Tras las protestas que se han celebrado este fin de semana en las ciudades de Sevilla, Málaga y Cádiz debido a los problemas de acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler, el PP ha señalado la responsabilidad del Gobierno central y específicamente de la Ley de Vivienda de 2023 denunciada por la Junta ante el Tribunal Constitucional y cuyo apartado relacionado con la declaración de zonas tensionadas con limitaciones en los precios de alquiler no se aplica en Andalucía. «Una vez más, nos impone una ley ideológica, intervencionista e inútil del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene en contra a la población y que, como se está demostrando, sólo ha servido para encarecer los alquileres, retirar viviendas del mercado y crear inseguridad jurídica a los propietarios», explicó el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien tachó la normativa de «fracaso»: «Han antepuesto la ideología y el tacticismo político a la gestión». Repullo descargó toda la responsabilidad de la subida de precios de la vivienda en las políticas del Gobierno central: « El Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado que la vivienda sea el quinto pilar del estado, ni ha podido aprobar la ley del suelo para agilizar las políticas de urbanismo, ni ha construido las 184.000 viviendas que prometió, ni todo el humo que nos vendió». Por el contrario, el secretario general del PP-A defendió el trabajo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que tiene las competencias sobre este tema, y especialmente el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía: « Queremos que recoja el mayor consenso posible , de los grupos políticos, de los agentes sociales y de los jóvenes. La norma va a marcar la diferencia con la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez, que se gestó a espaldas de las comunidades autónomas y el resultado han sido ocho recursos de inconstitucionalidad». Repullo enumeró medidas como el hecho de que la aceleradora de proyectos de la Junta incluya la viviend a para que se puedan ejecutar en menos tiempo las obras y los 800 millones entre medidas fiscales, gastos e inversiones previstas en el presupuesto de 2025
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