A falta de una semana para que se empiece a aplicar el Real Decreto 933/2021 –está en vigor desde enero de 2023, pero aún no se interponían multas–, que pretendía modificar el modo en el que las empresas del sector turístico toman y almacenan los datos personales de sus clientes , el Ministerio del Interior ha cedido a la presión y ha pospuesto la plena aplicación de la norma hasta el dos de diciembre. No obstante, y según ha podido saber ABC, por el momento el ministerio que preside Fernando Grande-Marlaska no ha introducido ninguna modificación de calado al redactado del decreto, así que las empresas del sector solo ganan tiempo; el 4 de octubre se vuelven a reunir con Interior. Tal y como está planteado, el decreto obliga a todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios turísticos –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos– a compartir con el Ministerio -a través de una plataforma que desde la Mesa del Turismo aseguran que aún no funciona correctamente– los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes; en el caso de los hoteles, la información se exige tanto para los que pagan la estancia como para los acompañantes. No hay que olvidar, además, que están previstas sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción. El pasado 19 de septiembre casi todas las patronales europeas se pusieron de acuerdo para manifestar por carta al Gobierno su « oposición, alarma y desconcierto » ante la entrada en vigor del Decreto. Firmaron la misiva la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (Ectaa), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (Ruraltour) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares, cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (Hotrec). Hoy le ha tocado el turno a la Mesa del Turismo de España, que en una misiva muy dura acusa al Ejecutivo de haber llevado adelante su modificación sin escuchar «a quienes están en las dinámicas reales del día a día», además de lamentar la «reiterada insensibilidad hacia el primer sector de la economía española». Como ha explicado a ABC Carlos Abella , secretario general de la Mesa del Turismo, el decreto es de imposible cumplimiento. Para empezar, porque podría entrar en contradicción con la Ley de Protección de datos al pedir a los empleados del sector que recopilen información personal de sus clientes, pues hasta ahora solo se exigía el DNI. Además de esto, la norma obliga a las empresas a asumir una carga de trabajo extra para hacer algo, añade Abella, cuya utilidad no está demostrada, y pone un ejemplo: «¿De qué sirve pedir a un cliente un domicilio si ya tenemos el DNI? No tenemos certeza de que la dirección que nos dará será la correcta». Un problema añadido es que muchos viajeros serán reacios a ofrecer determinados datos al personal de un hotel –España es el único país de la Unión que comparte los documentos de identidad con la policía– y esto podría auyentarlos, se queja el sector. De hecho, varios turoperadores europeos ya han avisado de este peligro. A pesar de todo esto, matiza Abella, su asociación no está en contra del espíritu del Decreto, que no es otro que desplegar mecanismos que ayuden a combatir la delincuencia y el terrorismo. Su protesta se basa en que se haya tratado de lograr tal cosa « a golpe de decreto » y « abocando a miles de empresas al caos administrativo y a la incertidumbre (frente a las multas)».
abc.es