La proposición de ley que el PSOE ha llamado de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» supone una reforma de la acción popular de tal calado que impedirá no sólo que partidos políticos, asociaciones o fundaciones impulsen procedimientos judiciales cuando no hay acusación particular y la Fiscalía tampoco acusa, sino que colectivos que aglutinan a jueces o fiscales tampoco puedan hacerlo. La ley afectaría «a todos los procedimientos en curso» desde su entrada en vigor. Invocando la imagen de imparcialidad del Poder Judicial, el texto no sólo establece como causa de recusación el posicionamiento político de un juez, algo que a día de hoy ya es objeto de expedientes disciplinarios y... Ver Más
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