Compromís se ha aliado partidos independentistas de toda España -los catalanes ERC y Junts, y el vasco Bildu-, los nacionalistas gallegos del BNG y con Sumar y Podemos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa del presidente valenciano Carlos Mazón , que da libertad a las familias para elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Los 50 diputados -mínimo legal para firmar este documento ante el Tribunal Constitucional- consideran que dar esa potestad a los progenitores «va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía valenciano, en la Constitución Española y diversas leyes educativas de rango superior», según ha detallado Compromís en un comunicado. Estos partidos argumentan que la norma promulgada por PP y Vox en las Cortes Valencianas «obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales». No obstante, hay dos centenares de colegios e institutos que han votado ya el denominado Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) en sus Consejos Escolares, si preferían mantener el ya vigente con la anterior ley de Plurilingüismo -impulsada por Compromís durante el Gobierno autonómico anterior coaligados a los socialistas- o querían cambiar. Aproximadamente la mitad han optado por modificarlo, un proceso que se ha resuelto antes de la matriculación y, por lo tanto, en esos hogares ya saben cuál será el idioma base en las aulas. Posteriormente, progresivamente habrá votaciones en el resto de centros. Las formaciones políticas que han secundado a Compromís han asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en la ley de educación del PP valenciano. Se trata de que cada alumno pueda elegir lengua para hacer los exámenes y «esto atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura». En cambio, hay otras resoluciones del mismo TSJCV que amparan a otros estudiantes que habían exigido su derecho a escoger su lengua materna -el castellano- para las evaluaciones. Los diputados nacionalistas y de izquierdas, concentrados simbólicamente este miércoles en la Puerta de los Leones del Congreso , consideran, además, que la ley del PP «permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas». Aluden a las materias troncales no lingüísticas, no a la propia del aprendizaje del idioma, que sólo imparten docentes con la titulación. Finalmente, asegura que «existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de 7 sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», aunque esta norma se acaba de empezar a aplicar en este curso académico y no se conoce hasta la fecha ninguna resolución judicial, entre otras razones, porque materialmente no ha habido tiempo material. Tras conocer la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido su norma por dejar libertad a las familias para decidir sobre la lengua de enseñanza. «Los 50 diputados nacionales se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Estado de las autonomías, nuestras competencias ejecutivas y Les Corts porque quieren seguir apoyando el proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán «, se ha preguntado el líder autonómico. En declaraciones a los medios, ha manifestado que «es sorprendente la velocidad con la que se indulta y se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones». En esa línea, ha afirmado que los 50 diputados firmantes «van a tener que explicar si creen o no en el Estado de las autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat Valenciana ese ' procés ' de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años». Asimismo, se ha comprometido a seguir defendiendo el autogobierno y «la capacidad de la mayoría del pueblo valenciano que ha decidido en base a un programa electoral respaldado mayoritariamente por las urnas que querían libertad educativa» y la promoción por igual de las dos lenguas, «sin imposiciones a favor de la 'nostra llengua' y trasladando mayor esfera de libertad a las familias». Por último, Mazón ha justificado que «la ausencia de esta imposición supremacista » es un compromiso del Gobierno valenciano y que forma parte de sus convicciones.
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