El alto tribunal admite la exposición razonada del juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional
La UCO detecta contraprestaciones a Ábalos por parte del empresario que se llevaba los contratos del Ministerio
El Tribunal Supremo acepta investigar al exministro socialista José Luis Ábalos por su supuesta implicación en el 'caso Koldo'. El alto tribunal admite la exposición razonada en la que el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pedía abrir una causa contra él ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto, fechado el 5 de noviembre, Sala Penal del Tribunal Supremo considera “imprescindible” investigar estos hechos y designa como instructor al magistrado Leopoldo Puente. Además, determina que el procedimiento contra los no aforadis continúe en la Audiencia Nacional “salvo cuando exista una conexión material inescindible” entre los investigados y el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE y de su grupo parlamentario el pasado febrero.
El juez Moreno atribuyó a Ábalos una “imputación clara y concreta” en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho tras recibir un un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le adjudicaba un “papel relevante y de responsabilidad” en la supuesta trama que anidó en el Ministerio de Transportes que dirigió entre enero de 2020 y julio de 2021.
Después de un año de investigación, este atestado policial desvela por primera vez las “contraprestaciones” que habría recibido fruto de sus gestiones para la trama. No constan, por el momento, mordidas en forma de pagos en efectivo. Pero sí otras dádivas que han sacado a la luz siete meses de pinchazos telefónicos, centenares de correos intervenidos y el volcado de 170 dispositivos electrónicos —entre móviles y ordenadores— requisados a los miembros de la red y las personas vinculadas a ella. El disfrute de un chalet a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja son los ejemplos más significativos.
Las pesquisas de la UCO acreditan que el empresario Víctor Aldama, el “elemento corruptor” del caso, abonó hasta 32 mensualidades de alquiler del apartamento en el que residía una mujer, llamada Jessica, que en esa época tenía una relación sentimental con el exministro. Un apartamento de lujo, situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital, y por el que se pagaban 2.700 euros al mes.
No fue la única dádiva que según la Guardia Civil recibió Ábalos. La UCO también considera en su informe que existen “múltiples evidencias” de que hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, cerca de Sotogrande, comprado por Aldama a través de otros supuestos testaferros. “En concurrencia de indicios (...) vincularía la participación de Ábalos en los contratos investigados con la compra por parte de Aldama de un chalet para el propio exministro”, figura en el atestado.
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