Amnistía Internacional y el centro Irídia, junto con otras organizaciones europeas, reclama sanciones a las empresas del grupo NSO y la prohibición del programa espía en la UE
Los Mossos corroboran por primera vez el espionaje con Pegasus a dirigentes de ERC
Nuevo intento de los espiados con el programa Pegasus para desentrañar la opacidad en la que permanece la infiltración en sus teléfonos móviles. El abogado Andreu Van den Eynde, letrado de ERC y de Oriol Junqueras y espiado en 2020, ha solicitado al juzgado que impute a tres fundadores y directivos de la firma israelí NSO Group a través de la filial que el grupo tiene en Luxemburgo.
La petición al juzgado es un intento para intentar que la causa no termine en vía muerta dada la falta de colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Israel, y se produce en paralelo a una campaña europea de decenas de entidades de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional o el centro Irídia, par reclamar a la Unión Europea que prohíba el uso del software espía y sancione a la filial en Luxemburgo del grupo israelí.
Un informe pericial aportado al juzgado por parte de Irídia, cuyo abogado Brian Ventura representa a Van den Eynde, ha descubierto nuevas filiales del grupo israelí en Luxemburgo. Otros independentistas espiados ya habían pedido dirigir las pesquisas hasta este país europeo, pero el juez de su caso (la investigación de Pegasus está diseminada en media docena de juzgados de Barcelona) se ha negado.
Los tres directivos que se pide imputar son Yuval Somekh; directivo de la empresa en el periodo en el que Van den Eynde fue espiado; Omri Lavie, cofundador de la empresa y que permanece en su junta directiva; y Shalev Hulio, cofundador de NSO Group y director general hasta 2022. Antes de fundar la empresa fue comandante del mando de Defensa Civil del Ejército de Israel.
De acordarse su imputación, sería la primera vez que un juzgado español investiga formalmente a los empresarios que vendieron el programa espía. Algunos de los directivos ya han comparecido ante la Justicia estadounidense.
“Espiar a un abogado supone romper por completo las reglas del juego, ya que sus casos están protegidos por el secreto profesional y la intromisión puede haber accedido a información de sus clientes”, ha recordado la directora del centro Irídia, Anaïs Franquesa.
Por su lado, Júlia Pérez, de Amnistía Internacional, ha denunciado que Pegasus es “una herramienta de vigilancia masiva que vulnera derechos humanos”.
Shir Hever, un investigador internacional independiente, ha explicado que la actual tercera versión de Pegasus utiliza la inteligencia artificial para descargarse toda la información de los móviles y conectar cámara y micro sin que el afectado se dé cuenta. “Es un arma letal”, ha remachado.
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