El Gobierno mantiene el déficit pese a la revisión del INE y gana margen para negociar con Junts

La revisión del dato del PIB publicada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado el terreno expedito para que el Gobierno mejore las previsiones. El llamado cuadro macro, que son los supuestos con los que el Ejecutivo traza su política económica —incluidos los presupuestos, que debería presentar la próxima semana, y el plan fiscal, que deberá remitir a Bruselas antes del 15 de octubre—, ha sido actualizado, pero solo en lo que se refiere al crecimiento. El PIB aumentará un 2,7% el año que viene, tres décimas más de lo estimado anteriormente, un 2,2% en 2025 (otras tres décimas adicionales), y un 2% en 2026 y 2027, según adelanto este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Sin embargo, en su comparecencia de este martes tras la aprobación del nuevo cuadro macro en el Consejo de Ministros, el propio Cuerpo no ha informado de ninguna revisión en el déficit público o la deuda. Fuentes de Hacienda confirman que ese dato no se ha tocado, pese a que el incremento del PIB de 2023 en 36.400 millones decretado por el INE debería haber supuesto una revisión automática de casi una décima a la baja de la previsión de déficit para los próximos años, después de que en el anterior el dato real haya pasado del 3,64% al 3,55%. Al final, se trata de un cociente entre el saldo del conjunto de las administraciones públicas (numerador) y el PIB (denominador), por lo que, si este último aumenta, el porcentaje se reduce.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene la estimación del 3% para 2025 y el 2,5% para 2026, una cuestión aparentemente técnica, pero que podría tener una trascendencia política muy relevante. Continuar con el mismo objetivo porcentual con un PIB superior significa poder tener un saldo negativo absoluto un poco mayor sin incurrir en incumplimientos. Y eso da más margen en la negociación con Junts sobre la senda de deuda, que establece el reparto de ese déficit entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el partido de Carles Puigdemont ha bloqueado hasta ahora.

Serían unos 1.500 millones de euros más a repartir. Desde el punto de visto de los independentistas catalanes, se antoja insuficiente, ya que reclaman que las comunidades se hagan con una tercera parte del objetivo total. Según una resolución del Parlament aprobada en 2014, eso significaría unos 1.800 millones de euros solo para Cataluña, una cifra incluso superior a la que la revisión del INE deja en bandeja para que Hacienda pueda disponer a su antojo y que, si decidiese ceder a las comunidades, se debería repartir entre todas ellas.

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En cualquier caso, el Gobierno gana margen de maniobra para satisfacer las aspiraciones de Junts. Los independentistas catalanes denuncian que, con la senda de estabilidad actual —que ya fue rechazada en julio—, las comunidades autónomas solo podrán incurrir en un déficit equivalente a 0,1 puntos del PIB, frente a los 2,4 del Estado. La solución pasaría por un nuevo reparto en el que el Estado cediese una parte de ese espacio fiscal a las regiones. Los primeros 1.500 millones que acaban de emerger tras la revisión del INE permitirían que una parte de esa cesión se pudiese hacer sin necesidad de que la Administración central se apriete más el cinturón.

No hay que olvidar que la senda de déficit es una condición sine qua non para que el ciclo presupuestario pueda avanzar y, por tanto, que España pueda tener unas cuentas públicas para el año que viene. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar unos presupuestos para 2025, después de haber renunciado a esta posibilidad en 2024, lo que obligó a gobernar con una prórroga de los del año anterior. De momento, el no de Junts ha obligado al Gobierno a posponer la votación de este jueves sobre la senda, y el Ejecutivo se ha abierto a negociar con los grupos un nuevo reparto. Ahora lo tendrá un poco más fácil.

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