Los populares gallegos se volvieron a mostrar este miércoles intransigentes con lo que consideran una «colonización» de las instituciones públicas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Fue la viceportavoz del grupo parlamentario, Paula Prado, quien, con motivo de la comparecencia del fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, arremetió contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , y su dependencia tanto «funcional como ideológica», aseveró, del Ejecutivo central. La viceportavoz popular destacó en la Cámara, donde ayer se presentó la memoria de la Fiscalía de la Comunidad correspondiente al año 2023, la «profesionalidad y el compromiso con el cumplimiento de la ley de todos los que componen el sistema judicial» gallego, especialmente en un momento en el que «la Fiscalía está desprestigiada por la situación judicial del fiscal general del Estado», investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Una situación, aseguró, que «abochorna la carrera fiscal, a los juristas y a todos los demócratas» porque «ni las instituciones del Estado ni los fiscales profesionales y honrados merecen que se dañe así la Fiscalía General». Arremetió así contra lo que tachó de «indisimulada dependencia» de García Ortiz, que ocupa el cargo desde 2022, con respecto al Gobierno de Sánchez. Una persona que, recordó, está «investigada por querer perjudicar a rivales políticos valiéndose de su cargo». Todo ello, a ojos de los populares gallegos, refleja la «colonización de las instituciones por parte del Ejecutivo central, lo que inevitablemente está generando, aseguró, un »inmerecido desprestigio de la carrera fiscal que ningún Estado democrático puede permitir«. Una cuestión a la que también hizo alusión el grupo del BNG que, en su caso, reiteró la necesidad de «cambiar la forma» en la que se nombra al Fiscal General del Estado, tal y como recogió Ep. El diputado nacionalista Iago Tabarés abogó de esta forma porque el mandato de este cargo esté «separado» del mandato del Gobierno de turno, tal y como recomienda la Comisión Europea, para censurar acto seguido la «irresponsable instrumentalización de las instituciones», con «notables excesos de comportamiento» y «buscando derivas de acceso al poder». Todas ellas declaraciones hechas este miércoles, en la víspera de la votación que se celebra este jueves en el Congreso de sendas iniciativas de PP y Vox para pedir la reprobación de García Ortiz por «gravísimos incumplimientos» de sus funciones. Por su parte, en la comisión del miércoles, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, puso el acento en el preocupante aumento de delitos de violencia de género. Tras expresar su pésame por el «trágico asesinato» de Estela B.S. en Baiona el pasado viernes presuntamente a manos de su expareja, Suanzes censuró este tipo de violencia que «amenaza a toda la sociedad», y contra la que hay que luchar «con todos los medios» y «en todos los planos de la sociedad». Así, recordó que en 2023 en Galicia se produjeron 3 asesinatos machistas, mientras que, en lo que llevamos de 2024, ya son 4 las víctimas de esta lacra de la sociedad –40 en el conjunto del país–. En los últimos 10 años, en la Comunidad se registraron, en total, 67 víctimas en mortales. Asimismo, destacó que el año pasado los procedimientos incoados por la Fiscalía en materia de violencia de género se incrementaron en un 13%, mientras que las órdenes de protección y las medidas cautelares solicitadas lo hicieron en un 2,5%. Actualmente, indicó, en Galicia hay cerca de 5.700 mujeres registradas en el sistema de seguimiento policial VioGen, de las que 59 están en riesgo alto o extremo y 950 en riesgo medio –en España, esta cifra se sitúa muy cerca de las 100.000 mujeres–. De este modo, apeló ante los grupos de la Cámara a «la responsabilidad conjunta» tanto de la sociedad como de la Justicia, el Gobierno y las instituciones para «contribuir al cambio social a favor de la igualdad». «No habrá cambio social sin transformación cultural, ni transformación cultural sin posicionamiento individual a favor de la igualdad», reivindicó. Asimismo, aprovechó su intervención para reiterar algunas de las demandas la Fiscalía, como «la necesidad de un pacto de Estado en la Justicia» para el que «se busque el consenso», o la reclamación de un «incremento considerable» del presupuesto para el ministerio público, que pueda contar con un presupuesto «propio» no dependiente del Ministerio de Justicia. Demandó, asimismo, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía pueda asumir la investigación penal y que el país cuente con «una Justicia acorde al siglo XXI».
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