La banca utiliza ahora todas las balas a su alcance para tratar de herir de muerte el impuesto al sector que prepara el Gobierno. Alejandra Kindelán , presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), ha tratado de meter presión a los diputados que deben votar el gravamen este 14 de noviembre en el Congreso de los Diputados en comisión. «Hay que pedir a los diputados que tengan las miras largas, visión de largo plazo, no pensar en la recaudación del corto plazo sino en las capacidades de nuestra economía de apoyar a familias y empresas. Es un impuesto contra el crecimiento y el progreso social», ha dicho en el 31 Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC y Deloitte . Un último intento para convencer a los parlamentarios de que fijar este impuesto en el contexto actual no es una buena idea. «El gravamen se justificó en un contexto de subidas de tipos y hoy ese contexto se ha dado la vuelta, pero han cambiado muchas más cosas. Tenemos a Trump con anuncios que tendrán impactos clarísimos, los conflictos…», ha señalado, para añadir que ahora además existen muchas necesidades de inversión en Europa. «Nos están diciendo de mantenernos fuertes porque pueden venir curvas, un entorno complicado en el que además se nos va a pedir invertir», ha dicho, y este impuesto les impide cumplir con ello: « Este impuesto es un lastre a esa capacidad de protegernos de los problemas que puedan venir y de invertir «. Concretamente, Kindelán ha destacado que el impuesto hará que se concedan 50.000 millones de euros menos de crédito , lo que equivale a 200.000 hipotecas menos en España. «Muchas necesidades de financiación que desde el sector habrá que poner en la balanza», ha indicado. Esta es una de las principales advertencias que vierte el sector para tratar de convencer a los diputados de dar marcha atrás con la tramitación. La presidenta de la patronal AEB ha denunciado también el «señalamiento» que esto supone para el sector y que tampoco han tenido ocasión de participar en el diálogo sobre el gravamen, además de señalar que genera fragmentación por su cesión a comunidades autónomas como el País Vasco.
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