El Servicio Vasco de Salud tampoco volverá a delegar en empresas privadas la gestión de sus redes sociales
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El nuevo equipo al frente de la Sanidad vasca, capitaneado por el consejero Alberto Martínez, continúa replanteando iniciativas del anterior, dirigido por Gotzone Sagardui. En los últimos días se ha confirmado la paralización del plan para reconvertir la antigua sede de EiTB en Iurreta en una plataforma logística de gestión privada para Osakidetza, una infraestructura millonaria, y también se ha decidido no externalizar más la gestión de las redes sociales del Servicio Vasco de Salud. En ambos casos, el sindicato LAB había presentado recursos.
El primer proyecto fue presentado por el anterior Gobierno en el tramo final de la legislatura como una inversión de 30 millones de euros que iba a estar operativa en 2026. Iba a permitir “optimizar la adquisición y reparto de suministros sanitarios y no sanitarios al conjunto de la red de hospitales y centros de salud de Osakidetza”. Como “ventajas”, el equipo de Sagardui había publicitado que se iba a “optimizar” la política de compras y “minimizar las tareas administrativas, burocráticas y logísticas de los profesionales sanitarias asociadas a la gestión de materiales”, algo que aparentemente iba a “redundar en la mejora de los servicios asistenciales”.
El sindicato LAB presentó un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) para frenar este nuevo intento de lo que considera una “privatización” de las capacidades de la Sanidad pública. “Supone la pérdida de puestos de trabajo en la actual plantilla”, argumentó cuando se dio a conocer el proyecto de Iurreta. Añadió que se estaba siguiendo una política de “desmantelar” Osakidetza y remarcó que la red disponde de “24 almacenes” con personal que podría asumir con “normalidad” las tareas propias del nuevo centro centralizado.
Fuentes del equipo de Martínez han confirmado a este periódico que se ha decidido poner en 'stand by' el proyecto de Iurreta e iniciar una “reflexión” sobre qué tipo de proyecto sería mejor. El sindicato LAB también ha trasladado que han recibido ese mismo mensaje. Agradecen que la Administración haya sido “permeable” a sus reclamaciones pero recuerdan que no hubiese sido posible este cambio sin las “movilizaciones”. LAB, en los últimos años, ha parado también mediante recursos otras externalizaciones. En julio estimaban en 163 millones el total de contratos que habían bloqueado. “Se ha hecho un buen trabajo. La lucha merece la pena. En este conflicto hemos comprobado que las movilizaciones y la conciencia contra las privatizaciones han funcionado”, señala Jesús Oñate.
Respecto a las redes sociales, de nuevo LAB acudió al OARC. En verano, este organismo emitió una resolución frenando la externalización de la comunicación de Osakidetza a una empresa privada, una práctica que se venía realizando desde hace años. Ahora no se volverá a intentar licitar ese servicio y se hará con recursos propios, pero mientras la contratación estaba siendo revisada se formalizó una adjudicación directa (algo posible por ser de menos de 15.000 euros) con la empresa Socialitas, del empresario Igor San Román. Se le abonaron 14.200 euros más IVA.
Se da la circunstancia de que Socialitas ya había trabajado antes para Salud y que igualmente ha recibido otras contrataciones directas de otras ventanillas del Gobierno vasco como Seguridad o Cultura, donde año tras año recibe el encargo de trabajar en la promoción de la oficialidad de las selecciones deportivas vascas sin concurso. Esta compañía tiene su sede social en el centro de Vitoria -en el antiguo Teatro Príncipe o Guridi- pero, a pesar de gestionar comunicaciones en web y redes sociales, no tiene ninguno de esos soportes. San Román, que es directivo del Athletic Club, niega haber tenido trato de favor o estar vinculado al PNV y explica que la anomalía de no disponer de redes propias se explica por el hartazgo que el genera el tono de la conversación en soportes como X.
El reciente diagnóstico sobre el estado de Osakidetza salido de la mesa que explora un pacto de salud también alude a la cuestión de las privatizaciones. A instancias de algunos de los agentes que participan en el foro, se ha acordado incorporar ahí una mención a esta cuestión. Hay tres puntos sobre ello. Uno: “El ejercicio de puestos de responsabilidad en el sistema público de salud y la actividad profesional simultánea en el ámbito privado podría implicar un conflicto de intereses que precisa de análisis detenido”. Dos: “En los últimos años se observa un incremento de la concertación. De la misma forma, en la década 2013-2023 el aseguramiento individual privado se ha incrementado un 50% aproximadamente”. Y tres: se ha rectificado el análisis sobre las ambulancias externalizadas para eliminar la responsabilización que se hacía de los problemas en el servicio a los trabajadores y para señalar expresamente las deficiencias de la principal adjudicataria, Grup La Pau.
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