La comparecencia del presidente del Gobierno para presentar el Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana frente a los estragos causados por la DANA, insinuó un cambio, al menos incipiente, en la actitud altanera y distante que había mantenido hasta el momento. Ayer se cumplió una semana de las inundaciones y la evidencia acumulada de la devastación es de tal magnitud que el Gobierno no podía seguir al margen de la situación, sobre todo tras el malestar expresado en Paiporta. Sin embargo, Sánchez ha eludido la posibilidad de tomar en sus manos la palanca del estado de alarma o de la declaración de emergencia de nivel 3 que le permitirían asumir la gestión de la crisis como le ha reclamado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Hoy, ABC recoge en sus páginas la opinión de varios prestigiosos juristas que consideran que la situación amerita una declaración de estado de alarma «de libro». En su intervención, el presidente dejó entrever que considera incompatible que el Gobierno central gestione la crisis cuando ya lo están haciendo los responsables autonómicos. Sánchez enumeró detalles –como la necesidad de sustituir al escalafón de autoridades– que permiten apreciar que a su concepción del Estado autonómico y de la noción de cogobernanza que él mismo introdujo en la pandemia, le falta madurez y le sobra oportunismo. La aplicación del estado de alarma o la emergencia de nivel 3 no se parece en nada a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No se trata aquí de que el Gobierno central intervenga para disciplinar a una comunidad autónoma rebelde, sino de sostener y ayudar a un territorio que ha quedado por los suelos y está clamando por que le echen una mano. Sánchez detalló un plan por importe de 10.600 millones que incluye ayudas directas, avales y medidas fiscales de las que podrán beneficiarse hogares, empresas y ayuntamientos sin umbrales de renta. En este caso, lo más importante es que la ejecución de estas ayudas sea rápida. La experiencia de la pandemia enseña que entre el anuncio de las medidas y el momento en que estas llegan a los afectados transcurre un tiempo considerable. No puede ocurrir como ha sucedido con el Ingreso Mínimo Vital o con la cita previa, donde la tramitación y la tecnología se convirtieron en barreras insalvables. Aunque Sánchez está acostumbrado a gobernar por decreto y ha considerado la posibilidad de gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, ahora ha dicho que la tragedia ha aumentado «hasta límites colosales» la necesidad de unas nuevas cuentas públicas. Es evidente que el volumen de ayudas afectará a la deuda y al déficit, pero sería un error convertir la necesidad de acuerdo en una extorsión política. El tono del presidente transitaba ayer por una senda parecida a la que expresó Núñez Feijóo el día anterior. Sánchez no está en condiciones de repudiar la mano tendida de la oposición, tras comprobar en Paiporta que el nivel de tensión ha superado cualquier límite, incluso para un profesional de la confrontación como es él. Pero pronto se sabrá qué grado de sinceridad y predisposición al pacto hay en su oferta de diálogo. El mismo criterio que le lleva a «colaborar» con la Generalidad Valenciana debe servirle para ofrecer al PP un pacto razonable sobre los PGE para 2025 que permita orillar las demandas de los nacionalistas, separatistas y otros grupúsculos. Pero si lo que pretende es la adhesión gratuita del PP a unos Presupuestos diseñados para pagar los peajes comprometidos a sus socios, su oferta no resultará ser más que un inadmisible chantaje.
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