«No aceptamos amenazas y no aplicaremos políticas que no funcionan» . Así de explícito ha respondido este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a la advertencia realizada por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez , de que aquellas autonomías que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda. Un aviso que cobra especial importancia si se tiene en cuenta la próxima elaboración del plan estatal, en el que entre el 70 y el 75 por ciento de financiación en cada autonomía procede de la Administración central. «Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley -que recoge, entre otros aspectos, el límite de precios para zonas tensionadas-, yo condicionaré la financiación», había advertido la ministra. Unas palabras que no han gustado en el Ejecutivo autonómico ya que, una vez más, «vemos cómo el Gobierno actúa de forma sumisa en financiación con los partidos separatistas y es amenazante con las comunidades que tenemos un claro compromiso con el proyecto común de España», ha señalado Carriedo. Una realidad que demuestra, ha apuntado, que «lo que quieren es quitar recursos al conjunto de comunidades para disponer de fondos y hacer frente al pago del precio político que tienen que suministrar a los separatistas». «No se trata de ser sumiso con los separatistas y amenazar al resto de españoles sino de garantizar la igualdad residan donde residan», ha insistido el consejero, para responder después a la ministra: «No aceptamos ni discriminaciones, ni privilegios, ni desigualdades ni amenazas». Para el portavoz de la Junta, que ha hecho estas declaraciones este jueves al término del Consejo de Gobierno, la realidad es que ha quedado demostrado que «donde más intensidad han puesto para poner en marcha las medidas de la Ley es donde más ha subido el precio y han aumentado las dificultades de acceso», de forma que «nunca ha sido tan cara la vivienda en España como con estas políticas». Por contra, ha defendido que en Castilla y León el precio es más moderado y es más fácil el acceso, a lo que hay que sumar el hecho de que hay menos inflación y eso también ayuda. Este escenario favorable, según Carriedo, es gracias a las políticas puestas en marcha por la Junta «que funcionan y que permiten que los precios sean más bajos». Entre ellas, ha citado las ayudas al alquilar sin límite de fondos; los avales para la compra o las deducciones fiscales. Unas actuaciones que consiguen «que el precio sea más bajo que en el conjunto de España y suba menos». «No queremos aplicar políticas que fracasan donde se aplican, sino que funcionan», ha zanjado. Al margen de la vivienda, lo que más ocupa en este momento al Ejecutivo autonómico es la elaboración de los presupuestos de 2025 cuya presentación ya es seguro que se va a producir, si bien que vean la luz ya es una incógnita, dado que el PP no cuenta con mayoría absoluta para aprobarlos en las Cortes autonómicas. De momento, el proyecto está prácticamente elaborado, según ha indicado Carriedo: «El lunes tendremos la última comisión funcional del presupuesto con secretarios generales, afinaremos las últimas cifras y estaremos en condiciones de presentar el presupuesto». En este punto, el portavoz de la Junta ha advertido de que «no podemos esperar a ver las nuevas cesiones a Puigdemont», en referencia a las conversaciones que mantiene en Suiza el PSOE con el prófugo separatista. Ha lamentado, por ello que «estamos a la espera de lo que decidan porque nos puede afectar así que sería bueno que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera». En este foro es donde se tiene que presentar, ha insistido, el límite del déficit que se ha traducido en una primera oferta a Puigdemont del 0,8 por ciento del PIB, que supondría, en el caso de Castilla y León, 600 millones más de capacidad de gasto. El consejero no se quiso pronunciar a favor o en contra de esta cifra y se ha limitado a señalar que «si el Gobierno tiene un Plan, nos lo tendrá que contar; si sólo es eso o hay más cosas detrás porque se negocian asuntos que afectan a todas las autonomías con un prófugo de la justicia y en Suiza». Frente a ese escenario, el consejero de Economía ha defendido que los presupuestos de Castilla y León se negocian aquí aunque «hay grupos políticos partidarios de que se negocien en Madrid», ha lanzado en alusión a Vox, aunque sin nombrarlo.
abc.es