esto, ahora mismo están de acuerdo”, señalan las fuentes consultadas, que dejan caer un evidente malestar por una toma de posición que parece sacada de la voluntad del actual secretario general, César García Magán, y del jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera. Este último es autor, además, del polémico informe Para dar luz, cuya retirada han exigido las asociaciones de víctimas y que niega la veracidad de buena parte de las denuncias reconocidas tanto por el informe del Defensor del Pueblo como por las diócesis y las congregaciones religiosas. De hecho, apuntan fuentes episcopales, ya existe un “diálogo avanzado” con los supervivientes para la creación de un Estatuto de las Víctimas que ponga las bases de una política de indemnizaciones en las que éstas participen, con voz y voto, así como la celebración de un acto en memoria de las víctimas de la pederastia clerical. Otra cosa, y así lo reconocen las mismas fuentes, es la preocupación, común en víctimas y obispos, por que no haya víctimas de primera y de segunda. “Queremos lograr que lo que se haga con las víctimas de la Iglesia pueda hacerse con las víctimas de abusos en cualquier ámbito social”, reconocen. Algo que no hace el comunicado de la CEE. De un lado, la presión del Vaticano –en realidad, del propio papa Francisco– para acabar con el escándalo de la pederastia en España intenta marcar el paso a través de la figura del arzobispo de Madrid, José Cobo, que parecía estar consiguiendo un cambio de actitud de la cúpula. Del otro, un sector conservador –y en algunos casos ultraconservador y enemigo declarado de Bergoglio– que se ha impuesto en las últimas elecciones y que se niega a ver cuestionada a la Iglesia sobre este asunto. Las dos almas, los dos cuerpos de una Iglesia española que no entierra sus espadas. Toda la información en www.religiondigital.org

Total reserva de agua en España 56.039 hm3 Capacidadtotal 00% Media últimos 10 años 34.50963% En el último mes las reservas han aumentado en 4.389 hm3, un 4,9% más Cuencas en peor situación 56.039 63% 0% Cuenca 56.039 63% 0% Cuenca 56.039 63% 0% Cuenca Las reservas de agua aumentan ligeramente en los últimos siete días y el total del agua acumulada se sitúa en un 37.342 hectómetros en la última semana. Las reservas de agua de los pantanos peninsulares están al 67% de su capacidad, según los últimos datos del Boletín Hidrológico semanal del Ministerio de Transición Ecológica. Con los últimos datos, a nivel general los embalses continúan llenándose y, además, superan la media de reserva de agua de los diez últimos años. Eso sí, aunque la situación también ha supuesto un alivio en las cuencas de Andalucía (31%), Murcia (24%) y Catalunya (18%), las reservas en estas tres regiones aún se encuentran muy por debajo de su propia media. Los datos incluyen los volúmenes de agua almacenados en todos los embalses peninsulares que tienen una capacidad mayor a 5 hectómetros cúbicos (el equivalente al consumo anual de agua de 100.000 personas). Los datos incluyen, en definitiva, todo el agua que se puede gestionar en España. ¿Significa esto que estamos peor o mejor que en años anteriores? Estamos bastante mejor que en las dos últimas temporadas (2022-2023 y 2021-2022), cuando la escasez de lluvia y la gestión del agua dejó los embalses más vacíos de este siglo. Las lluvias de comienzos de abril han superado la media de la última década. Por estas fechas, los embalses suelen estar al 64,8% de su capacidad. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de las reservas en cada año hidrológico (de octubre a septiembre) desde 1990 en todos los embalses y en cada cuenca hidrográfica.                               Cómo está la reserva en Reserva de agua embalsada semanal respecto a la capacidad total en cada año hidrológico desde que hay datos disponibles. Se destacan la temporada actual 2023-2024, los dos años anteriores (2021-2022 y 2022-2023) y la media de últimos 10 años Fuente: Ministerio de Transición Ecológica La situación, además, no es igual en cada zona de la Península. Mientras que en zonas del noroeste, como Galicia, los embalses están prácticamente llenos, continúa el nivel bajo en las cuencas de Catalunya, Murcia y Andalucía, donde siguen las restricciones y arrastran varios años de situación de sequía. España tiene 374 embalses repartidos por todo el territorio, con capacidad para almacenar más de 56.000 hectómetros cúbicos de agua. ¿Cómo de buena o de mala es la situación de la reserva en cada presa? En el siguiente mapa se puede consultar el estado de cada pantano. Puedes filtrar para ver solo los embalses de uso principal hidroeléctrico (aunque pueden tener otros usos también) y los que se usan principalmente para el consumo. Hay que tener en cuenta que no todos los embalses se llenan de la misma manera o con la misma estacionalidad. Por esa razón, comparamos la situación actual de cada embalse con la media de la última década en las mismas fechas, para ver cuáles están en mejor situación y peor situación.                               La situación de la reserva, embalse por embalse Cada cuadrado representa un embalse. Muestra el porcentaje de llenado de la reserva de agua en la semana actual. El tamaño de cuadrado indica la capacidad total del embalse Todos De consumo Hidroeléctricos Peor situación En mejor situación Desliza Embalse % de reserva El mapa dibuja una situación muy desigual de las reservas de agua por el territorio. Mientras que las cuencas del norte están por encima del 70% de su capacidad (con embalses prácticamente llenos), en el sur y Catalunya las reservas continúan por debajo del 40% del agua total que pueden acumular. La situación más preocupante se repite en Andalucía (cuencas de Guadalete-Barbate y Mediterránea Andaluza), Murcia (Segura) y Catalunya, donde todavía continúan las restricciones por la situación de sequía en gran parte del territorio. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de llenado actual de cada cuenca y la comparación de las reservas con los datos de la última década.                               ¿En qué cuencas están peor las reservas de agua? Porcentaje de la reserva de agua en cada cuenca hidrográfica en la semana actual comparado con la media de la última década . La altura de cada barra indica la capacidad total de la cuenca Peor situación | Mejor situación Fuente: MITECO Hay que tener en cuenta que la situación actual de cada cuenca no depende solo de la escasez de lluvia sino también de las altas temperaturas (evapotransporación) y la demanda de recursos hídricos (regadíos, usos urbanos, industriales, etc.). Para hacernos una idea de cómo estos factores influyen en las reservas, comparamos las imágenes satelitales del embalse de Concepción (Andalucía), al 66% de su capacidad, y el de Mediano (Aragón), con las reservas al 96%. Se trata de las imágenes nítidas satelitales disponibles entre principios y mediados de abril de distintos años. Embalse de Concepción (Andalucía) Abril-2020 - 92% de capacidad Abril-2022 - 74% de capacidad Abril-2024 - 61% de capacidad Embalse de Mediano (Aragón) Abril-2022 - 33% de capacidad Abril-2023 - 51% de capacidad Abril-2024 - 98% de capacidad Fuente: Copernicus La situación de los embalses puede asimilarse a la de un vaso de agua. Aunque se corte el grifo, si el agua se bebe con moderación, las reservas pueden mantenerse. Sin embargo, un corte continuado del suministro (la falta de lluvias) es uno de los principales factores que influyen en que el vaso esté cada vez más vacío. Precisamente, la sequía meteorológica llega cuando se produce una escasez continuada de precipitaciones. Este suele ser el paso anterior a la escasez de agua, que es cuando faltan reservas para el consumo humano o la agricultura. ¿Y cómo están las precipitaciones? ¿Cuánto está lloviendo este año en España? Según los últimos datos de la AEMET, está siendo una temporada mucho más húmeda de lo habitual. En comparación con 2021-2022, el año más seco reciente, las lluvias han dejado mucha más agua en territorio peninsular.                               ¿Cuánto está lloviendo este año? Precipitaciones acumuladas en el año hidrológico, comparadas con la media histórica, el promedio de la última década y el año más seco reciente 2021-2022. En la franja verde están todas las precipitaciones acumuladas de la serie histórica registradas hasta ese mes Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, AEMET Aunque las precipitaciones acumuladas en este año hidrológico están por encima de lo habitual, algunas zonas de España están en situación de sequía prolongada por la falta de lluvias. Precisamente, algunas de las cuencas hidrográficas que han tenido un peor año de lluvias son las que tienen las reservas de agua en peor situación. Es el caso de las cuencas del Segura, las cuencas internas de Catalunya o la Mediterránea Andaluza, en las que ha llovido alrededor de la mitad de lo habitual desde octubre.                               En qué zonas ha llovido más y menos este año Precipitaciones acumuladas en el año hidrológico 2023-2024 y la comparación con la media histórica de la misma semana en cada zona Menos lluvia de lo normal | Más lluvia Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, AEMET Aun así, la falta de lluvias (el cierre del grifo) no es la única causante de que los embalses estén medio vacíos en Catalunya y gran parte del sur de la Península. Por ejemplo, zonas afectadas por la sequía pueden tener buenas reservas. ¿Por qué? Porque la gestión de la demanda de agua para el consumo humano es clave: el abastecimiento urbano (doméstico, turístico, municipal), los regadíos, la ganadería, la industria y otros usos recreativos (como el riego de campos de golf). Hay que tener en cuenta que la generación de electricidad no es un uso consuntivo. Esto es, ese agua no se consume mientras se utiliza para producir energía sino que normalmente acaba en el siguiente embalse donde puede ser empleada para otros usos agrícolas, urbanos, etc. A continuación se muestra la distribución de la demanda de agua en las distintas Confederaciones Hidrográficas (CH) actualmente. Las cifras provienen de las estimaciones disponibles en los Planes Hidrológicos de cada una de las CH para el ciclo 2022-2027. Los datos hacen referencia al escenario actual y muestran que la principal demanda de agua para consumo es la agricultura.                               Los regadíos consumen la mayor parte del agua Distribución de las demandas de agua por cuencas hidrográficas según el uso: agricultura y ganadería, abastecimiento urbano, uso industrial y otros usos (recreativos) Fuente: Planes hidrológicos 2022-2027 de las conferencias hidrográficas En España se utilizan para consumo humano más de 30.000 hectómetros cúbicos de agua, según los datos recopilados de cada cuenca hidrográfica. Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 81% (la gran mayoría) se destinan a la agricultura y ganadería, el 15% para uso urbano, el 4% a uso industrial y 0,3% para uso recreativo. 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de tres de las comisiones que contempla la Ley de Memoria Democrática. Con seis meses de retraso –la norma establecía el plazo de un año–, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha llevado a la reunión ministerial la puesta en marcha de estos tres grupos técnicos: el que evaluará los supuestos de vulneración de derechos humanos contra personas que defendieron la democracia entre la entrada en vigor de la Constitución en 1978, y el 31 de diciembre de 1983; otro sobre las medidas para reparar al pueblo gitano y un último que estudiará posibles indemnizaciones económicas a las víctimas de la dictadura. Las comisiones tendrán el cometido de elaborar un estudio al respecto y en el caso de la primera de ellas, “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación” a aquellas personas que “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” fueron objeto de violencia. Esta fue una de las medidas incluidas en la ley que más soliviantó al PP y Vox e incluso a una parte de la vieja guardia del PSOE al extender el periodo de estudio hasta el primer año de Gobierno de Felipe González. El cuestionamiento del relato idílico de la Transición como una etapa basada únicamente en la reconciliación y la paz no gustó a las derechas, que acusaron al Ejecutivo de pactar “con terroristas”, en alusión al apoyo a la ley de EH Bildu, de hacer “saltar por los aires” la Transición e incluso decir que la comisión serviría para investigar de nuevo a los GAL o considerar a ETA “resistencia democrática a un gobierno tardofranquista”. Aunque desde el partido nacionalista vasco se sugirió que la disposición podría abarcar casos como el del asesinato de Lasa y Zabala a comienzos del mandato de González, el Gobierno negó que pudiera afectarles. Y, de hecho, ha aclarado este martes que entre las eventuales víctimas que se estudiarán “en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista” o aquellas que “realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o la estructuras del Estado, alterar gravemente la paz público o provocar un estado de terror en la población o parte de ella”, según ha informado el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres. La comisión, además, tendrá que presentar el estudio en el plazo máximo de un año y estará formada por una docena de especialistas en Derechos Humanos, Derecho Penal e Historia Contemporánea, entre ellos: Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación por la Paz y exdirector de la UNESCO, José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea o Sophie Baby, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Borgoña (Francia). Indemnizaciones económicas y pueblo gitano La segunda de las comisiones tendrá por objetivo restaurar la discriminación histórica que ha sufrido el pueblo gitano, entre otros momentos durante el franquismo, en el que según los historiadores llegó a haber censos de clasificación que les dividía entre “aptos y no aptos”. Los primeros podían vivir en la ciudad y tener derecho a una casa mientras los “no aptos” eran expulsados a los márgenes. El grupo estará formado por representantes del Consejo Estatal del pueblo gitano, de las comunidades, de la Federación Española de Municipios y Provincias y expertos y tendrá que poner sobre la mesa medidas “para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”. Por último, otro grupo de representantes de las comunidades y ministerios afectados deberá hacer una evaluación de las medidas de carácter económico dirigidas a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo reconocidas en la normativa estatal y autonómica. Después tendrá que establecer conclusiones y recomendaciones “sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables”. Esta fue la vía que eligió el Gobierno para incorporar la reparación económica a la norma a pesar de las demandas de las víctimas y organizaciones como Amnistía Internacional, que pedían el reconocimiento explícito del derecho a la reparación económica. Según datos del Gobierno, hasta el momento se han otorgado 21.750 millones de euros a 608.000 víctimas de la guerra y la dictadura.

Parece que el invierno no se va, al menos por el momento. Un acusado descenso de las temperaturas, más propio de finales de febrero o comienzos de marzo, dejará en las próximas horas y días un ambiente muy frío generalizado, con una bajada de los termómetros en puntos del norte y del centro de la península entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Las temperaturas fueron muy frías la pasada madrugada con mínimas de entre 4 y 7 grados por debajo de lo normal, que en algunos casos se han situado entre el 5 por ciento de las más frías registradas en estas fechas, y además ha habido heladas en buena parte del norte y centro peninsular. “Son temperaturas bajas para la época”, asegura este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X, en un mensaje en el que recomienda además, a quien vaya a salir a la calle, que coja ropa de abrigo. Esta situación es consecuencia de la irrupción de una masa de aire ártica en toda la península y las Baleares debido a la acción conjunta de un anticiclón al noroeste de Europa y de una borrasca sobre el Mediterráneo occidental y central. A este frío se le suma el viento, que dejará rachas cercanas a los 90-100 kilómetros por hora incrementando la sensación de frío, ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, quien precisa que este episodio comenzará a ceder a partir del miércoles por la tarde, cuando el anticiclón se desplace hacia el suroeste, finalizando la irrupción de aire del norte muy frío. Este lunes seguirán los chubascos en el este de Cataluña, donde podrán alcanzar intensidad localmente fuerte, superando los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y que se podrían extender de forma más débil a otros puntos del área mediterránea y del Levante peninsular. En los Pirineos, se prevé bastante frío y nevará a partir de tan solo unos 700 metros, mientras que en el resto del país habrá cielos poco nubosos, aunque soplarán el cierzo y la tramontana y favorecerá un ambiente fresco en la mitad norte; Vitoria o Pamplona no pasarán de 12 grados. Por el contrario, en el sur el ambiente será mucho más templado, sobre todo en Sevilla, con máximas de hasta los 28 grados, ha añadido Del Campo. Martes: continúa el descenso térmico nocturno El martes “continuará el descenso térmico nocturno” y habrá heladas en zonas de montaña y también en amplias franjas de la meseta norte y páramos de la zona centro: Teruel bajará hasta los 2 grados bajo cero, al igual que otras capitales de provincia como Palencia, León, Cuenca, Burgos o Ávila. Además, habrá precipitaciones en el Cantábrico oriental, Pirineos y puntos del Alto Ebro, con nevadas por encima de unos 1.000 metros y ambiente inestable en el Mediterráneo peninsular y en Baleares, con chubascos tormentosos. En el resto del país, cielos poco nubosos y con viento del norte que seguirá soplando con intensidad e incrementando la sensación de frío acompañado de temperaturas que en la mitad sur serán de 24 o 25 grados en Badajoz y Córdoba, mientras que en buena parte del norte quedarán por debajo de 15 grados. En general será un “ambiente frío para la época del año”, ha incidido Del Campo. Miércoles: recuperación de temperaturas en horas centrales El miércoles amanecerá de nuevo con frío y con heladas en montañas, en la meseta norte y en páramos del centro, pero ya en las horas centrales del día habrá una recuperación de las temperaturas de hasta 5 grados con respecto a las del día anterior, especialmente en la mitad norte y en el área mediterránea. Se superarán los 15 grados en casi todo el norte, alrededor de los 20 grados en el centro y sur de la península y hasta 25 grados en el valle del Guadalquivir. Jueves: transición con vientos más flojos Para el jueves, en principio, se prevé un día de transición con vientos más flojos del norte y algún chaparrón por la tarde en el entorno del sistema ibérico; a partir del viernes, aunque con algo de incertidumbre, el escenario más probable prevé la llegada a la península de frentes asociados a borrascas, que dejarán lluvia. Las zonas con más probabilidad de precipitaciones serán el norte y oeste de la península, aunque también podría llover en el centro, Pirineos, Cataluña y el Levante peninsular, con unas temperaturas que, a pesar de que sufrirán altibajos, en general, serán propias para la época del año, ha concluido el portavoz.

Vista la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprueba hoy un plan con el que recoge el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, que en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente. El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que este diario ha podido confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar. En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia. El plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos. En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial. Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales. El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos. Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual. El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española. Y prevé la elaboración de un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la prevalencia de los abusos en el ámbito religioso. La encuesta realizada por el Defensor del Pueblo e incluida en el informe que da origen al plan reveló que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años. En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos han afectado a un 1,13 % de las personas adultas. Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”. La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”. Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición. Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda. La reacción de las víctimas y de la Iglesia “Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, ha acogido con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo, ni han sido consultadas.  Sin aventurarse a analizarlo, algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo, en especial en lo tocante a la reparación económica, el acto de Estado o la ampliación de la prescripción de los delitos, algo que llevan defendiendo años y que queda recogido en el plan anunciado por el Gobierno. En todo caso, las víctimas cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer.  Por su parte, desde la Conferencia Episcopal, por el momento, hay un mutismo absoluto, a la espera de conocer el contenido íntegro del documento. Fuentes episcopales, sin embargo, sostienen que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, “el tema de las víctimas se abordó en general”, y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que seguirá trabajando “para acercarnos a las víctimas”, avanzando que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir.   Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.

Desde el año 2011 se han venido realizando en la enseñanza pública fuertes recortes que han repercutido en una disminución drástica del número de docentes en las aulas y en un fuerte aumento de la carga laboral que realiza el resto de profesores. La reducción de la plantilla se tradujo en un aumento de las horas de trabajo –tanto lectivas como no lectivas– que impartimos los profesores y en un incremento del 20% en la ratio de alumnos por aula.  En el caso del IES Ramiro de Maeztu, este recorte supuso la disminución de un claustro que tenía más de 150 docentes a los 113 actuales. En la práctica, 113 profesores estamos haciendo el mismo trabajo que antes realizaban más de 150. Aparte, aquellos años también fueron acompañados de importantes reducciones salariales.  Este aumento de la carga laboral no solo repercute en nuestra salud y en nuestro bienestar, también afecta a la calidad del trabajo que realizamos, ya que es muy difícil atender todas las necesidades educativas que se presentan cuando se deterioran las condiciones de los que trabajamos en los servicios públicos. Estos recortes se realizaron en Madrid y en la mayoría de las comunidades autónomas, pero se han ido revirtiendo en los últimos años en las demás regiones y Madrid es la única excepción que los mantiene.  Por otro lado, nos encontramos en un momento de fuertes cambios en la sociedad y en la educación que se han traducido en una mayor demanda de trabajo por necesidades de atención a la diversidad del alumnado, la implantación de procesos de digitalización en la enseñanza y una creciente burocratización. Nuevas exigencias profesionales se añaden a una jornada laboral que no se ha modificado desde hace décadas y que, además, fue ampliada de forma injusta. Por ello, para poder hacer frente a nuestro creciente trabajo con los alumnos, es necesaria la reducción de nuestra carga laboral en primaria y en secundaria.  Una de nuestras principales peticiones es la reducción del número de alumnos que tenemos en las aulas. Se trata de una reivindicación fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza y para hacer frente a la diversidad del alumnado. Los efectos positivos de esta medida están acreditados por investigaciones académicas, sistemas educativos de nuestro entorno y por la experiencia que tuvimos con las bajadas temporales de ratio que se produjeron en el contexto de la pandemia de Covid en primaria y en el primer ciclo de la ESO.  Además, la Comunidad de Madrid ha ido añadiendo, incluso de cara al próximo curso 2024-2025, otros recortes que se han traducido en la eliminación de desdobles, grupos de alumnos y asignaturas en nuestro centro educativo. Se da la paradoja de que nuestro centro cuentan con una gran demanda y lista de espera y en este caso no se tiene en cuenta la “libertad de elección” de las familias. En el caso de otros centros de la Comunidad de Madrid, además, se han eliminado aulas de enlace y otros múltiples apoyos educativos que antes se prestaban. Por todo ello, exigimos la dotación de los cupos necesarios de profesorado para atender a las medidas de atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado (Orientación, AL, PTSC...)  Otra de nuestras reivindicaciones es la equiparación salarial. La Comunidad de Madrid es la región con un mayor coste de vida del país y, en cambio, es la número 13 en retribución salarial. Esto está teniendo como consecuencia una fuga de docentes con formación y experiencia hacia otras comunidades donde es más fácil compatibilizar el trabajo con la vida.  En resumen, una educación pública de calidad no es posible si no se proporcionan las condiciones en los centros y del profesorado que lo permitan. Madrid tiene recursos económicos de sobra para hacerlo y esto es lo que estamos pidiendo con la huelga.

Una mujer llamada Lena Selnes daba a luz a su primera hija este domingo en Noruega. Mientras, el padre de la criatura, marcaba un gol en Almería. Alexander Sorloth, jugador del Villareal, había decidido que ese domingo, en el que el parto de su pareja era inminente, su lugar era el campo de fútbol y no el paritorio. Y su club, el Villareal, decidió que esa historia había que contarla de una manera muy concreta: como algo épico, un “historión” detrás del gol de la victoria. “Sorloth, aunque tenía permiso para quedarse por su inminente paternidad, ha preferido viajar. Ya en Almería, y nacida su hija Emma, el noruego lo ha celebrado marcando el gol de la victoria en el 92. Historión, ¿eh?”, decía el club en sus redes sociales. Más que un 'historión', lo de Sorloth y el Villarreal es la historia de siempre. Un hombre conocido, seguramente por su actividad deportiva, considera que lo más importante que puede hacer cuando su pareja está a punto de dar a luz o cuando su hijo acaba de nacer es seguir con su trabajo: ir al entrenamiento, acudir a la llamada de su entrenador, de su afición, disputar ese partido o simplemente estar disponible. Sus compañeros, su míster, la prensa deportiva, muchos aficionados destacan su compromiso, su carácter, su mentalidad, su esfuerzo. Casi pareciera que han sido ellos los que acaban de sufrir los dolores más terribles de su vida, los que han conjurado los miedos y han abierto su cuerpo para que un ser vivo salga a la luz, y justo después hayan regresado victoriosos al campo. Pero no, ellos han hecho 'lo importante': trabajar fuera de casa, mantenerse en el espacio público, asistir a sus compromisos, a sus empleos, a sus reuniones, a sus partidos. “Tenía la posibilidad de quedarse con su mujer pero él antepuso su profesionalidad, quiso venir, y jugó los 90 minutos y fue capaz de meter el gol para su mujer y su hija, demuestra unos valores. Si se hubiera quedado también estaba bien pero lo quiso así y se lo agradecemos todos”, decía el entrenador del Villareal, Marcelino García Toral. Dice el técnico que si Sorloth se hubiera quedado junto a su pareja también hubiera estado bien, pero ¿hubiera entonces hablado él de “profesionalidad”, de “valores”, le hubiera agradecido su compromiso con su familia, con los cuidados, con la recuperación de su pareja y la vida de su hija?, ¿hubiera tuiteado el Villarreal con el mismo tono heroico? Lo de Sorloth y el Villareal va mucho más allá de una elección individual y de un gesto concreto. Forma parte de ese orden patriarcal de cosas que construye qué es lo importante y qué no y que genera a partir de ahí roles de género y estereotipos: la vida pública y lo profesional son lo importante; la vida privada, nacer, cuidar, alimentar, acompañar, aprender, limpiar, atender pesadillas nocturnas o permanecer al lado de una mujer recién parida y comprobar qué es eso de los entuertos, nada de eso es tan importante. Los hombres que permanecen en lo público son alabados. De ellos se destaca su compromiso, sus valores, su profesionalidad. Es el vestigio más claro de ese 'hombre proveedor' que creció entre el patriarcado y el capitalismo. Así deducimos que si no atendemos al empleo, si no atendemos a lo que profesionalmente se espera de nosotros y nosotras, seremos menos profesionales, menos comprometidos, menos atractivos para que depositen su confianza en nosotros. Esa confianza no es solo un valor abstracto, son las posibilidades concretas de acceder a mejores empleos, a mejores salarios, a ascensos o a proyectos interesantes. Habría que preguntarse si ese 'compromiso' y esos 'valores' que parecen tener muchos hombres u entidades por sus trabajos, profesiones, ideas u objetivos no son en realidad un interés en ellos mismos, en preservar sus subjetividades, su masculinidad. Es la renuncia más consciente o inconsciente a mirar más allá de la nariz de uno para entender que además de los logros, necesidades y cuidados propios existen otros que deben ser atendidos, a veces puede que incluso por encima de los suyos. Es la renuncia a hacerse cargo de esa realidad para seguir en el lado de la balanza que más reconocimiento (y comodidad) ofrece. Participar del engranaje que perpetúa significados y poder, en lugar de ayudarnos a cambiar qué es eso de 'lo importante'. Tuiteemos desde las salas de parto, desde las habitaciones de los hospitales, desde los bancos del parque, desde el rincón en el que te escondes cuando ya no puedes más pero tienes que atender a alguien, desde el váter en el que lloras mientras alguien grita 'mamá', desde la cama cuando acecha la culpa a pesar del agotamiento. Eso sí que son historiones.

Pongamos que se llama Pilar. Tiene en torno a 60 años y hace unos cuantos que su marido, con el que llevaba prácticamente toda su vida, falleció. Está viuda y desde entonces no había vuelto a tener relaciones sexuales. Hasta ahora. Hace unos días tuvo un encuentro “maravilloso”. “Nunca antes había pensado que se podía tener sexo tan gozoso”, afirma. Otra mujer, por ejemplo Adela, se separó de su marido ya entrados los 65. No esperaba con esa edad volver a tener un novio al mismo tiempo que la menopausia, pero el amor ha surgido y la libido y la pasión han vuelto a su vida. Pilar y Adela no se llaman así, pero sus historias sí son reales. Son algunas de las pacientes que de vez en cuando llegan a las consultas de ginecología y que contradicen el relato más extendido sobe la temida y denostada menopausia, que viene a dictaminar la extinción casi irremediable de la vida sexual. “La disminución del deseo o el interés sexual junto a veces a otros síntomas es una realidad con la que llegan muchas mujeres, pero la asociación automática que se hace de menopausia igual a fin del deseo sexual es simplista y limitante”, esgrime la ginecóloga Alberta Fabris, coautora de Señoras. Una guía integral de la salud en la menopausia (Arpa). No significa que los cambios hormonales no influyan. Con la terminación de la etapa reproductiva, las mujeres dejan de tener la regla y el cuerpo comienza a bajar la producción de estrógenos y progesterona y el pico de andrógenos que tiene lugar con la ovulación suele dejar de producirse, algo que puede provocar “reducción de la líbido” unido a posibles molestias, dolores y sequedad vaginal o síntomas como el cansancio que pueden hacer que “las ganas disminuyan”, explica Fabris. Sin embargo, la mirada biológica no basta para explicar, ni mucho menos, la relación de la menopausia con la sexualidad, coinciden las expertas. Somos objeto de deseo al servicio de otro, no un sujeto deseante. A muchas mujeres lo que les pasa en esta etapa es que sencillamente no les apetece seguir manteniendo una sexualidad que les es ajena Mónica Felipe-Larralde — Experta en salud y género “El vaivén hormonal jugará su papel, pero hay muchos otros factores psicosociales, culturales y relacionales a los que no suele prestarse atención y que sin embargo tienen un peso mucho mayor. La sexualidad es amplia y compleja, no es estanca. Condiciona mucho la expectativa cultural que hay sobre la menopausia. Si asumo que ha llegado el fin de mi vida sexual no me estoy permitiendo iniciar un proceso de búsqueda de una sexualidad que a mí me nutra. Porque la realidad es que se puede seguir disfrutando del mismo placer o más”, sostiene la experta en salud y género Mónica Felipe-Larralde. Un “cajón de desastres” La especialista apunta a elementos que pueden condicionar el deseo, desde el estrés a la calidad de vida o de pareja. “Esta generación de mujeres a las puertas de la menopausia puede estar aún criando hijos y a veces también a sus padres; trabaja fuera de casa y dentro; el estrés y el cansancio son muy frecuentes....”. Por otro lado, están las ideas preconcebidas y estereotipadas sobre la sexualidad femenina que seguimos arrastrando: “Somos objeto de deseo al servicio de otro, no un sujeto deseante. A muchas mujeres lo que les pasa en esta etapa es que sencillamente no les apetece seguir manteniendo una sexualidad que les es ajena”. Ella es una de las profesionales que participa en el recién nacido proyecto Salud para disfrutar sin límite de edad desarrollado, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, por el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS). Dirigido especialmente a profesionales, el proyecto busca romper con la idea que asocia la menopausia a la vejez, el declive y la decadencia y apuesta por una intervención que, lejos de demonizar o idealizar esta etapa vital, la acompañe desde una mirada integral. Que sí, que hay vida sexual más allá de este momento tan temido por las propias mujeres es una de las nociones que intenta transmitir. Carme Valls, presidenta del CAPS y una de las mayores expertas en medicina con perspectiva de género, recuerda que ya hace décadas que se abrió la puerta a entender la sexualidad como una realidad multifactorial. “En 1996 en un congreso sobre menopausia en Estocolmo ya hubo un trabajo presentado por una psiquiatra sueca que demostraba que en la disminución de la libido pesaba más la relación de pareja que las hormonas”, explica la experta, que alude a un abanico de factores entre los que menciona las circunstancias personales, la salud mental, la sexualidad previa o incluso sus condiciones económicas. Tengo sofocos y 45 años, menopausia. No tengo deseo, menopausia. Me duelen las relaciones sexuales, menopausia. Estoy cansada, menopausia. Todo se achaca a la menopausia Alberta Fabris — Ginecóloga Para las expertas, uno de los problemas es que la menopausia es “un cajón de sastre” o de “desastres”, como lo llama Valls. “Tengo sofocos, 45 años, menopausia. No tengo deseo, menopausia. Me duelen las relaciones sexuales, menopausia. Estoy cansada, menopausia. Todo se achaca a la menopausia. Sin embargo, hay por ejemplo muchísimas mujeres tomando antidepresivos que como efecto colateral reducen el deseo”, ejemplifica Fabris. Valls habla de “la biología que sí puede limitar” la líbido y que no tiene tanto que ver con las hormonas pero a la que paradójicamente no se le presta tanta atención: “El cansancio es uno de los síntomas más reportados. Y hay enfermedades como la diabetes, las de la tiroides o falta de hierro que lo provocan. Claro, en esa situación ni tienes ganas de nada, pero si cuando llega una mujer lo metemos todo en el cajón de la menopausia o la fibromialgia y no profundizamos para ver qué puede estar interfiriendo en su placer o su cansancio no les ayudamos en nada”. Patrones nuevos “Yo siempre digo a lo mejor no es que pierdas el deseo, es que no deseas a Manolo”, comenta entre risas Felipe-Larralde. Lejos de sonar reduccionista, la experta utiliza la frase en el contexto de una relación heterosexual para poner de relieve la importancia de mirar más allá de las hormonas y los cambios físicos que trae la menopausia. “Es un buen momento para hacerse preguntas sobre la relación, pero sobre todo es que los modelos de sexualidad que aprendemos pueden llegar a ser aburridos. Manolo igual está también intentando cumplir unos cánones y ya no funcionan. La sexualidad va cambiando igual que cambia la relación, hay que reinventarse constantemente”. Es importante hablar de placer, abrirse a otras formas de sexualidad. Puede que te des cuenta de que no te gusta el coito pero sí masturbarte con 60 Alberta Fabris — Ginecóloga Fabris, ginecóloga del Zentro Empatía, destaca que cada proceso es único, pero coincide en que en muchas ocasiones lo que emerge en las parejas formadas por un hombre y una mujer es que el patrón coitocéntrico ya no es para ellas. “A lo mejor para la mujer nunca lo fue, pero yo tengo a parejas que ya no practican la penetración pero tras 40 años juntos tienen una vida sexual plena. Es importante hablar de placer, abrirse a otras formas de sexualidad. Puede que te des cuenta de que no te gusta el coito pero sí masturbarte con 60 o que redescubras el deseo a través de juegos eróticos o un placer más epidérmico”. ¿Y qué pasa entre las parejas de mujeres? ¿Viven mejor este proceso? Felipe-Larralde intuye que sí porque “quizá se atreven más a comunicar con la otra parte” y compartir lo que está ocurriendo y están experimentando mientras que Fabris, aunque coincide en la posibilidad de que haya más comunicación, recibe en consulta a parejas lesbianas o bisexuales con la misma situación. “Por mi experiencia, la demanda no es tan diferencial porque es complicado también para ellas la falta de deseo y al final el relato cultural sobre la menopausia también ha calado en ellas”, resume. Conectar con el propio placer Aún así, para Valls, más allá de la pareja y en todos los casos, es clave intentar “poner en primer plano el deseo propio”, un deseo, el femenino, “que ha sido negado y ha quedado escondido” sobre todo para aquellas que hoy entran en la menopausia o están en ella y que fueron educadas en la represión. “Hay quienes incluso teniendo pareja y queriendo estar con ella, lo que están aprendiendo es a desearse a sí mismas. El descubrimiento del placer en muchos casos llega cuando ya no están constantemente pensando en la mirada ajena o dedicándose a los demás y empiezan a pensar 'bueno ¿a mí qué me apetece? o ¿qué quiero hacer?'”. El descubrimiento del placer en muchos casos llega cuando ya no están constantemente pensando en la mirada ajena o dedicándose a los demás y empiezan a pensar 'bueno ¿a mí qué me apetece? Carme Valls — Endocrinóloga y experta en medicina con perspectiva de género Y es que para las expertas, el deseo tiene mucho que ver con conectar con el propio placer más allá de lo considerado estrictamente como sexual. Felipe-Larralde lo explica: “La sexualidad no es solo lo que sucede en la cama, tiene que ver con estar presente en un cuerpo sensible y abierto a los sentidos. Vamos todo el día estresadas, llegamos a la cama y queremos tener un orgasmo. Así no funciona. El cuerpo necesita conectarse con espacios de placer cada día, puede ser desde tomarse un café al sol, escuchar una música que guste o dedicar un rato a la jardinería”. Después, la comunicación es fundamental, apunta la experta. “Hay mujeres que llevarán 20 años haciendo lo mismo y no les gusta. Es importante decirlo. Atreverse a expresar lo que una quiere y crear, en el caso de que sea con una pareja, espacios de búsqueda, de exploración y experimentación. También es importante saber que es un proceso, que no hay una meta a la que llegar porque esto se construye cada día”, añade. En todo caso, en lo que todas las especialistas coinciden es en la importancia de personalizar. “Lo que no debemos es simplificar. Tenemos que escuchar a las mujeres y acompañarlas. Hacerles analíticas, ver qué medicación toman, qué calidad de vida y de relación de pareja, en su caso, tienen”, señala Fabris, una intervención “multidisciplinar” de la que aún, en general, no se ha hecho eco la sanidad pública, lamentan las expertas. “Habrá a quien le sirva con usar satisfyer una vez por semana, quien necesite cremas o aceites para hidratar, ir a la fisio de suelo pélvico o en casos muy invalidantes recurrir a la terapia hormonal sustitutiva. Lo más importante es escuchar y dar opciones”, concluye la ginecóloga.

El centro de salud donde trabaja María José Gamero como médica está en la ciudad de Badajoz y se sitúa al lado de las vías del tren. Tiene fácil comunicación y no es un área rural, así que no responde a priori con el estereotipo de “desierto médico” que cualquiera puede tener en la cabeza. Sin embargo, allí se han cubierto menos de la mitad de las plazas (13 de 29) que habían ofertado para formación de médicos y médicas de familia y comunitaria este año, según los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. “Las condiciones son las mismas y el número de tutores es bueno, pero desde hace tres años tenemos vacantes”, explica en conversación con elDiario.es. El problema se extiende a lo ancho y largo de toda España: 13 comunidades autónomas tienen puestos desiertos, cuatro más que el año pasado; y el número total ha escalado de 202 a 459 plazas sin cubrir. Son 453 personas que prefieren repetir el MIR o tomar otro camino laboral antes que formarse en Medicina de Familia en lugares muy diversos: hay plazas desde el área metropolitana de Barcelona (Sabadell o Cornellá de Llobregat) hasta en la España vaciada (Teruel o Soria). La Rioja, Extremadura y Castilla y León son las comunidades peor paradas porque tienen un porcentaje mayor de puestos no cubiertos. 68%, 62% y 43%, respectivamente. Solo cuatro territorios han conseguido agotar sus cupos: la Comunidad de Madrid, Canarias, la Comunitat Valenciana y Cantabria. En Euskadi y Murcia se han cubierto también prácticamente todas y Ceuta se queda también con una plaza libre. En esta tabla de abajo se pueden consultar las vacantes en cada localidad. Con este escenario “triste” y “preocupante” arrancó el lunes la convocatoria extraordinaria del Ministerio de Sanidad. O, lo que es lo mismo, la repesca que da la oportunidad a quienes no escogieron plaza en la ordinaria de elegir, incluyendo también a los sanitarios extracomunitarios que pueden optar a lo que ha quedado sin cubrir. El miércoles se conocerán las vacantes definitivas. “Si hacemos lo mismo, lo normal es que tengamos el mismo resultado. O peor, como ha pasado”, critica la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que considera que las elecciones MIR parece “que examinan a la especialidad cada año”. “No es justa esa tensión porque esto no es el fracaso de la Medicina de Familia sino del sistema sanitario y distributivo para el acceso a las diferentes especialidades”, sostiene. Rodríguez Ledo es jefa de estudios de la unidad docente de Lugo (la medida que se utiliza para ofrecer las plazas MIR en Atención Primaria y agrupa a varios centros de salud). Sacaron 30 plazas, de las cuales se han cubierto 18. “Mina mucho la moral de todo el mundo porque trabajamos para mejorar en la formación pero navegamos en contra. Cuanto más potenciamos, más vacantes se quedan y desaprovechamos recursos. Nos preparamos para algo que no sucede”, describe la doctora. Cinco veces la oferta de Pediatría Las sociedades médicas que agrupan a estos profesionales tratan de mirar los datos de otro modo: 2.033 personas han elegido la especialidad para formarse a partir de este año. “Si ofertáramos lo mismo que Pediatría (588 plazas) habríamos cubierto con creces. ¿Se trata de cubrir plazas o responder a las necesidades del sistema?”, se pregunta la presidenta de SEMG. “La diferencia de número de plazas es abismal con otras especialidades porque es la base del sistema y está diseminado por todo el territorio, no en centros urbanos grandes donde están los hospitales”, subraya Domingo Sánchez, representante nacional de la sección de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial. Varias comunidades se lanzaron a anunciar incentivos para asegurarse de que se cubrían sus plazas más difíciles una vez comenzó la elección de puestos hace dos semanas. Aragón ofrece un plus de hasta 10.000 euros anuales y la Comunidad de Madrid ha prometido 500 euros al mes. La primera comunidad se ha quedado con más de un 25% de las plazas desiertas; la segunda, ninguna. SEMERGEN, SEMG y la OMC consideran que son medidas que llegan tarde, muy encima del proceso, y que no solo deben ser económicas. “El efecto del dinero se ve rápido pero es evanescente. Debe haber, junto con ello, otros reconocimientos: compensaciones en tiempo, mejora para la formación, facilitar la labor investigadora, hacer intervenciones comunitarias... No podemos hacer creer que solo por vocación van a elegir una especialidad con muchos turnos extra, que no se compensa y que no tiene reconocimiento académico. Los jóvenes son muy amantes de su tiempo y es normal, ¿quién no quiere una buena calidad de vida?”, se pregunta Rodríguez Ledo. Hay que tener cuidado porque si generas más puestos en Madrid, por ejemplo, puede que perdamos todavía más en Castilla y León. Tenemos que sentarnos bien y verlo María José Gamero, portavoz de SEMERGEN Esta convocatoria de MIR también pone de manifiesto, dicen las sociedades médicas, que aumentar la oferta de plazas no soluciona el problema de la falta de médicos. “Hay que tener cuidado porque si generas más puestos en Madrid, por ejemplo, puede que perdamos todavía más en Castilla y León. Tenemos que sentarnos bien y verlo”, analiza María José Gamero, que es también la responsable de Tutores y Residentes de SEMERGEN. Este año se han ofertado 37 plazas más en la especialidad y se han doblado las vacantes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid pidió durante el fin de semana un número mayor de vacantes de formación en la línea de la postura adoptada por el Partido Popular, que lo solicitó el sábado también al Ministerio de Sanidad como una vía para atajar el problema. El Ministerio de Sanidad convocará la semana que viene un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario donde se hablará, entre otros asuntos, de Atención Primaria con la creación de un grupo de trabajo específico. La titular del ramo, Mónica García, aseguró el sábado que los profesionales se veían “abocados a la precariedad al terminar la residencia” y miró a las comunidades: “son las que en última instancia tienen que ofrecer buenas condiciones laborales”. Por su parte, el secretario de Estado, Javier Padilla, avanzó que su equipo valorará “cambios en los procesos de oferta y elección de plazas MIR”, como recogió Redacción Médica. En marzo de 2023, el Ministerio firmó con las comunidades autónomas un acuerdo que recogía los criterios para declarar un puesto de “difícil cobertura” –distancia al centro de referencia o turno de tarde eran algunos de los requisitos– y planteaba una serie de incentivos “para la atracción y retención” en dichos puestos. Será otro de los asuntos que se traten en la próxima reunión de Interterritorial, según Sanidad, que asegura que las comunidades ya han identificado estas plazas. Pero, ¿qué pasa con los puestos que no llegan a cubrirse? Se quedan sin residentes. “Los echamos de menos, pero el problema no es ahora, sino cuando esas personas acaban la residencia. Si en nuestra unidad docente debían salir 20 doctores formados en cuatro años, van a salir 15 o 16. La repercusión es muy grande a medio plazo porque si no hay profesionales no se puede garantizar a los pacientes la asistencia que se merecen”, dice Gamero, que asegura que “vamos a entrar en bucle” si a este escenario sumamos las jubilaciones. Uno de cada tres profesionales, unos 12.000 en total, de este primer escalón asistencial va a estar en edad de jubilación de ahora a 2027.

elDiario.es organiza el próximo 22 de abril a las 18 horas el debate en colaboración con Acciona 'Cómo adaptarse a la sequía ante la emergencia climática' en el que participan Mª Dolores Pascual Vallés, Directora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Juan Carlos Blázquez, director de Desarrollo de Negocio de Agua en Acciona, María Giménez Casalduero, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y Carolina González Vives, urbanista experta en hidrología urbana y directora de Hidra Design. La conversación estará moderada por Raúl Rejón, periodista especializado en información ambiental en elDiario.es.

El ingeniero aeronáutico Pablo Álvarez, se ha graduado este lunes en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) tras un año de entrenamiento al máximo nivel, con lo que se convierte en el tercer astronauta español en poder viajar en una misión al espacio después del hispano-estadounidense Miguel López-Alegría y Pedro Duque. “Como astronauta de la ESA que representa a España, es un honor unirme a pioneros como Pedro Duque”, ha señalado Álvarez con motivo de la graduación de la promoción 2022, a la que asistió la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y a la que el leonés enseñó momentos antes de la ceremonia las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en Colonia. El recién graduado astronauta ha explicado durante la ceremonia que recuerda exactamente cuándo quiso convertirse en astronauta. “Tenía unos 4 ó 5 años y estaba mirando a la luna en las montañas de mi pequeño pueblo en España y alguien me dijo que había habido gente que había caminado sobre la luna. Me decepcionó que sólo 12 personas hubieran caminado en la luna. Pensé que tenía que ser algo más común y ese fue el momento en el que realmente quise convertirme en astronauta”, ha afirmado. Sin embargo, Álvarez admitió que abandonó este sueño porque dejó de creer que era posible mientras crecía. Solo cuando vio el anuncio de la ESA para buscar nuevos astronautas cuando “ese sueño realmente empezó a volver a mi cabeza. Pensé que era un tren que tenía que coger”, señaló. Durante la ceremonia de graduación Álvarez se ha pegado en el pecho las “alas” que le identifican a partir de este lunes como astronauta de la ESA. Los nuevos cinco astronautas profesionales fueron seleccionados en 2022 entre 22.500 junto a una reserva de 12 compañeros, entre ellos la española Sara García. La promoción 2022 de astronautas de la ESA está compuesta, además de por Álvarez, por la francesa Sophie Adenot, la británica Rosemary Coogan, el belga Raphaël Liégeois y el suizo Marco Alain Sieber. También concluyó un año de entrenamiento básico como astronauta la candidata australiana Katherine Bennell-Pegg. “Es un día muy importante. Un momento muy histórico para vosotros los astronautas y para la ESA”, ha dicho en la ceremonia el director general de la agencia, Josef Aschbacher, quien recalcó que ahora la organización europea cuenta con 11 astronautas de ocho Estados miembros, entre ellos España. También indicó que cinco de los astronautas tendrán la primera oportunidad de volar al espacio como pronto a principios de 2026, según el plan de vuelos negociados con la NASA y otros socios de la Estación Espacial Internacional (EEI) para lo cual los elegidos tendrán que someterse a otro entrenamiento para “estar listos realmente” para volar a plataforma orbital. “Ahora estamos centrados en preparar una misión a la EEI, que es un desafío bastante grande”, ha manifestado Álvarez en una ronda de preguntas y respuestas tras la ceremonia de graduación. Una formación compleja Aschbacher ha detallado que más de 300 personas se implicaron en la formación de los nuevos astronautas, que fueron sometidos a un entrenamiento compuesto por teoría y muchas prácticas. Durante su formación básica se adentraron en la biología fundamental y las técnicas científicas de laboratorio, recibieron formación médica, perfeccionaron sus conocimientos técnicos con formación sobre sistemas de naves espaciales, ingeniería de vuelo, robótica y sistemas de soporte vital y tuvieron lecciones de astronomía, astrofísica y meteorología. Un aspecto destacado de su formación fue la simulación de caminatas espaciales, además de simular las condiciones de lanzamiento y de vuelo en gravedad cero, así como las lecciones del idioma ruso en Alemania durante ocho horas al día. “Después de dos meses teníamos el ruso en nuestra cabeza”, ha dicho la ya astronauta francesa Sophie Adenot.