¿Cómo se pueden evitar situaciones incómodas, insólitas, como la que vivió el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el pasado jueves? Entonces, el alcalde, José María Bellido, decidió suspender la sesión y aplazarla al lunes siguiente —es decir, a ayer— debido a las protestas laborales de los interinos y de un grupo de ciudadanos contra la gestión de la sanidad por parte de la Junta, que venían de Villarrubia, y de la asociación vecinal La Palabra de Las Moreras. El secretario general del Pleno, Valeriano Lavela Pérez, emitió este martes un informe en el que «pone de relieve» (sic) que por la «Concejalía delegada de Presidencia se pudieran establecer o implantar determinados sistemas, protocolos o controles de acreditación del público que tenga previsto asistir a una determinada sesión plenaria, y a los exclusivos efectos de su previa identificación con el DNI». La propuesta no es nueva en Capitulares : durante los primeros años como regidor de José Antonio Nieto (PP), hoy consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, estuvo vigente en las sesiones plenarias un filtro para la entrada a las reuniones de la Corporación local que incluía a los periodistas que iban a cubrir los plenos, y que tenían que mostrar una acreditación que se les entregaba para que pudiera cumplir con sus obligaciones profesionales. En el citado documento, Lavela Pérez esgrime que este control de acceso estaría justificado «por motivos de seguridad ». En el texto, el secretario general del Pleno da la razón a la actuación del alcalde de la pasada semana. Así, expone que «previa la realización de tres advertencias o llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, la Presidencia [el alcalde] podrá ordenar que se abandone el Salón de sesiones, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión, incluido el auxilio de los agentes de la autoridad». Y añade que se podrá reanudar la sesión «el mismo día u otro distinto al de la convocatoria, y como máximo, dentro de los dos días hábiles siguientes, o bien incluir los asuntos pendientes de debate y votación en la primera sesión plenaria que se celebre«. De estas dos posibilidades, José María Bellido eligió la primera. El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba del mes de octubre también resultó conflictivo: allí se presentaron los padres del Colegio de la Aduana que protestaban por el estado del centro, se les llamó al orden tres veces y se ordenó un desalojo a la tercera vez.
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