El edificio comprado por la empresa de alquiler de coches Cicar, que tiene paradas las obras de rehabilitación por carecer de licencia, fue vendido por el promotor Diego Cano, el mismo del polémico centro comercial de El Camisón. Además, la obtención de la consolidación de su uso también está judicializada y creó un cisma entre funcionarios del consistorio
La Agencia de Protección del Medio Natural precinta las obras en una nave de una empresa de coches en Arona por carecer de licencia
La nave industrial de la compañía de coches de alquiler Canary Island Car (Cicar) en Guaza (Arona, sur de Tenerife), que fue denunciada el pasado día 16 de este mes por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por unos supuestos trabajos de construcción y reforma sin los preceptivos permisos (sobre todo el municipal de obra mayor), se sitúa en el corazón de la ruptura del último gobierno socialista ocurrida desde el verano de 2020.
Como publicó Canarias Ahora el pasado viernes, la Agencia del Medio recalca, en su resolución de ese 16 de septiembre (fecha de salida), que los trabajos se ejecutan en un suelo categorizado y clasificado como urbanizable no programado, “equivalente a uno rústico de reserva”. Según el órgano de disciplina urbanística, la documentación presentada por la empresa sobre una solicitud de cobertura formal de los trabajos, a través de una comunicación previa de obra mayor de rehabilitación, “es insuficiente”. La Agencia constata también que el gobierno local no le ha respondido a sus requerimientos, por lo que suspende y precinta los trabajos y el material, si bien la compañía tiene hasta dos meses de plazo para presentar las pertinentes alegaciones o recursos.
Pero la historia de esta nave se remonta a años atrás y es bastante relevante en la ruptura del gobierno que dirigía José Julián Mena (que acabó gobernando en minoría desde ese 2020), en la división de los concejales y la agrupación socialista aronera y en la posterior creación de Más por Arona, que logra cuatro ediles en 2023. El motivo principal fue la “guerra” entre Mena y el entonces concejal de Urbanismo, Luis García, que se mantiene aún en este cargo a través de Más por Arona y en pacto con el PP (cinco ediles) y CC (otros cinco). El enfrentamiento fue muy duro y derivó, incluso, en la destitución como edil del área de García y en la suspensión de militancia de ambos ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo pese a los intensos intentos desde las ejecutivas insular y regional, si bien Mena acabó ganando esta otra batalla al PSOE en los juzgados: fue readmitido, candidato de nuevo en 2023 y se mantiene como líder local de la oposición con el horizonte de 2027 y la recuperación del poder como grandes objetivos.
La importancia de la nave de Guaza radica en que pertenecía al empresario Diego Cano, el mismo del polémico centro comercial de El Camisón, gran meollo de la ruptura del PSOE y con una investigación abierta por la Fiscalía por supuestos incumplimientos del planeamiento municipal y de la Ley de Costas. No obstante, la nave de Guaza ya ocupó espacios en los medios hace años. De hecho, Canarias Ahora y Mírame TV, a través del periodista David Cuesta, informa, en noviembre de 2020, de la resolución del entonces gobierno socialista en minoría (ya se había producido la crisis) por la que se revisa de oficio el expediente que permitió a este promotor (con la sociedad Melisofi Consulting SL) consolidar el uso de la planta baja de la nave abandonada en Guaza, que había adquirido por un precio módico.
Supuestas “irregularidades” detectadas por dos secretarios municipalesLa secretaria municipal (mediante dos dictámenes de finales de 2018 y marzo de 2019) y el secretario que le sustituyó (con un informe de octubre de 2020) habían detectado “graves irregularidades” en este expediente desde el área de Urbanismo que dirigía Luis García y Mena intentaba anularlo, lo que agudizó sus diferencias y también creó un conflicto interno entre funcionarios, sobre todo con el arquitecto municipal (Damián Hernández), que informó a favor y acabó declarando en el proceso judicial. La disputa técnica radicaba en la interpretación de la Ley del Suelo y su aplicación a esta nave, pues la secretaria entendía que esa consolidación no cabe por tratarse de un inmueble fuera de ordenación por ser contrario al planeamiento municipal vigente y, en tal caso, había que acreditar que llevaba los últimos cuatro años, de forma ininterrumpida, con uso comercial para consolidarlo, mientras que el arquitecto sostenía que bastaba con probar que había sido utilizado para ese fin una sola vez en los 48 meses previos a la resolución.
Según los informes de la Policía local y las facturas de agua y luz aportadas por el promotor, el inmueble no había tenido actividad en, al menos, los últimos seis años, algo que corroboraron vecinos de la zona, que indicaban que había estado abandonado desde que cerró el anterior concesionario de coches (Igara Renault), con fotos de la empresa Grafcan que lo atestiguan.
Sin embargo, otros informes técnicos y jurídicos fueron favorables a la empresa, Luis García dictó en junio de 2018 la resolución para consolidar el uso comercial y Melisofi Consulting SL acabó vendiendo la nave a Cicar por una cifra muy superior a su compra. Eso sí, Cano pidió antes la consolidación también como uso comercial del sótano del inmueble, lo que hizo que interviniera la secretaria, quien, pese a que ya se había elaborado informes favorables técnicos y jurídicos, advirtió de la posible existencia de irregularidades por no quedar acreditada la utilización del edificio en los últimos cuatro años. Fue entonces cuando la funcionaria solicitó un informe de la Policía local con el que, el 3 de diciembre de 2018, emitió el dictamen para solicitar la revisión de oficio del acto administrativo, lo que agravó la crisis de interpretaciones de funcionaros. Luego, el abogado Felipe Campos solicitó, hasta en diez ocasiones, el expediente de Guaza y presentó un contencioso-administrativo en los juzgados. Mientras, y tras ser destituido, García denunció en la Fiscalía una presunta red de extorsión de la que presuntamente formaba parte este letrado (que siempre lo negó, y con contundencia), lo que también desencadenó en la apertura de un expediente por parte del Ministerio Público.
En abril de 2021, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pidió al Ayuntamiento de Arona “testimonio íntegro” de todos los expedientes sobre esta nave y, según le consta a este periódico, la investigación sigue, se han producido declaraciones y todo de forma paralela a la resolución de la Agencia del Medio del lunes de la semana pasada por las supuestas y nuevas obras irregulares de Cicar durante este 2024.
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