El PSOE reitera que en los contratos de emergencia formalizados por el SAS tras 2021 para concertar servicios sanitarios con empresas privadas hubo «menoscabo de los fondos públicos» y un uso indebido de la fórmula legal de la contratación de emergencia (sin concurrencia y con procedimientos limitados) sin el amparo de la mayor flexibilidad introducida durante la pandemia. En este sentido, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, rechazó que los dos informes jurídicos que forman parte de la investigación y en los que se centra la argumentación de la Junta de Andalucía validen el uso de los contratos de emergencia para los conciertos sanitarios que alcanzaron finalmente los 240 millones de euros tras la firma de hasta cuatro prórrogas. «El Gobierno andaluz debe dejar de mentir. Los informes jurídicos del SAS lo que dicen es que la contratación de emergencia es una vía extraordinaria sólo en algunos casos concretos y por un periodo máximo de tiempo que se superó con creces», apuntó el secretario general del PSOE-A quien incidió en que en la propia querella se incorporan estos dos informes. En este documento se apunta que se elaboraron con información parcial e incompleta suministrada por la dirección del SAS. La denuncia socialista plantea que el uso de la contratación de emergencia supuso un «quebranto económico» para la Junta de Andalucía. Esta conclusión se basa en que el uso de la contratación de emergencia limita la libre concurrencia que supone con carácter general una reducción de los precios sobre la licitación. D e ahí que el PSOE haya pedido que se incorporen a la investigación contratos de conciertos sanitarios de los últimos años para que se pueda realizar una estimación del menoscabo. El PSOE lo ha cifrado en su denuncia en 20 millones de euros. La denuncia formulada por el PSOE se centra sólo en uno de los expedientes de contrataciones de emergencia suscritos por el SAS , el que se refiere a la prestación de conciertos en consultas e intervenciones quirúrgicas. Se presentó en primer lugar como una denuncia en el juzgado y posteriormente se amplió con una querella que apunta delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. «Las responsabilidades penales las va a determinar la Justicia. Dejemos trabajar a los juzgados y seamos respetuosos», concluyó Juan Espadas.
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