El PNV asegura tras la propuesta del PSE-EE en materia de Justicia y Derechos Humanos que todas las entidades deberían recibir los mismos fondos
Euskadi reconoce a otras 93 personas como víctimas de violencia policial y llega ya a los 240 casos confirmados
El Gobierno vasco incrementará en 2025 las subvenciones a AVT, Covite y otros asociaciones de víctimas del terrorismo, según los datos facilitados en el Parlamento Vasco este jueves por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha cerrado la larguísima ronda de comparecencias de todo el Ejecutivo de Imanol Pradales para detallar los presupuestos. Tras la renegociación de la coalición entre PNV y PSE-EE, son los socialistas los que gestionan ahora las políticas de memoria. La consejera ha hablado de una mejora “cualitativa” de estas ayudas, de entre el 9% y el 18%.
En concreto, la AVT y Covite tendrán 59.000 euros de financiación cada una, por 54.000 en 2024. La fundación Fernando Buesa pasa también de 50.000 a 55.000 euros. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, de su lado, salta de 54.000 a 64.000 euros. San José ha explicado que esta entidad ha sido 'premiada' ya que aglutina a todas las asociaciones autonómicas, que “desarrollan una importante labor” para víctimas y familiares de ellas que en su momento abandonaron Euskadi. Sube igualmente de 35.000 a 40.000 euros la partida para Egiari Zor, fundación que investigación violencia y crímenes de Estado, tanto de España como de Francia.
Se da la circunstancia de que el portavoz del PNV, Xabier Barandiarian, ha utilizado su turno para demandar dar “a todas las asociaciones el mismo tratamiento” porque “no hay víctimas por encima de otras”. Y ha sugerido que esto debería tener “sus consecuencias en la financiación”.
San José, que cuando accedió al cargo ya prometió reorientar las políticas de memoria y víctimas llevada a cabo hasta la fecha por el PNV, lo que ya generó otro pequeño encontronazo entre los socios, ha anunciado igualmente otro “salto cualitativo” en el plan Adi-Adian, el de testimonios de las víctimas de ETA, de los GAL o de otras violencias en las aulas. Esos proyectos educativos están dotados con 120.000 euros, también más que en 2024. Crece igualmente un programa con la UPV/EHU sobre la materia. Asimismo, se ha presupuestado en 2,15 millones el volumen de indemnizaciones para víctimas reconocidas al amparo de la ley de violencia policial. Hace una semana fueron reconocidas otras 93 y, desde que se promulgó la ley, ascienden a 240. La consejera se ha referido a estas personas como víctimas de “abusos”, aunque en algunos casos sufrieron asesinatos.
En lo tocante a la Guerra Civil y a la dictadura, sube un 42% el dinero para el banco de ADN, donde las familias de desaparecidos envían muestras para cotejarlas con cuerpos exhumados en zonas como Orduña, donde hubo un campo de concentración, o Amorebieta-Etxano. “Hay muchos restos por identificar”, ha admitido San José. Se ampliará, de hecho, el columbario de Orduña. Es el segundo después del de Elgoibar. Para ello, se trasferirán 60.000 euros al ayuntamiento de la ciudad vizcaína. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha señalado que se destinarán 250.000 euros adicionales para el nuevo Memorial del 3 de marzo de 1976 en el barrio de Zaramaga de Vitoria. A ello se le añaden 35.000 euros para la asociación de víctimas, que lleva a cabo investigaciones propias. Ha dicho que “en las próximas semanas” cristalizará un proyecto que lleva años al ralentí y que mira al quincuagésimo aniversario, en 2026, para su inauguración. El Instituto de la Memoria (Gogora), con todo, cae en presupuesto. Baja de 5,2 millones a 4,5. San José ha explicado que se debe a que inversiones de años anteriores ya han sido ejecutadas y que no se resentirán los programas.
En general, el área de Justicia y Derechos Humanos tendrá 359 millones de presupuesto, un 5,7% más que en 2024. Es una subida por encima de la media del conjunto del Gobierno, que es del 4,7%. El gran destino de los nuevos recursos es la ampliación de la plantilla de Prisiones, que implicará una inversión de unos 10 millones de euros. Como ya adelantó este periódico, se creará ya una Dirección de Servicios Penitenciarios tres años después de la transferencia de la competencia. Bajo ella quedarán las tres cárceles y el personal. En materia de Administración de Justicia ha citado programas de apoyo a las víctimas, especialmente a las de violencia de género. San José quiere “rescatar” el programa Zurekin de “acompañamiento especializado”. Se puso en marcha hace dos legislaturas. La propia San José ya fue consejera de esta materia de 2016 a 2020, en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu. Era una cartera sin Prisiones ni Derechos Humanos pero con competencias de Trabajo.
Los mensajes de la oposiciónTras la comparecencia, ha tomado la palabra la oposición. La primera en intervenir ha sido la única representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña. “Es uno de los pocos departamentos de los que esperamos algo”, ha lanzado la representante de la ultraderecha a una consejera del PSE-EE. Desde el PP, Santiago López Céspedes ha cuestionado que verdaderamente tengan carácter de “expansivos” los presupuestos de 2025 y ha realizado una batería de preguntas sobre programas concretas aunque incidiendo especialmente en planes de euskaldunización. Se ha quejado de no haber obtenido respuestas del equipo de San José. “Igual no ha estado atento”, ha replicado la consejera.
Desde la bancada de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha mostrado su sorpresa por no ver “cambios de otro mundo” en los presupuestos a pesar de que se habían anunciado ajustes tras pasar la cartera del PNV al PSE-EE. En todo caso, a esta formación le preocupan algunas cuestiones. La coalición, como el PP pero en sentido contrario, ha preguntado por la euskaldunización. De hecho, ha recordado que no crece el programa para celebrar juicios en euskera, a pesar de que se ha promocionado en varias ocasiones. Igualmente, ha alertado del “señalamiento” y la “presión mediática” a las nuevas generaciones jóvenes para que conozcan un determinado relato. Ha pedido que se tenga en cuenta también a los hijos de los presos de ETA.
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