El Gobierno ha abierto la puerta a desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Así lo han manifestado este miércoles desde el Ministerio de Defensa, que no ve ningún problema en que algunos informes sobre los ataques vean la luz. De hecho, subrayan que «no hay nada que esconder» y que el Ejecutivo es partidario de la transparencia. Dicha desclasificación es una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad y se entregarían en la comisión de investigación que se ha reactivado en el Congreso sobre los atentados. Será este jueves cuando se reanudarán en la Cámara baja los trabajos de esta comisión que, hasta este martes, llevaba meses paralizada. La propuesta, que se votará mañana, incluye levantar el secreto del registro de visitas en prisión de miembros de los servicios de inteligencia al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados; así como las transcripciones de las entrevistas mantenidas con éste, entre otros documentos. No es la primera vez que el Gobierno cede a las peticiones de los independentistas respecto a documentación del Centro. Cabe recordar que el pasado enero el Consejo de Ministros aprobó, por primera vez, la desclasificación parcial de documentos del CNI sobre el espionaje con el 'software' israelí Pegasus al entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Tras los ataques de los 17-A, sectores del independentismo y algunas víctimas alimentaron teorías de la conspiración, precisamente, en torno a la figura de Es Satty y su relación con el CNI. Desde aquellos que extendieron la sombra de las sospechosa por una supuesta pasividad del Centro, hasta quienes llegaron a apuntar a una supuesta participación de los servicios de inteligencia en el ataque. También quienes afirmaron que el imán seguía vivo, y no había perecido en la explosión de Alcanar, pese a que el fallecimiento lo corroboraron los informes forenses. Entre los defensores de esta tesis, un diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, también abogado del padre de una de las víctimas. Los Mossos lo descartaron, y la justicia avaló sus pesquisas, al considerar una «verdad científicamente constatada» que el imán estaba muerto. Sin embargo, el Govern alimentó entonces la teoría de la conspiración sobre el ataque que mató a 16 personas y causó decenas heridos. Enterrado el bulo primigenio con una verdad jurídica –la sentencia de la Audiencia Nacional–, en enero de 2022, el Ejecutivo catalán, entonces comandando por Pere Aragonès, reclamó investigar qué tenía de cierta la declaración de un imputado, el excomisario José Manuel Villarejo, que por aquellas fechas apuntó a una presunta vinculación entre el CNI, el imán de Ripoll y el atentado. Esa no fue la primera vez que el independentismo se aferra a esta tesis. El Govern de Quim Torra ya había abrazado la teoría de la conspiración, retorciendo informaciones periodísticas, con el objetivo último de vincular al Estado con al ataque, dada la proximidad del referéndum del 1-O. También la que que fuera presidenta del Parlament, Laura Borràs, fue un paso más allá, y anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía para determinar el papel de los servicios de inteligencia en el ataque. Incluso el consejero de Interior durante los atentados, Joaquim Forn, reclamó también una «investigación a fondo».
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