El magistrado Ismael Moreno ha citado a declarar como imputado el próximo 25 de noviembre a Ignacio Díaz Tapia, el empresario que negoció con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la adjudicación de contratos de PCR en plena pandemia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya advirtió en un informe del pasado octubre que Canarias y Baleares terminaron adjudicando cinco contratos de PCR por 6,5 millones de euros a una empresa vinculada a la presunta organización criminal del caso Koldo.
La trama puso en marcha la nueva línea de negocio de las PCR después de haberse embolsado comisiones millonarias con la venta de mascarillas al Ministerio de Interior y al de Transportes al arranque de la pandemia, así como a los entonces Gobiernos socialistas de las dos mencionadas comunidades autónomas. Koldo García fue el encargado de contactar a Torres y a la entonces presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, para comunicarles que una compañía dedicada a los análisis clínicos, Eurofins Megalab, estaba interesada en realizar pruebas PCR a los pasajeros que llegaran a las islas desde la Península.
En el caso de Canarias, la UCO detectó que el propio Torres también estuvo en contacto con el propio Díaz Tapia, que era uno de los responsables de Megalab. El 25 de agosto de 2020, este empresario escribió al presidente canario para presentarse como el responsable de la compañía que había estado en "su despacho de cara al control de pasajeros" y le envió una presentación sobre ello. "A continuación, Torres respondía que le gustaría hablar después sobre los avances y solicitaba a Tapia que le enviase la información del otro día, ya que había hablado con 'Illa' estos días y parecía que había buena recepción", subraya la UCO. "Seguidamente, Torres compartía el contacto de Blas Trujillo [su consejero de Salud]".
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