En la España de nuestros días suceden cosas que no tienen precedentes. No hay precedentes de qué por orden del juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , funcionarios de la UCO ( Guardia Civil) , entren y registren el despacho institucional del fiscal general del Estado con el objeto de incautarse de documentación, de sus teléfonos móviles, el oficial y el personal y de otros dispositivos electrónicos: dos ordenadores , una "tablet" y varios USB. Más de diez horas de registro. Tampoco hay precedente de qué en semejante trance quien sabe que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos y arrastraba ya el estigma de haber sido declarado inidóneo por el Tribunal Supremo estando, además, reprobado por el Senado, no haya dado un paso a un lado presentando su dimisión. El descrédito que su negativa a renunciar al cargo se proyecta sobre la institución que dirige.
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