El Gobierno se ha visto obligado a retrasar nuevamente la reforma fiscal ante la falta de apoyos de sus socios parlamentarios. Los socialistas han negociado intensamente en las últimas horas con su socio de gobierno y el resto de partidos de la izquierda para intentar acercar posturas pero ha sido en vano. Finalmente, la Comisión de Hacienda que debía elaborar el dictamen para elevarlo al Pleno ha sido desconvocada minutos antes del inicio y se ha fijado para el lunes por la tarde.
El PSOE había pactado con Junts y con el PNV mantener el impuesto extraordinario sobre la banca, aunque diluido, y en cambio eliminar el gravamen sobre las eléctricas. Pero la exigencia de Sumar, ERC, Bildu y Podemos para hacer permanentes ambos hace inviable la tramitación.
El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero gana más tiempo, aunque eso no sea garantía de que finalmente lleguen a un acuerdo. Las posturas son contrarias entre Junts y el PNV, de un lado, y Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, del otro.
Los grupos aliados, muy críticos con la negociación que ha liderado Montero estas últimas semanas, son pesimistas en cuanto a las opciones de pacto. La única solución viable en este momento es que el PSOE y Sumar acuerden limar el proyecto de ley original, que transpone una directiva europea para fijar el mínimo del impuesto de Sucesiones a las multinacionales en un 15%, y decaigan el resto de propuestas fiscales que han introducido los grupos. "No estamos en esa tesitura", señaban ayer fuentes de Hacienda, que necesitan avanzar en su objetivo de incrementar la fiscalidad.
Para salvar la transposición europea el PSOE necesita el apoyo del PP, ya que tanto Junts como ERC han avanzado que no la apoyarán sin el resto de sus enmiendas. "Tenemos un pacto, o todo o nada", avisan los de Carles Puigdemont.
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