El exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos ha sido condenado a cinco meses y siete días de suspensión para empleo público por un delito continuado de cohecho pasivo en el juicio del caso Astapa. Un macroproceso por corrupción que trascendió después de la operación Malaya, que arrancó con medio centenar de acusados y que se ha desinflado durante el juicio con penas menores y más de 30 absueltos.
El exregidor afrontaba la lectura del fallo con optimismo y remarcando a la prensa que "me mantengo en que fui un alcalde decente y honesto". "Estábamos en el subsuelo y esperamos alcanzar hoy la cima", apuntó en referencia a la notable rebaja de condena que aplicó la Fiscalía al final del juicio.
Diecisiete años después de que fuese arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Barrientos y el resto de acusados enfilaban a primera hora del 9 de enero de 2023 la escalera de acceso a la Ciudad de la Justicia de Málaga para afrontar la primera jornada del proceso. La vista oral, que comenzó con la lectura de las cuestiones previas, se estructuró por bloques para facilitar su celebración, aunque la complejidad de esta causa hizo que las sesiones se prolongaran durante un año y medio.
El fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, y que sumaban más de 200 años, al considerar que concurrían dilaciones indebidas y extraordinarias y tras alcanzarse acuerdos de conformidad con dos procesados.
El Ministerio Público acusaba a Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación; de cohecho y de prevaricación, pero de diez años y nueve meses de prisión que solicitaba inicialmente, rebajó la petición a dos años de encarcelamiento. Y de un millón de euros de multa se ha pasado a solicitar 40.000 euros.
También retiró toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y por "no haber más perjudicados" en este caso.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003—2008, que los políticos procesados se valieron de sus puestos de responsabilidad para supuestamente tomar decisiones acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios". ¿El fin? Presuntamente para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y en su beneficio propio.
Durante todo el proceso judicial mantuvo la supuesta existencia de "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios" y que se nutría de donaciones o patrocinios de actividades para "eludir controles". Las presuntas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios" fue otra delas vías de financiación ilícita que apuntaron los investigadores.
El titular de juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que llevó la instrucción del caso, incluso aludió a una llamada ‘caja C’ de la que supuestamente se beneficiaban "personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento y su entorno" para "recibir" regalos o pagos para sufragar gastos de campañas electorales. Entre los presentes relatados por el juez en su auto destacan televisores, viajes, relojes de importantes marca o abono de consumiciones en establecimientos hosteleros —incluso de naturaleza sexual— hasta trasferencias de dinero por "una cantidad escandalosa con destino a cuentas de personas del Consistorio o familiares".
La Fiscalía mantuvo el relato inicial en su escrito definitivo, aunque matizó determinados convenios de los que en el juicio "no se ha probado que en su negociación los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio" o que "no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita" las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
Añadió que no se pudo probar que determinados regalos o promesas económicas y precisó que, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas, y haberse anulado las escuchas telefónicas, no se acreditó en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.
También introdujo la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento "habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros", pero debido a su caducidad y "la ausencia de actos de reactivación" habían prescrito.
La 'vía Villarejo'
Las defensas, por contra, cuestionaron la investigación y llegaron a calificarla de "irregular" tras incidir en que se fabricaron "informes falsos". Jaime González y María Gutiérrez, abogados del exalcalde, sostuvieron durante el proceso que la causa se inició "sin control" judicial y con "continuos" contactos previos a la denuncia entre los denunciantes y agentes. Entre ellos, el polémico excomisario Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.
Los letrados consideraron que la anulación de las escuchas telefónica avalaba esta tesis y defendían que muchas de las resoluciones adoptadas durante el caso Astapa —considerada como la ‘mini Malaya’ por su proximidad geográfica y temporal con la causa marbellí— "no estaban debidamente fundamentadas" y se basaban en "rumorología" o "afirmaciones de terceras personas".
Sus sospechas se hicieron extensibles al denunciante de esta presunta trama corrupta, el entonces concejal del PSOE David Valadez, que sustituyó a Barrientos al frente de la Alcaldía esteponera. Junto a la edil Cristina Rodríguez, presentó una denuncia contra la "corrupción institucionalizada que se había instalado en el Consistorio, según aseguró en su declaración en el juicio, donde negó que Villarejo impulsase el inicio de la investigación contra sus compañeros de corporación. "A este señor lo conocí mucho después de ser elegido alcalde", testificó.
Frente a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga que han enjuiciado el caso, y que se han pronunciado este viernes, aseguró que "estábamos hartos de denunciar lo que estaba ocurriendo en todos los niveles de nuestro partido sin que se nos hiciese el más mínimo caso".
Barrientos ha mantenido su inocencia y la "convicción de que siempre actué en defensa de lo público", algo que junto al apoyo de su familia, especialmente de su mujer, le ha hecho resistir este "duro y largo" proceso. También manifestó su "confianza plena y absoluta" en justicia, esperando que "se haga justicia".
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