La Comisión Europea dejó este viernes claro que, en la actual «fase» de su análisis del proyecto de Altri en Galicia, «no ha recibido pruebas que apunten a un incumplimiento de la legislación de la UE». La iniciativa, recuerda, «está siendo objeto de una evaluación a nivel nacional» y «todavía» no se le ha concedido su autorización. Lo confirmó el vicepresidente ejecutivo Maros Sefcovic, en nombre de la Comisión Europea, en una respuesta escrita a una pregunta formulada por la eurodiputada del BNG Ana Miranda a la que tuvo acceso Europa Press. La nacionalista había interpelado a la comisión en base a una respuesta previa de la propia CE, en la que aseguraba no detectar infracciones en el proyecto en «una fase temprana». Miranda preguntaba, primero, por el significado de dicha fase temprana y, en concreto, por el análisis de la documentación entregada por los colectivos afectados en una reunión en abril. Y, por otro lado, inquiría si «es consciente la Comisión de que el proyecto de Altri es incompatible con la Ley de Restauración de la Naturaleza«, acusándolo de resultar en una «expansión del cultivo del eucalipto» y en un «impacto sobre la biodiversidad, el suelo, el cauce fluvial del río Ulla y la ría de Arousa». En su respuesta, fechada de este lunes, la Comisión confirma que «ha examinado la información disponible» sobre el proyecto, «incluidos los documentos presentados por los grupos afectados en la reunión de abril», así como «la información publicada por las autoridades competentes». Ahí salienta la falta de «pruebas que apunten a un incumplimiento de la legislación de la UE«; y destaca, en cuanto al reglamento sobre la restauración de la naturaleza, que »establece objetivos vinculantes« para los Estados miembro, pero «no impone obligaciones directas a las empresas». «Corresponde a los Estados miembro determinar y establecer en sus planes nacionales de recuperación, cómo alcanzar esos objetivos y dónde poner en marcha medidas de restauración, teniendo en cuenta la situación a nivel nacional, regional y local«, subraya; e incide en que, en todo caso, »corresponde en primer lugar a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembro verificar el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes de la UE«.
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