La Policía Nacional ha detenido a 21 personas integrantes de una red que captaba a mujeres con muy pocos recursos en Colombia para, una vez en España, tras entrar en el país como turistas, obligarlas a ejercer la prostitución todo el día en pisos de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia.
Un total de 24 mujeres han sido liberadas y cinco pisos han sido clausurados, según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional en un comunicado en el que detalla que fue la denuncia de una víctima la que permitió desmantelar este entramado liderado por una mujer y varios familiares.
Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1), entre las que se encuentran los cuatro responsables del entramado que han ingresado en prisión provisional.
Los investigadores pudieron establecer que la organización criminal captaba a las víctimas en su país de origen a través de anuncios en portales de internet de contactos sexuales y, ocasionalmente, a través de otras mujeres que habrían estado bajo control de la organización criminal.
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Las mujeres aceptaban las condiciones impuestas debido a su precaria situación económica en origen y con la esperanza de mejorar su situación vital, siendo en muchas ocasiones el único sustento de su núcleo familiar.
Las víctimas viajaban por vía aérea desde su país de origen u otros países de la Unión Europea hacia España, simulando tratarse de un viaje de turismo, aunque la organización les repercutía esos gastos como deuda.
21 días en cada piso
Cuando las mujeres llegaban a España eran trasladadas a alguno de los pisos -al menos seis en las provincias de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia- donde permanecían por periodos de 21 días. Pasado ese tiempo las trasladaban a otras viviendas con el objetivo de satisfacer la demanda constante de "mujeres nuevas" de los clientes y aumentar así los beneficios del entramado.
Las víctimas eran obligadas a aceptar todos los encargos sexuales durante las 24 horas del día con una única jornada de descanso a la semana y dos horas libres previo aviso a los integrantes de la red criminal. De las ganancias obtenidas por los servicios sexuales realizados, solo tenían derecho al 50 por ciento.
Los propios integrantes de la red criminal eran los encargados de responder y concertar los servicios sexuales con los clientes, ya fuera a través de llamadas telefónicas o de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y duración de los servicios. Además, los pisos de citas funcionaban también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, y de medicamentos sujetos a venta bajo prescripción médica indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil.
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El entramado criminal recaudaba los beneficios de ambas actividades delictivas a través de una plataforma de pago para telefonía móvil.
Para ello contaba con una red de colaboradores que aportaban líneas de teléfono y cuentas bancarias donde se efectuaban los pagos que, posteriormente, eran trasmitidos a los cabecillas del entramado criminal en efectivo o a través de criptomonedas. Para blanquear esos beneficios derivados hacían uso de sociedades mercantiles interpuestas a través de las cuales adquirían diversos bienes muebles e inmuebles.
La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
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