Tardaron horas en negociar el enunciado de las preguntas a las que tendrán que responder los nueve miembros del jurado sobre el crimen de Samuel Luiz. Los abogados de las defensas de los cinco encausados, según han apuntado fuentes presenciales, han intentado este lunes pelear cada coma de unas preguntas cuyas respuestas podrían sentenciar a sus clientes a penas de más de dos décadas de prisión. Finalmente, tras los cambios en el boceto inicial que había elaborado la magistrada, serán sobre un centenar las cuestiones del objeto de veredicto sobre la que el jurado deberá empezar a deliberar. «Ahora ha llegado su momento. Su responsabilidad es emitir un veredicto justo, es la única responsabilidad que descansa sobre sus espaldas», les ha recordado la magistrada-presidenta, Fernanda Pastor Novo, a los miembros del tribunal del jurado en una vista en la que se le entregó a cada uno de ellos el objeto de veredicto. Tras el plenario, con una veintena de sesiones que durante un mes se celebró en la Audiencia provincial de La Coruña, los nueve miembros titulares del jurado se encerraron ya a deliberar. El caso Samuel Luiz no es caso cualquiera. Tanto por la complejidad que conlleva el número de acusados –que en la práctica implica que hay como cinco veredictos en uno–, como por la repercusión en los medios de un crimen que en julio de 2021 conmocionó a toda España. Así se lo dijo Fernández Novo a los nueve encargados de emitir el veredicto: «Este es un juicio singular, no sólo por la materia, sino porque son cinco acusados. Es un juicio complicado también desde el punto de vista técnico-jurídico. Y también por su evidente repercusión social y mediática». «Que sea mediático y de interés social no debe afectarles. Si contestaran por algún tipo de presión, porque piensan que tienen que resolver en un sentido u otro, no estarán cumpliendo su cometido», añadió. Por eso, la magistrada no se cansó en insistirles que deben de «despojarse de todo tipo de prejuicios», pasar por alto, por ejemplo, si los acusados les caen bien o mal, porque para su veredicto «sólo importan los hechos» y lo visto y oído en la sala. «Nadie puede decidir por ustedes y lo único que pueden tener en cuenta es lo practicado aquí», reiteró la magistrada. Los nueve miembros del tribunal ahora deberán elegir un portavoz, que será el encargado de guiar los debates internos y servirá de nexo con la magistrada durante el proceso de deliberación. Este tribunal ciudadano, como marca la ley, permanecerá custodiado por la policía tanto durante su deliberación durante el día, en horario de oficina, en el edificio de la Audiencia provincial, como en el hotel donde dormirán hasta la 'fumata blanca'. ¿Y cómo es ese objeto del veredicto cuyo contenido inicial, elaborado por la magistrada, fue discutido por las defensas en una ardua negociación, casi palabra por palabra en algunos casos? Según han explicado fuentes judiciales, consta de un bloque común con cuestiones que incumben a todos los acusados y, a continuación, al menos una quincena de preguntas sobre cada acusado, para delimitar sus responsabilidades en el crimen. En total, son sobre un centenar de preguntas. El jurado deberá pronunciarse sobre la responsabilidad individual de los acusados en la salvaje paliza grupal que la madrugada del 3 de julio de 2021 acabó con la vida de Samuel Luiz, de 24 años, que aquella noche había salido de fiesta con una amiga por La Coruña sin meterse con nadie. La agresión la inició Diego Montaña –él mismo lo reconoció en el juicio– cuando pensó equivocadamente que Samuel y una amiga le grababan con un teléfono móvil cuando estaban en una bancada del paseo marítimo de Riazor. A la paliza pronto se unió Alejandro Freire, alias 'Llumba', que también admitió parte de los hechos: en su caso, haber derribado a la víctima mientras Montaña le pegaba. Pero tanto uno como otro sólo se reconocen en el principio de la agresión y se desvinculan de la muerte de Samuel. Al linchamiento se unieron, entre otros, supuestamente, Kaio Amaral y Alejandro Míguez, aunque los dos niegan haber si quiera tocado a Samuel. A Catherine Silva se le señala por, presuntamente, impedir que auxiliaran a la víctima. Se enfrentan a penas que oscilan entre 22 y 27 años de prisión.
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