«Yo me pregunto por qué no los despiden en vez de seguir pagándoles». Nueva comunicación de las exmonjas de Belorado y otra vez a través de su canal favorito, la cuenta de Instagram y con un vídeo subido a su hora habitual, alrededor de la medianoche. Ahora el argumento principal gira en torno a los sueldos de sus once trabajadores. Durante meses han denunciado que sus empleados no estaban cobrando sus sueldos porque Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio, se negaba a hacerlo y ahora, cuando ya ha asumido el pago de ocho de ellos, critican que les pague sin trabajar e incluso sugieren que les despida. En dos vídeos protagonizados por Isabel Jiménez Moratilla, conocida en su etapa de clarisa como sor Israel, la exreligiosa pretende salir al paso de algunas informaciones sobre el pago de los salarios de los once empleados de los tres monasterios que hasta el momento controlan las ya nueve exclarisas: el de Belorado en Burgos y los de Derio y Orduña en Vizcaya. Comienza reconociendo que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en calidad de comisario pontificio está pagando a buena parte de ellos -ocho, según ha podido conocer ABC- pero se pregunta de forma retórica: «¿Por qué no los despiden en vez de seguir pagándoles, no ellos sino nosotras, con el dinero que hay en nuestras cuentas, con el dinero que siguen entrando en nuestras cuentas, y a costa de no pagar nuestra seguridad social, por ejemplo?». Y ello añade que «estos empleados no están trabajando para nosotras ya que según las premisas del arzobispado ellos son su jefes y obedecen a sus órdenes. Entonces ni el jardinero está trabajando la huerta, ni el guardés de Artebakarra está guardando el convento y así, suma y sigue, muchos otros». «La realidad es que aquí, trabajando con nosotras, si no me equivoco, quedan tres empleados», afirma la exreligiosa. Y añade que «el resto de los empleados siguen cobrando dice el arzobispado», aunque puntualiza que «podrían especificar porque parece que sale de su bolsillo, pero el dinero sale de nuestras cuentas usurpadas, a las cuales no podemos acceder, de las cuales no se está pagando ni siquiera nuestra seguridad social ni algunas de nuestras necesidades básicas, como por ejemplo algunas notificaciones que vienen devueltas de telefonía o de fibra o otras muchas subvenciones que se están perdiendo». Sin embargo no hay más que repasar las comunicaciones del arzobispado y las informaciones publicadas por este diario para comprobar que, si bien los datos que aporta son ciertos, la realidad es que la situación que denuncia la han provocado las propias exclarisas. Desde que fue nombrado por la Santa Sede como comisario pontificio, creó una comisión gestora y tomó el control de la titularidad de la comunidad y de sus cuentas bancarias, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, solicitó a las religiosas que le facilitaran tanto la relación de sus necesidades básicas para hacerse cargo de ellas, como la documentación de trabajadores a su cargo y pagos ordinarios (como suministros y préstamos), para poder asumirlos. Nunca lo hicieron. Por contra, presentaron facturas de suministros como el chocolate para sus trufas o pagos pendientes de mensajería, algunos de ellos muy anteriores al inicio del conflicto. Con respecto a los empleados, 11 en total entre los tres conventos, nunca facilitaron ni los contratos, ni las nóminas, por lo que la comisión gestora pidió públicamente a estos trabajadores que entregan copia de esta documentación en el arzobispado, para poder asumir sus salarios. Así ocurrió y, en un lento goteo, los trabajadores de las exclarisas facilitaron copia de su contrato y de sus nóminas anteriores, de forma que la comisión gestora pudo asumir el pago de sus salarios y la correspondiente seguridad social. Hasta el momento se ha regularizado la situación de ocho de ellos, mientras que los otros tres, según reconoce la exreligiosa en su vídeo, «siguen trabajando con nosotras». Lo cierto es que, como parece lógico, la fidelidad de los trabajadores va muy dirigida a quien es su pagador, lo que hace un par de meses generó otro de los episodios rocambolescos de esta historia y al que se acogen las exreligiosas para afirmar que esos empleados «no están trabajando». Cuando el guardés de Derio, el convento que las religiosas abandonaron en 2020 para trasladarse a Orduña, comenzó a cobrar su sueldo desde la comisión gestora, facilitó el acceso a las instalaciones a varios representantes del arzobispado. Con la intención de poder tener acceso al convento, del que Mario Iceta es representante legal según el Ministerio de Justicia desde junio, decidieron cambiar la cerradura de una de las puertas y dejar al guardés el resto de las llaves para que pudiera continuar su trabajo. Sin embargo, las exmonjas, que contemplaron desde Belorado toda la escena por las cámaras de seguridad instaladas en el recinto, actuaron rápidamente y acudieron al lugar, cuando ya no estaba la delegación del arzobispado. Cambiaron de nuevo la cerradura y atrancaron el resto de puertas por dentro, por lo que, desde entonces, ni el guardés de las instalaciones, ni los representantes de la comisión gestora han podido entrar en el lugar. Antes, al conocer la situación por las cámaras y anticipándose a los movimientos del arzobispado, llamaron al agricultor que tienen contratado para cultivar el huerto ecológico de Orduña y le pidieron que dejara su juego de llaves a una persona conocida de la localidad, con el argumento de que las iban a necesitar ellas. Cuando un rato después llegó la comisión del arzobispado con la intención de hacer como en Derio, ya no pudieron acceder al recinto. Desde ese día, los empleados de Derio y Orduña ya no pueden realizar su trabajo, debido a que no tienen cómo acceder a los monasterios, tras las acciones de las exreligiosas. [Noticia en elaboración]
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