El Gobierno balear de Marga Prohens se desmarca de las medidas pactadas con Vox y tumba el 'pin parental', uno de los 110 puntos del acuerdo de investidura que este verano rompió Santiago Abascal. Vox retiró el apoyo parlamentario al PP el pasado mes de julio, y la presidenta Marga Prohens advirtió de que su única hoja de ruta sería el programa electoral de su partido a partir de entonces. Y así lo ha escenificado este martes desligándose de este acuerdo y votando en contra de que los padres deban dar un consentimiento expreso previo para que sus hijos puedan asistir a ciertas actividades escolares. En concreto, los populares han votado este martes en el Parlamento balear en contra de exigir a todos los centros educativos de la Islas «la obligatoriedad de informar con antelación de la realización de actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual en horario escolar , y a pedir por escrito el consentimiento expreso previo de los padres para la asistencia de sus hijos». El PP también se opone a que los padres conozcan «el currículum vitae de quienes van a impartir dichas actividades», como planteaba la Proposición No de Ley de Vox presentada por la diputada Manuela Cañadas. El único punto aprobado, con los votos del PP, ha sido el que hacía referencia a «garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y morales». Un punto que ha contado con una enmienda del PP. El PP da una de cal y otra de arena a Vox. Si la semana pasada confirmó que derogaría la ley de Memoria de Baleares aprobada en la pasada legislatura de la socialista Francina Armengol , ahora tumba el pin parental, incluido en el pacto —aunque de forma muy genérica— garantizando «la voluntariedad de las actividades extracurriculares». La petición de Vox se enmarca en su lucha contra el adoctrinamiento en las aulas. Según Vox, en algunos centros escolares los menores de edad participan en actividades «con un marcado carácter ideológico o con contenidos de valores éticos, morales, sociales o sexuales». Durante la pasada legislatura, la expresidenta de Baleares Francina Armengol defendió la charla del rapero Valtònyc , condenado por la Audiencia Nacional, en un instituto de Mallorca para charlar con alumnos de 12 años sobre cuestiones relativas a la libertad de expresión y la Monarquía. En 2017, el IES Santa Margalida organizó una charla con el rapero Valtònyc, condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, amenazas e injurias a la Corona. Tras abrir un expediente informativo, el caso se cerró sin ningún tipo de sanción para los docentes. El consejero socialista Martí March lo enmarcó en la libertad de expresión, mientras que la entonces presidenta Armengol avaló la charla porque contaba «con el visto bueno de los docentes», aunque reconoció que el personaje elegido «no era el más adecuado». La entonces portavoz del PP en el Parlament, Marga Prohens, pidió a la Consejería de Educación que abriera un expediente de información para conocer por qué el rapero condenado había dado una charla a los alumnos en el instituto. Esto es «adoctrinar a menores» en un centro público, algo «gravísimo», consideró Prohens, cuyo partido solicitó que se depuraran responsabilidades.
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