Función Pública da un vuelco al procedimiento y pedirá a las compañías privadas que justifiquen los costes del servicio tras rechazar "la mayor subida de la historia"
Sanidad acusa a las aseguradoras privadas de seleccionar pacientes y cree que sería “razonable” extinguir Muface
El Gobierno quiere resolver el entuerto de Muface. Tras el plantón de las aseguradoras a Función Pública en el concierto para prestar asistencia sanitaria a cientos de miles de funcionarios y sus familias en 2025 y 2026, el Ministerio que dirige Óscar López ha optado por lanzar de nuevo la pelota al tejado de las compañías privadas. El Ejecutivo abrirá este miércoles un periodo de consultas preliminares de mercado, en el que las compañías tendrán que decir por cuánto estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los cerca de 770.000 trabajadores públicos y sus 424.000 beneficiarios que a día de hoy han optado por la sanidad privada.
“Vamos a una nueva licitación, pero con un procedimiento nuevo y con una investigación de mercado para que haya transparencia”, señalan fuentes del Ministerio. De facto, la decisión da un vuelco al procedimiento: si antes era el Gobierno quien estimaba los costes para las aseguradoras, ahora deberán ser estas las que calculen esos gastos. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, verbalizan estas voces.
Las consultas preliminares del mercado vienen recogidas en la ley de contratos públicos y autorizan a los órganos de contratación, en este caso Muface, a realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. No se trata de que las aseguradoras privadas pongan el precio por el que estarían dispuestas a concurrir al nuevo concurso, sino que justifiquen esa cifra. “La idea es que puedan indicar qué prima ofrecen por cada uno de los tramos de edad y que aporten evidencias sólidas sobre cómo se construyen esas primas”, señalan las fuentes consultadas.
Las compañías tendrán 10 días para presentar esas evidencias y justificar cuánto dinero necesitan para ser rentables. Tras estas alegaciones, el Ministerio preparará un nuevo pliego de condiciones, sin que la información ofrecida por las aseguradoras sea vinculante. Las empresas tampoco podrán pactar su respuesta. “Ni nos planteamos que lo hagan, porque es ilegal”, indican las fuentes consultadas.
El Ministerio de Función Pública ha insistido en las últimas semanas en que la asistencia sanitaria de los mutualistas está garantizada en las condiciones actuales. El Ejecutivo se guarda bajo la manga el as de una prórroga que obligaría a Adeslas, Asisa y DKV, las beneficiarias del concierto actual, a seguir prestando atendiendo a los funcionarios con las condiciones actuales durante meses.
“La situación la han creado ellas. La acción que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar la mayor subida de la historia de Muface. Ese es el hecho objetivo”, señalan fuentes ministeriales, que asumen, no obstante, que una hipotética nueva licitación será más costosa. La lógica indica que si alguna compañía hubiera querido concurrir por menos de un aumento del 17%, ya lo habría hecho en la primera licitación.
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