El acuerdo alcanzado esta semana para incrementar en tres años un 30% la retribución de los letrados no logra calmar las quejas de los profesionales, en especial en el turno especial de extranjería. "No es una subida, es una actualización del IPC tras 15 años", dicen
Canarias subirá en tres años un 30% las retribuciones de los abogados del turno de oficio
El Gobierno de Canarias y los cuatro colegios de abogacía de las Islas rubricaron esta semana un acuerdo para actualizar en tres años las retribuciones que perciben los letrados y las letradas del turno de oficio. Es decir, quienes atienden a la ciudadanía que solicita asistencia jurídica gratuita. El incremento para 2025 será del 15%. Para 2026, del 7%. Y para 2027, del 8%. En total, un aumento del 30% que, en palabras de la consejera de Presidencia y Justicia, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), permitirá a este colectivo “recuperar la capacidad adquisitiva perdida” después de que sus emolumentos hayan permanecido prácticamente inalterados desde 2010.
Tras la firma, el presidente del Consejo Canario de Colegio de Abogados, Rafael Massieu, expresó su satisfacción por el acuerdo porque, dijo, recogía “la mayoría de las reivindicaciones” de los profesionales. Sin embargo, precisó que no cubría “todas las aspiraciones”.
Lo cierto es que el acuerdo no ha logrado calmar las tensiones, especialmente en el turno especial de extranjería en la isla de Tenerife. Así quedó de manifiesto en una reunión convocada de urgencia en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y celebrada este jueves, un día después de la firma. En ese encuentro volvió a evidenciarse el malestar de profesionales por problemas que aún persisten, como los atrasos en el pago de las facturas del primer y del segundo trimestre del año o el impago de las guardias dobles en el tercer trimestre, además de las dudas con respecto a las condiciones del último acuerdo.
Esa reunión respondía a una petición firmada por más de 70 abogados y abogadas del turno especial de extranjería en Santa Cruz de Tenerife. Teresita de Jesús Hernández se ha erigido en portavoz de este colectivo. “La subida del 30% anunciada no es una subida, es una actualización del IPC (Índice de Precios al Consumo) que se difiere en tres años”, señala.
La abogada recuerda que las retribuciones de los letrados del turno de oficio no se tocan desde hace cerca de quince años, un periodo en el que el IPC acumulado “es de un 23%, casi un 24%”. “Sólo hay que hacer cuentas. En 2025 ya seguimos perdiendo dinero, porque estamos por debajo de esa subida. Y habrá que ver si en 2027 el IPC ha subido a un 30% o no, porque a lo mejor el acumulado está por encima”, sostiene.
Este colectivo no entiende por qué se difiere esa actualización en tres años. La explicación que se le ha dado desde el Colegio de Abogados y, en consecuencia, desde el Gobierno de Canarias, es que se trata de una condición vinculada a la estabilidad presupuestaria y que es el mismo tiempo que se acordó con el personal de la administración de justicia para el incremento del complemento específico. “Nosotros no somos funcionarios y no había por qué aplicar esos tres ños. Llevamos quince años sin que nos actualicen el IPC”, insiste.
Para Hernández, no obstante, “lo más inquietante” de ese acuerdo es que no se reintegra “ningún concepto” de los que se eliminaron con los recortes de 2012, el “hachazo” que acometió el Gobierno de Canarias en aquella época dentro de su plan de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. La letrada explica que en aquel momento se dejaron de pagar determinadas actuaciones (la presentación de algunos recursos frente a decisiones judiciales o segundas y sucesivas visitas a los juzgados en determinadas jurisdicciones, por ejemplo) y que, en la actualidad, algunas de ellas siguen sin ser recuperadas.
La abogada sostiene que una de las condiciones del acuerdo es no tocar “nada más” de los baremos durante los próximos tres años. “Es una especie de cláusula, un compromiso de paz presupuestaria con la Consejería, que en los próximos tres años no quiere oír nada, ninguna queja ni petición de los abogados. Hipoteca nuestro futuro a corto plazo, porque no se puede negociar ni los baremos que nos quitaron ni los nuevos que haya que poner por nuevas legislaciones”, señala.
Atrasos y guardias dobles
Más allá del acuerdo rubricado el pasado miércoles, los problemas de cobro en el turno de oficio persisten. El viernes 25 de octubre, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife informaba de que el Gobierno de Canarias había aprobado la subvención para el pago de las compensaciones económicas por las actuaciones prestadas en el turno de oficio en el segundo trimestre del año (de abril a junio) y que se estaba tan sólo pendiente de que el departamento de tesorería librase los fondos. Hasta finales de esta semana, los profesionales seguían sin cobrar esas cantidades. “Lo que nos dicen es que ya verán si entra el lunes o el martes (de la próxima semana)”, afirman.
En el caso del turno especial de Extranjería, los abogados denuncian que no se han pagado facturas del primer y segundo trimestre. El año pasado, y ante el repunte migratorio experimentado en El Hierro, se llegó a un acuerdo para abonar unas cantidades en concepto de dietas a los y las letradas de Tenerife que tuvieran que desplazarse y pernoctar en esa isla para asistir a las personas migrantes. “Lo que nos transmiten es que no se sabe de todas esas facturas cuáles se van a pagar, porque todavía se están discutiendo”, señala Hernández, que recuerda que es un dinero que los profesionales ya se han gastado, en algunos casos con el sistema de adelanto bancario, y que no saben si tendrán que devolverlo de su bolsillo o bien compensarlo a cuenta de futuras facturas.
A finales de julio, el Gobierno de Canarias y el Consejo de Colegios de Abogados de las Islas firmaron otro acuerdo para actualizar los baremos del turno especial de Extranjería. Hasta la fecha, los letrados cobran 314 euros por cada grupo de seis migrantes atendidos. Es decir, a 52 euros por expediente completo. A partir del próximo año, fecha en la que se prevé que entre en vigor la orden aún en tramitación, esa cantidad subirá cien euros, hasta los 414. En ese acuerdo, la Consejería de Presidencia y Justicia se comprometía, además, a pagar trimestralmente los fondos correspondientes a los recursos de apelación, un concepto que se excluyó con los recortes de 2012. Esos fondos están retenidos.
“Aún no sabemos cuándo nos van a pagar los recursos de apelación de primera instancia del primer y segundo trimestre. Si cuando salga la orden, en 2025... Fecha no hay. Aquello que dijo la consejera el 29 de julio en rueda de prensa de que esa facturación se pagaría con independencia de que la orden estuviera publicada o no, eso no se ha cumplido”, asevera Hernández, que apunta, además, que ese compromiso para abonar los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia no se extiende a los recursos contra las medidas cautelares.
“Las órdenes de devolución (de las personas migrantes) son resoluciones objeto de recurso. Nosotros lo que solemos hacer es presentar una demanda en la vía contencioso-administrativa y dentro de esa demanda pedimos también una medida cautelar, para paralizar la orden de expulsión. Si te la deniegan en el juzgado de lo contencioso administrativo, hay que recurrirla al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esa actuación no se paga, está incluida en los 52 euros por expediente”, explica.
Otra de las quejas tiene que ver con el impago de las guardias dobles ordinarias que hacen los abogados de Tenerife en dependencias policiales. Si durante esa guardia, de 24 horas, se atiende a seis o menos detenidos, se paga a 200 euros brutos. Hasta ahora, si se atendía más de esa cantidad, se doblaba, a 400 euros. “En los últimos años nos han venido pagando esas guardias dobles hasta este trimestre, en el que el Gobierno de Canarias ha dicho que no se van a pagar de aquí en adelante porque, al parecer, hay un acuerdo de 2019 que firmaron todos los colegios de abogados menos el de Tenerife. Es una discriminación flagrante”, señala Hernández.
En la reunión del pasado jueves, la junta de gobierno del Colegio de Abogados, que se ha comprometido a trabajar para recuperarlo, cifró en 30.000 euros el montante global que dejarán de percibir los letrados de esta isla por esas guardias dobles en el tercer trimestre.
La consejera Barreto admitió el viernes demoras en los pagos trimestrales “por cuestiones burocráticas” y se comprometió a buscar la fórmula para agilizarlos. Además, manifestó que su departamento ha hecho “un esfuerzo presupuestario” para atender el turno de oficio y que el gasto se ha disparado ya en cerca de nueve millones de euros por encima de lo presupuestado.
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