Canarias vuelve al vagón de cola en la inversión en dependencia por habitante, con la tasa más baja de 2023 en toda España, con un total de 138,2 euros frente a la media estatal de 240,5 euros. Además, en la inversión por persona potencialmente dependiente está la penúltima, con 1.238 euros, tal y como ha defendido un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En total el año pasado se certificó en el archipiélago un gasto total de 305,9 millones de los que el 28,5% fue aportado por el Estado (87,1 millones) y el resto por la comunidad autónoma (218,7 millones), casi en el límite de la media estatal. Canarias se coloca por debajo de la media de los 1.825 euros con 1.248 euros , junto a Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros y Galicia, con 1.073 euros. En el otro extremo está Baleares, donde la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; Castilla y León, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros. El informe recoge también que Castilla y León, Galicia y Aragón «hicieron caja» con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros : 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una «acusada desigualdad territorial», donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, «cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación». Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General «refuerza la financiación del sistema». Los recortes en la aportación en algunas comunidades autónomas «han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque», según la entidad. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el « incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel». «Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia «, argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. «Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo», ha denunciado la entidad.
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