Sanidad ha empezado a estudiar el efecto de un eventual trasvase de funcionarios: aunque hay algunos precedentes, los expertos consideran que "no sería catastrófico" para el sistema público y advierten de que el argumento está siendo usado por las compañías para forzar la negociación
El Gobierno estudia prorrogar el contrato de Muface con las aseguradoras privadas de los funcionarios
El Ministerio de Sanidad está evaluando el “impacto” que tendría asumir en el sistema público al millón y medio de mutualistas de Muface cuya asistencia sanitaria pende de un hilo tras quedar desierto el concurso de cobertura médica de los funcionarios. El equipo de Mónica García ha empezado a realizar este trabajo “de manera exploratoria” para, en el caso de que se produjera el trasvase, dimensionar qué efecto tendría en los recursos públicos según los territorios y los diferentes grupos de edad, han avanzado fuentes ministeriales, que aseguran que no quieren “interferir” en un proceso de negociación en el que Sanidad no participa.
De acuerdo con los cálculos que hasta el momento ha hecho Sanidad, el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública supondría incrementar un 3,7% el volumen de población cubierta por el Sistema Nacional de Salud en la franja de 64 a 79 años –los llamados babyboomers– y un 2,35% en mayores de 80. El porcentaje de personas de más atendidas, de producirse finalmente esta situación, se sitúa entre un 2 y un 3% respecto a los que ya tienen su tarjeta sanitaria pública.
La ministra Mónica García ha manifestado en las últimas semanas sin ambages que el sistema de Muface “no es ninguna prioridad” para su equipo y lo ha tildado de “anacrónico”. “Da unas condiciones que son diferentes del resto de los ciudadanos y, para mi gusto, no son mejores”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Con el rechazo de las aseguradoras a presentar oferta para el concurso, el Ministerio reitera que “no es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos por la sanidad privada”. No obstante, añaden fuentes ministeriales, “hay que respetar los procesos de negociación y no vamos a entrar a enturbiar o interferir en dicho proceso”.
Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan el servicio, dieron un portazo este martes a las condiciones que planteaba el Ministerio de Función Pública: una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, con un incremento total bianual de 304 millones de euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior, un 17% más. La prima media por mutualista se situaba en unos 1.032,12 euros este año y en 1.208,81 en 2026. Tras esta renuncia, Muface avanzó primero que preparaba una nueva licitación, aunque este escenario inédito ha hecho al Ejecutivo plantearse prorrogar el contrato con las aseguradoras mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la “falta de un plan claro”.
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