Con la legislatura en ciernes y la ley de Amnistía acaparando los focos de la actualidad política, el Gobierno se desmarcaba el pasado mes de marzo anunciando a bombo y platillo una reforma del Reglamento del Congreso para modificar los 207 artículos del mismo adaptándolos al lenguaje inclusivo. Un anuncio que escondía un compromiso de investidura con sus socios más radicales. Cambio normativo, justificaban, para «que no se invisibilicen las contribuciones parlamentarias de las diputadas» y que dejaba en el aire, por ejemplo, el término diputados, que pedían cambiar por el de miembros de la cámara. Era tan relevante el asunto que la iniciativa no tardó en ser llevada al pleno, que la admitió a trámite con los votos del... Ver Más
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