El Congreso rechazará este martes el conflicto de atribuciones con el PP, a través de su mayoría absoluta en el Senado, había intentado paralizar la tramitación de la ley de amnistía. Un informe de los letrados que aprobará el órgano de gobierno de la Cámara Baja este martes rechaza ese conflicto, habla de “injerencia” por parte de la otra cámara parlamentaria y le insta a que siga adelante con la tramitación de la ley.
El mes pasado, el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para abrir un inédito conflicto con el Congreso a cuenta de la ley de amnistía y como paso previo de recurrir ante el Tribunal Constitucional la simple tramitación de la norma. El partido de Alberto Núñez Feijóo aducía que la mera tramitación de la ley de amnistía era de por sí fraudulenta y que por tanto el Senado no podía tramitarla.
Ahora el informe del Congreso, que aprobará este martes la mayoría progresista de la Mesa, habla de una “injerencia” por parte del Senado y critica que la función de la Cámara Alta no puede atribuirse funciones “fiscalizadoras” sobre el cumplimiento del reglamento parlamentario que en todo caso corresponden al Tribunal Constitucional. “Estas alegaciones implican una clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria”, reza el texto que ha avanzado El País y al que ha tenido acceso elDiario.es.
“Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara en defensa de sus atribuciones constitucionales inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”, había avanzado hace un mes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Un movimiento inédito que concretó después el Senado y que se produjo después de la redacción de dos dictámenes de la letrada mayor esa cámara, Sara Siera, y de los letrados, quienes consideraron que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, pese a lo que dan vía libre a su tramitación, sino que es “una reforma encubierta de la Constitución” por lo que el Congreso habría incurrido en una “realización fraudulenta del procedimiento legislativo”.
El Congreso tenía hasta el 11 de mayo para responder a la cuestión que le planteaba el Senado, aunque ha decidido acelerar lo máximo posible los plazos. El Partido Popular queda ahora abocado a recurrir al Tribunal Constitucional si quiere proseguir en su empeño de paralizar la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés independentista que aprobó la Cámara Baja hace justo un mes.
El plazo para que la Cámara Alta devuelva la norma al Congreso (ya sea vetada o enmendada) es de dos meses desde su aprobación el 15 de marzo. Posteriormente, si la ley sigue su curso, cabrán otros recursos que tengan en cuenta el fondo de la ley, bien ante el propio Constitucional bien ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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