Desde 2011 comparte esas funciones con el Estado pero entiende que la futura gestión de la Seguridad Social le permitirá disponer de más atribuciones
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El Gobierno de Imanol Pradales desea una “ampliación” de las competencias actuales de Euskadi en materia de Inspección de Trabajo. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, entiende como algo natural e “indeclinable” que si se produce una transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones de paro, muy resumidamente) se delegue también en la comunidad autónoma la potestad sancionadora y de control de esas materias. El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga preguntó por escrito a Ubarretxena por los pasos para lograr una transferencia “completa” de la Inspección de Trabajo y el Ejecutivo, según ha informado al Parlamento, ya ha elaborado una “ficha” para trasladar al Estado una propuesta de acuerdo en este sentido.
El PNV pactó con Pedro Sánchez el desarrollo íntegro del Estatuto de 1979 antes de finales de 2025. Eso mismo se trasladó al acuerdo de coalición en Euskadi con el PSE-EE. En ambos casos, se incluye expresamente el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es decir, que una ventanilla autonómica pueda abonar los 12.000 millones de euros en pensiones. Es algo nunca antes cedido por el Estado. Precisamente este miércoles Pradales iba a desplazarse a Madrid para constituir con el presidente del Gobierno una comisión bilateral diseñada en 1987 pero no activada hasta ahora para dar el máximo impulso político a las transferencias pendientes. Los nacionalistas sostienen que son 29, aunque los socialistas matizan algunas de ellas. La reunión ha quedado pospuesta 'sine die' por la priorización que le da el Gobierno central a la gestión de las consecuencias de la gota fría en Valencia.
Explica Ubarretxena a la Cámara que la “ampliación” de la competencia de la Inspección de Trabajo será uno de los puntos sobre esa mesa. Son materias “prioritarias” ya que “se trata de ámbitos competenciales significativos”, argumenta. La primera transferencia se cerró en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y Patxi López en Ajuria Enea. Euskadi fue la última comunidad en recibir las políticas activas de empleo (el actual Lanbide, el antiguo Inem) y, como otra cara de aquella moneda, se cedió igualmente una parte de las funciones de la Inspección de Trabajo. Desde entonces, cohabitan inspectores autonómicos y estatales, cada uno con unas funciones tasadas.
Aquel acuerdo marcaba, por ejemplo, que el Estado mantenía competencias sobre “legislación”, sobre materias de ámbito superior al autonómico o internacionales, sobre estadística y, en lo puramente operativo, sobre “materias de orden social competencia de la Administración general”, es decir, la Seguridad Social, aunque “sin perjuicio de la necesaria coordinación y colaboración con la comunidad autónoma”. En la práctica, hay equipos compartidos y las resoluciones de la Inspección de Trabajo se presentan con los escudos tanto del Gobierno de España como del vasco. Se opera desde el principio de “unidad de función y de actuación”, explica en su web la Inspección de Trabajo autonómica.
El actual Ejecutivo entiende que aquel acuerdo fue “adecuado” en cuanto a personal y medios materiales pero asegura que es posible dar un paso más. “Las funciones de la Inspección son adyacentes a las funciones que se vayan asumiendo en cada materia sustantiva del orden social [...]. Por lo tanto, la prioridad que cada materia tenga en las negociaciones indicará la prioridad de la función inspectora correspondiente”, entiende la consejera. “Las previsiones por las que se guía [el Gobierno] -ahonda Ubarretxena- se sustentan en el compromiso manifiesto del Gobierno estatal de materializar las transferencias pendientes para finales de 2025 y, como se ha indicado, entre ellas estará la ampliación del traspaso de funciones y servicios en materia de función pública inspectora”.
En paralelo, Ubarretxena ha presentado este martes en el Parlamento Vasco las líneas maestras de los presupuestos de 2025 en lo tocante a su cartera. Sobre autogobierno, ha indicado expresamente que incrementarlo “incide directamente” en el “nivel de bienestar” de la ciudadanía. Ha recordado que el Estatuto acaba de cumplir 45 años y que aún “no se ha cumplido” en su totalidad. Es “imprescindible” acometer ya las 29 transferencias pendientes, ha recalcado. Ya es público también que media docena de ellas podrían estar cerradas ya en 2024, incluyendo la gestión del litoral o Salvamento Marítimo. Después, ha apelado a superar ese marco y explorar un nuevo Estatuto. Ha recordado que hay “mayoría” en la Cámara para acometer algo que ya fracasó en dos ocasiones anteriores, con Juan José Ibarretxe y con Patxi López.
En general, Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno gestionará 179,6 millones de euros en 2025, un 7,9% más que en 2024. La subida es superior a la media conjunta, que es del 4,7%. Los objetivos globales de Ubarretxena son “acercar, modernizar, agilizar y digitalizar la Administración. Como proyectos estrella ha citado la posibilidad de facilitar la burocracia a la hora de tramitar prestaciones desde el servicio Zuzenean. En el caso de Vitoria, está pendiente la reforma del gran edificio comprado en la plaza del Arca, en pleno centro de la capital, precisamente para instalar las nuevas ventanillas de atención al público. La oposición ha criticado que la apertura de ese espacio se esté retrasando conforme a las previsiones de calendario lanzadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
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