El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha enjuiciado el caso 'Astapa', contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona, ha comunicado este viernes la absolución del empresario cordobés José Romero , al frente entonces de Grupo Prasa , sobre la acusación que pesaba sobre él. Fuentes próximas al empresario han señalado a ABC la satisfacción del mismo al conocer el fallo tras casi 17 años que han pesado como una losa en el devenir de esta empresa familiar cordobesa. El tribunal había citado a las partes este viernes para dar lectura pública al fallo de la sentencia. Fueron casi 50 acusados los que llegaron al inicio del juicio, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos , así como otros exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Tras la celebración de la vista oral, eran 37 las personas que estaban acusadas, una vez que la causa se sobreseyó para algunos procesados y después de que la Fiscalía retirara la acusación para nueve personas. La investigación comenzó en 2007 vinculada al excomisario Villarejo . La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio se estructuró por bloques para facilitar su celebración, aunque la complejidad de esta causa hizo que las sesiones se prolongaran durante un año y medio. En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada. Además, hay acuerdos de conformidad con dos procesados. En un primer momento, el Ministerio Público pedía cuatro años y medio de prisión para José Romero al posicionarlo como «autor material» de un presunto delito de fraude y «cooperador necesario» de otro de falsedad documental. Al final sólo mantuvo su acusación sobre éste último. Por ambas infracciones solicitaba una multa de quince meses en cuotas de 20 euros y su inhabilitación para cargo público durante cuatro años. Todo ello en base a dos convenios urbanísticos de 2001 y 2003 para promover viviendas en la zona y para las que, según el relato fiscal entonces, habría pagado comisiones. La larga y tortuosa instrucción y enjuiciamiento del caso (16 años y 4 meses) deparó finalmente una reducción de esa pena solicitada por la Fiscalía y este viernes la absolución de un caso que ha pesado como una losa en la trayectoria del grupo empresarial cordobés durante todos estos años de crisis económica y reestructuración del mismo . Una mácula que ha lastrado muchas opciones de financiación del grupo en estos largos lustros.
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