El Gobierno ultima un acuerdo con Canarias que permita el reparto de los menores migrantes extranjeros no acompañados por otras comunidades autónomas, para lo que es necesario la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este martes la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que han participado siete ministerios, para avanzar la redacción de su propuesta de modificación normativa en un documento que presentará el próximo lunes al Ejecutivo canario, según ha informado Torres al término del encuentro. A la reunión extraordinaria de la Comisión, celebrada a puerta cerrada, también han asistido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como los ministros de Juventud e Infancia, Sira Rego; de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz; y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. “Hemos avanzado en la reunión de hoy un documento en el que hemos profundizado en la modificación legislativa y la voluntad es presentárselo al Gobierno de Canarias el lunes. Así se lo he trasladado al presidente de Canarias”, ha afirmado el titular de Política Territorial. La actual normativa responsabiliza a las comunidades autónomas de la guarda y tutela de los menores, lo que en el caso de los niños y adolescentes que migran solos a España se traduce en la concentración de estos chavales en aquellos territorios a donde suelen llegar por su localización fronteriza, como Canarias, Ceuta y Melilla. El Archipiélago lleva años solicitando sin éxito un reparto solidario por la península de estos chavales. Cada uno de los pactos alcanzados en el pasado para distribuir a un número limitado de menores migrantes ha tenido siempre un enfoque no vinculante, y cada intento ha acarreado numerosos trámites, plazos prolongados y reticencias entre algunas comunidades autónomas. En cada crisis, el número de plazas ofrecidas por los gobiernos regionales no ha sido suficiente. Actualmente, Canarias acoge a 5.500 menores y sus servicios de atención a la infancia se encuentran saturados, especialmente tras cada uno de los picos migratorios registrados en las islas. También se trata de una demanda histórica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por su ubicación son los responsables de acoger a cientos de menores extranjeros no acompañados a pesar de sus limitados recursos. La reforma busca desbloquear la distribución de los niños y adolescentes extranjeros para agilizar los trámites y crear un mecanismo vinculante para las comunidades autónomas, una modificación normativa a la que se comprometió el PSOE con Coalición Canaria en un acuerdo para investir a Pedro Sánchez. En marzo, el ministro de Política Territorial y el presidente canario acordaron la reforma de la Ley de Extranjería, en concreto del artículo 35, como vía para introducir la obligatoriedad de repartir a los menores migrantes por el conjunto de España. “Hay que tener en cuenta que lo que se pretende es tan inédito que hasta ahora jamás se había podido conseguir”, afirmó este lunes Ángel Víctor Torres en declaraciones recogidas por la Agencia EFE. Una vez que la propuesta de la reforma normativa del Gobierno sea consensuada con el Ejecutivo canario, el siguiente paso será recabar los apoyos de todos los grupos políticos. El ministro de Política Territorial (PSOE), en su anterior etapa como presidente del Gobierno de Canarias, demandó insistentemente la obligatoriedad del reparto de los menores migrantes, como ahora urge el actual líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Por el momento están en el aire los detalles de la modificación normativa, como los requisitos que deberán cumplir las comunidades autónomas para solicitar la distribución de los menores y la definición del método para calcular los cupos distribuidos por los distintos territorios. Según fuentes próximas a esta reforma, se incluirá en la norma el procedimiento a seguir en casos de llegadas excepcionales de menores migrantes, como el episodio que ha atravesado Canarias en los últimos años, informa Natalia G. Vargas. “La primera opción siempre será la colaboración solidaria de las comunidades. En caso de que esa voluntad no salga adelante, el Estado podrá intervenir en función de unos parámetros acordados previamente con las autonomías”, según señalaron las mismas fuentes a elDiario.es.