Las políticas de vivienda abrirán una nueva batalla entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Pedro Sánchez si el Ejecutivo central «toca» la asignación que le corresponde a Castilla y León por su peso demográfico, un 5,4 por ciento aproximadamente. Tras las palabras de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, advirtiendo de que cortará el grifo a las que no se atañan a la norma estatal en esta materia, la Comunidad avisa de que «utilizará todas las armas legales» para evitar que se condicione la recepción de fondos al cumplimiento de la normativa estatal en aspectos voluntarios, como la declaración de zonas tensionadas que pone límites a los precios de los alquileres. En 'Los Desayunos de Ical', el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, eleva el tono y da un paso más allá de la crítica inicial de la Junta a las declaraciones de Rodríguez. De hecho, avanza que recurrirán la vía judicial si se dicta alguna resolución en ese sentido, puesto que, recuerda, las competencias transferidas llevan aparejadas una financiación. «Rechazamos este autoritarismo» , insiste Suárez-Quiñones, quien censura que el Gobierno recurra a la «amenaza» y la «coacción» para que las comunidades apliquen una política «fracasada» , como las zonas tensionadas a las que la Junta se ha opuesto desde el principio por estar basadas en la «confiscación» ya que, recuerda, el control de precios termina retrayendo el mercado y, por tanto, elevando los alquileres. Precisamente, señala que esto ya lo advirtió en 2020 el Banco de España, al tiempo que manifiesta que donde se han aplicado, como en Cataluña, han sido un «absoluto fracaso» . Más allá de estas políticas «erráticas», que de nuevo el titular de Vivienda vincula con la situación «agónica» del Gobierno y la necesidad de hacer concesiones a sus socios, Suárez-Quiñones señala que Castilla y León pedirá más financiación para las comunidades en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se abordará en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, prevista para el 3 de octubre. El consejero aque el Estado debe ampliar su aportación, porque recuerda que en la legislatura ha aportado 99,5 millones de los 830 millones desplegados por la Junta. De la misma forma, otra de las demandas de Castilla y León pasa por incorporar una mayor perspectiva rural en las políticas de vivienda que se diseñan para todo el país y un cambio en la estructura de las ayudas dirigidas a los jóvenes. Suárez-Quiñones argumenta que el Gobierno mantiene el Bono Alquiler, que recuerda puso en marcha de forma «unilateral» y que dejó fuera a tres de cada cuatro solicitantes. Al respecto, la Comunidad defendió la necesidad de que se unifiquen estas ayudas con las que conceden las autonomías, que en el caso de Castilla y León superan los 40 millones de euros en su última convocatoria. El titular de Vivienda insiste en la necesidad de que no se frustren las expectativas de la población juvenil con anuncios sobre nuevas políticas, que no terminan llegando a todos ellos
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