El dictamen del órgano consultivo confirma que el decreto supera las competencias autonómicas e incumple la legislación en materia de protección de menores, por lo que el Gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad
El Consejo de Estado ha dado luz verde al Gobierno para elevar al Tribunal Constitucional el protocolo de acogida de menores migrantes, por el que añadían una serie de trámites previos a su recepción que, en la práctica, retrasaba la entrada de los niños y menores extranjeros en los centros de acogida. El dictamen del órgano consultivo confirma que el decreto supera las competencias autonómicas e incumple la legislación en materia de protección de menores, por lo que el Consejo de Ministros ha acordado impugnar la normativa autonómica ante el Constitucional.
El protocolo conlleva “una violación del orden constitucional, pues no se limita al ambito competencial autonómica y encierra una vulneración” de derechos que puede contribuir a dejar a los menores en una situación de abandono“, ha trasladado el titular de Política Territorial, Ángel Victor Torres, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. El ministro ha leído algunas de las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado para explicar que que considera que las entidades públicas de protección de menores ”están obligadas a atender a los menores desde el mismo momento de localización y entrada de estos“, en contraposición al protocolo canario que defendía que estos estaban bajo la guarda de las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, no estaban en situación de desamparo.
El decreto de Canarias también exigía la identificación y determinación de la edad de los menores antes de ser acogidos por los centros de acogida autonómicos. Sobre ello, el órgano consultivo apunta que “las dificultades en la identificacion y determinacion de edad y la insuficiencia o saturación de las plazas de las comunidades autónomas no son circunstancias que la ley de extranjería permita justificar un eventual rechazo de los gobiernos autonómicos a la recepción de los menores ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir”.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias ''por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia'' y ''sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo''.
Tras la aprobación del protocolo canario, la Fiscalía Superior de Canarias ya había advertido al Gobierno canario que no permitiría que menores migrantes llegados a las Islas no sean acogidos por los centros de atención. El Ministerio Público cuestionó la hipótesis en la que basa el decreto por el que pretende hacer al Estado responsable de los menores migrantes a sus costas, por la que Canarias alega que estos niños y adolescentes, aunque estén solos, no se encuentran en situación de desamparo, dado que están custodiados por agentes de la Policía Nacional a su llegada a la costa.
eldiario.es