Pasó el tiempo de las advertencias. Año y medio después de que el ayuntamiento de Santiago regulase la existencia de las viviendas de uso turístico (VUT) , prohibiéndolas en buena parte de la ciudad, el concello ha tomado cartas en el asunto para impedir la actividad que algunos de estos alojamientos mantenían. Los primeros precintos efectivos tuvieron lugar el pasado martes, cuando tres de estos negocios ubicados en el mismo edificio de la zona monumental fueron clausurados. La medida pilló desprevenidos a muchos propietarios —en la capital gallega había más de 800 inmuebles dados de alta en el registro de la Xunta — que no solo se exponen a la clausura de sus viviendas, sino a multas de hasta 10.000 euros e incluso al corte de los suministros. Sobre la polémica, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), afirmó que Raxoi «hará cumplir la normativa» y animó a quienes aún no lo hayan hecho a bajar la persiana definitivamente bajo la amenaza de que «cualquier vivienda que tenga una orden de cese de actividad incumplida en Santiago puede ser precintada». La reacción de los perjudicados, más de 600 descontados los que cumplen con los nuevos requisitos impuestos por el concello, no se hizo esperar. En declaraciones a ABC, el portavoz de Aviturga en Santiago, Óscar Soneira, se preguntó cuál es el criterio que el ayuntamiento utiliza a la hora de enviar la consabida demanda de cese de actividad. «El concello remitió 220 ceses de actividad y hay 810 VUT registradas en la Xunta « arrancó el propietario, que se queja de que nunca ha habido un plan para inspeccionar todos los pisos turísticos que no contaban con la autorización del Gobierno gallego y que, sin embargo, operaron sin problemas en la ciudad durante años. »El caso es que ahora las órdenes de cese son con suspensión cautelar de actividad en cinco días, lo que implica que aunque alegues, tienes que cerrar« expone Soneira ante la medida. En el ojo del huracán está el plan urbanístico aprobado en febrero de 2023 por el Gobierno socialista de Xosé Sánchez Bugallo, que cuando se votó en pleno no parecía agradar a la actual alcaldesa. En aquel momento, la modificación que veta las VUT en la almendra de la ciudad y las limita a bajos y primeros en la zona nueva salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE y de Compostela Aberta, con la llamativa (a toro pasado) abstención del BNG y el voto en contra del PP. Sin embargo —y pese a las promesas más o menos veladas que algunos propietarios le afearon— el ejecutivo de Goretti Sanmartín no reguló, tras su llegada al poder, aquellas viviendas que funcionaban antes de la aprobación del nuevo texto y que sí contaban con la inscripción en el registro autonómico. «El plan está recurrido en los tribunales porque nos parece de risa« manifiesta Soneira sobre el documento de la discordia. A su entender, la nueva ordenanza no regula los usos preexistentes (es decir, a quienes operaban antes de la modificación) tal y como se indicaba en uno de los apartados del PXOM. Además, censuran, »regula el alquiler turístico por habitaciones, que es ilegal en Galicia«. Los afectados por los cierres masivos de las VUT también se quejan de que el alquiler por sesenta días que contempla la nueva norma no es aplicable todavía y recuerdan, ante la ofensiva puesta en marcha por el concello compostelano, que la nueva ordenanza aún requiere la aprobación definitiva tras el término del período de alegaciones. »Aviturga y muchos propietarios han alegado, solicitando además respuesta individualizada y motivada« detallan. El enfrentamiento por el futuro de cientos de VUT marcó el paso esta semana en la ciudad y obligó a los responsables locales a manifestarse en varias ocasiones. Su hoja de ruta, invariable. En unas declaraciones de este viernes, el concejal del ramo insistió en que cualquier piso turístico que funcione incumpliendo la normativa tiene que cesar su actividad «sin esperar a que el concello se lo ordene, como pasa con cualquier otra actividad». La realidad es que solo entre julio y agosto de este año, el ayuntamiento de Santiago ordenó la suspensión de uso de más de 220 pisos turísticos ilegales. «Nosotros vamos a seguir actuando, usando todas las herramientas que la ley pone a nuestro alcance, no solo los precintos sino también las multas coercitivas, que es otro mecanismo de ejecución forzosa, y la ley también prevé que se pueda ordenar la suspensión de suministro de agua y de luz « quiso dejar claro el responsable de Urbanismo ante la situación en la que quedan cientos de propietarios que estaban a espera de una respuesta judicial para conocer el futuro de sus negocios. El objetivo de la limitación de los pisos turísticos, llevan meses justificando desde Raxoi, es solucionar el problema habitacional que padece la capital. Con los alquileres disparados no solo en el límite municipal sino en toda el área metropolitana, la idea era que buena parte de los inmuebles dedicados al alquiler turístico volverían, tras el veto, a la bolsa tradicional de arrendamiento. Pero por el momento, y atendiendo a las cifras expuestas, no está siendo así. Ni hay más viviendas en alquiler en la capital, ni los precios han bajado. La capital gallega tiene unas 225 viviendas en alquiler a día de hoy, « las mismas que hace un año y hace dos, pero con precios más elevados «, denuncian desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias sobre la realidad en la ciudad gallega. »El efecto del veto a las VUT en el mercado del alquiler es cero. Las personas que han dejado de alquilarla como turística la han cerrado o la han puesto en venta«, llevan tiempo avisando desde la Fegein, que considera que la solución al cuello de botella de la vivienda en Santiago pasa por construir más vivienda pública y por favorecer fiscalmente a los propietarios. Con 7.000 inmuebles vacíos en el municipio, reprochan, clausurar 600 pisos es ineficaz.
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