La defensa de Begoña Gómez ha vuelto a presentar un recurso ante el magistrado Juan Carlos Peinado para que reconsidere las providencias dictadas la semana pasada por las que requería documentación a los patrocinadores de la cátedra, a la Universidad Complutense de Madrid y citaba como testigo a la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Considera que las diligencias son impertinentes y se guían por «especulaciones interesadas». «Si los hechos que parece que se investigan ya han sido descartados por la Audiencia Provincial (superior jerárquico del Juzgado de instrucción) y por los dos informes de la UCO de la Guardia Civil (cuya objetividad es incuestionable), no cabe tomar la declaración testifical acordada ni requerir la documentación que se requiere, diligencias que nada tienen que ver con el objeto del presente procedimiento, pues se está atendiendo a meras especulaciones interesadas que tienen motivos ajenos a la causa lo que no debe ser permitido por el Juzgado», dice el recurso, al que tuvo acceso ABC. El abogado Antonio Camacho recupera así la posición expresada en recursos anteriores y elevada también en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el próximo 30 de septiembre deliberará sobre su petición de archivar una causa que califica de «prospectiva» porque asegura, no se ha definido el objeto de la investigación, sino que ha ido creciendo sin más quebrando el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías. Si en esas alegaciones ponía en solfa lo instruido hasta que en julio, Gómez fue citada a declarar como investigada, ahora se centra en las providencias que reimpulsaron las diligencias tras una ronda de testificales en las que cobraron relevancia las comparecencias de los responsables de Fundación laCaixa y Reale Seguros que patrocinaron la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Complutense, y del alto cargo del Grupo Barrabés que impartió clase en una de sus titulaciones. Todo, después de que la Audiencia Provincial dictaminase en mayo que de la denuncia de Manos Limpias que originó la causa, los indicios se apreciaban exclusivamente en unos contratos públicos adjudicados al Grupo Barrabés que después asumió la Fiscalía Europea. Para la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, «si no existe objeto de la investigación no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia«. De ahí que haya impugnado todas las practicadas desde entonces, centrándose en « la indeterminación del objeto de la presente investigación y la falta de motivación», en este caso en la citación de la testigo del Instituto de Empresa, «como prueba útil y pertinente». «Lo que no cabe sostener que el órgano instructor puede investigar cualquier hecho sin sujeción a un perímetro previo de lo que constituye el objeto del procedimiento», razona. Insiste en que «la Ley configura una investigación en la que el Instructor tiene libertad para decidir cuáles son las diligencias de investigación que han de practicarse, pero solo le faculta para acordar esas diligencias en la medida que estas tengan relación o entidad para investigar los hechos que son objeto del procedimiento, y no otros». En su opinión, todo lo que desborde aquellos contratos iniciales cuya investigación sí avaló la Audiencia Provincial, debería estar vetado. Sin embargo, la misma Audiencia Provincial validaba estos días otra ampliación de la causa que sigue el magistrado Juan Carlos Peinado al dar luz verde a que asuma una querella de HazteOír sobre un software que habiendo sido creado al abrigo de la cátedra extraordinaria, acabó registrado a nombre de Begoña Gómez en la oficina de Marcas y Patentes. La Fiscalía se había opuesto a que esa iniciativa, que había viajado desde otro juzgado, se incorporase a la causa. Los magistrados han rechazado su posición y han abierto la puerta a que también se investigue este asunto porque ven conexidad con los hechos que ya son objeto de las pesquisas.
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