«Cada año vemos cómo se jubilan muchos compañeros y las nuevas promociones no llegan a cubrir las bajas vegetativas que se producen, por lo que el problema lejos de solucionarse tiende a empeorar». Así lo alertan desde la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), que llama la atención sobre la edad media de los funcionarios de prisiones, que se sitúa en los 53 años en Castilla y León , la comunidad con la plantilla más envejecida y una de aquellas en las que más se evidencia un «déficit» de cobertura de plazas. En concreto, de un 21,4 por ciento en el conjunto de los centros penitenciarios en territorio autonómico. Por el contrario, no reducen huéspedes. De hecho, la población reclusa está en aumento. Desde el sindicato explican que la situación se remonta a la crisis económica y al parón en la oferta de empleo público hace ya más de una década en unos años en los «que no se cubrían las bajas que se estaban produciendo». Fue un contexto generalizado a nivel nacional y en todas las administraciones y departamentos. En el caso de las prisiones de Castilla y León, la situación «se agrava por la elevada media de edad de sus trabajadores» y «los próximos años llegan a la jubilación muchos compañeros que entraron a principios de los ochenta», avanzan antes de reclamar una política «de recursos humanos que tenga en cuenta esta tendencia con convocatoria de plazas pero también con concursos de traslados que oferten las vacantes que se producen en Castilla y León». En definitiva, una solución a un problema para el que también pidió una respuesta el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. El socialista leonés aprovechó hace unos meses una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para reivindicar un «refuerzo en las plantillas» de las cárceles de Castilla y León –una por provincia excepto Zamora–, donde se acumulan 649 vacantes de las 3.027 plazas que contempla la Relación de Puestos de Trabajo . El porcentaje de déficit supera en siete puntos la media nacional, que se sitúa en el 14,6 por ciento. Y en Castilla y León, al igual que en el resto del país, los presidiarios han aumentado . En la Comunidad se dio una tendencia que había ido a la baja durante años, pero llegado 2020 se invirtió y gradualmente han ido aumentando desde la pandemia los residentes de los penales de Brieva (Ávila), Burgos, Villanubla (Valladolid), Topas, (Salamanca), Soria, Segovia, Mansilla de las Mulas (León) y Dueñas (Palencia). La población reclusa sumaba en junio –últimos datos– un 7,1 por ciento de los presos en cárceles españolas, un total de 4.198 personas, 3.964 de ellos hombres y 234 mujeres, frente a los 3.977 del año pasado o los 3.738 de hace un lustro. En concreto, en cinco años se han elevado un 12,3 por ciento, un 5,5% sólo en el ultimo ejercicio, y con ello, en «paralelo» la conflictividad , apuntan fuentes de prisiones. De acuerdo a los últimos datos que maneja Acaip, en 2023 se registraron 57 agresiones a funcionarios , la cifra más alta de la última década con las prisiones de Dueñas y Mansill a como las principales protagonistas de la estadística. Si se analizan los conflictos entre presos de estas características, la de Topas entra también en el podio. En total, se contabilizaron 555 sucesos, un 12,8 por ciento más que cinco años antes.
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