La consejera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha cifrado este martes en 16 los campings de Cataluña que tienen más del 50% de su ámbito en zona inundable grave, de los cuales la mayoría se sitúan en el Alt Pirineu (Lleida). En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat junto a la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha explicado que el Govern tendrá que estudiar en cada uno de esos casos «si podría haber medidas correctivas o medidas de autoprotección que pudieran evitar situaciones de peligro para las personas». «En aquellos casos donde ninguna de las medidas ni de autoprotección ni correctivas puedan asegurar la seguridad de las personas, sí que habrá que actuar con diferentes formas jurídicas que todavía no podemos detallar», ha asegurado Paneque. En este sentido, ha sostenido que la Generalitat actuará « de manera quirúrgica y analizando uno por uno cuál es la casuística», con el conocimiento del sector pero con determinación en los que no se pueda garantizar de ninguna manera la seguridad de las personas ante fenómenos meteorológicos como la reciente DANA. «Habrá decisiones complicadas con afectaciones a actividades y a titulares concretos y, por lo tanto, se tiene que hacer con el máximo rigor y también con la máxima seguridad jurídica», ha añadido. La consellera ha afirmado han «percibido una actitud positiva » desde el sector de los campings respecto al análisis que realizará la Generalitat tras haberse reunido este martes con el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. Asimismo, ha dicho que la Federació de Càmpings ha pedido una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «más global para abordar este cuestión», y ha afirmado que se producirá, aunque no ha especificado la fecha. «Los campings y el sector turístico son un sector importante para la economía catalana y, por tanto, trasladamos este reconocimiento», ha concluido. En cuanto al resto de infraestructuras e instalaciones, Paneque ha apuntado que el Govern se había fijado el plazo hasta finales de diciembre para la actualización de los mapas de riesgo pero que intentará «anticiparlo». Así, ha indicado que trabajarán para «identificar qué tipos de infraestructuras públicas, privadas, barrios vulnerables, que estuvieran situadas en estas zonas para comenzar el análisis de qué se puede hacer», informa Ep.
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