Jesús Jordán y Lyda Trujillo no salen de su asombro. El juzgado número 7 de Leganés ha vuelto a suspender el desahucio de la inquiokupa contra la que llevan luchando tres años. Tal es su desesperación, que él se pondrá en huelga de hambre a partir del 5 de octubre. Su esposa, en conversación con ABC, afirma que han sufrido un varapalo fortísimo a raíz del último auto, que, encima, está escrito con una notoria ironía hacia las víctimas de esta situación. Jesús ha pensado en más de una ocasión en quitarse la vida y todo ello está afectando, incluso, a la estabilidad emocional de su matrimonio. Este periódico daba cuenta el 9 de agosto del calvario por el que está haciéndoles pasar la mujer que lleva ya 40 meses arrendada en la que fue la vivienda principal de la pareja, un piso de unos 50 metros cuadrados en la plaza de Extremadura del municipio pepinero, por el que pagaron hace dos décadas 145.000 euros. Se mudaron a un pueblo de Toledo, Numancia de la Sagra, y su previsión era que el piso en liza fuera la herencia para su único hijo, que comienza ahora la carrera universitaria. Hace un mes, eran tres fallos judiciales a su favor, pero también tres los lanzamientos postergados: los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés insisten en que la morosa se encuentra en una «situación económica vulnerable». En ese último recurso ante la Justicia confirmó una nómina de 2.600 euros. Jesús y Lyda están literalmente arruinados. Ella no trabaja después de varias operaciones en la columna vertebral, llena de tornillos; él es operario de maquinaria y ni que decir tiene que su salario no se acerca al de la inquiokupa. Ambos están o han estado en tratamiento psicofarmacológico, con depresión y ansiedad. Fumilayo Guadalupe J. S., canaria de origen guineano de 35 años y que entre otras cosas es escritora, les debe del orden de 15.000 euros, solo en concepto de rentas no pagadas, a razón de 550 euros al mes. Los legítimos propietarios abonan 750 en concepto de la hipoteca, derramas, comunidad, el IBI, el seguro de la casa, la tasa de basuras... Es decir, no solo no ingresan, sino que les quedan números rojos. Y así van a seguir, porque este 18 de septiembre estaba fechado el nuevo lanzamiento, pero dos días antes fue solicitado por el juez un nuevo informe sobre el riesgo social de dejar a la denunciada, sus dos hijos y demás parientes que tiene allí metidos en la calle. Pues bien, el 16 de septiembre, el magistrado emitió un nuevo auto cuyo contenido no tiene desperdicio, no solo por su resolución, sino por cómo la transcribe. Por lo pronto, falla que el proceso queda suspendido hasta el 31 de diciembre y no será hasta entonces cuando las partes puedan reanudarlo. El documento dice así: «Se ha citado a la emisora de los informes y se optó por ser incómodo en el diálogo, pues la parte actora [Jesús y Lyda] expone hechos que, de acreditarse, llevarían a entender que, a la hora de valorar la vulnerabilidad, quizás la de los arrendadores fuera mayor. Aunque tampoco está claramente solicitado este análisis, por cierto». El togado continúa de la siguiente manera: «Pero hay un problema: sólo son alegaciones. Durante mucho tiempo se han abierto puertas para que ser aportara lo que la actora considerara. La de hoy era otra. Pero nada de nada. Que sí, que los arrendadores creen que la arrendataria vive con alguien que contribuye a los gastos, que la hija mayor también debe hacerlo, que ella gana más de dos mil euros y que es una escritora famosa con ingresos notables», reprocha a los dueños de la vivienda. «Pero ni la declaración de la renta apunta a poder presumir eso; ni se sabe quién es esa pareja ni si la hay ni si aporta; ni gana dos mil euros, porque eso era el mes de extra -aduce el juez-, además de un contrato que se acabó en julio y ahora está en el paro, sin prestación; ni si la hija mayor debe estar trabajando; ni cuánto gana por la venta de libros. Nada, sólo una opinión, una opinión que debe enfrentarse a un informe que asegura que la arrendataria es vulnerable. Se insiste, se ha pretendido profundizar en las palabras de la técnico municipal, discutiendo sobre su método de trabajo. Gracias a ello, lo que inicialmente parecía, después no». Lyda recuerda que ellos en ningún momento han hablado de una hija de la okupa, sino de una sobrina mayor de edad, pero el instructor sigue con su 'riña' a los afectados: «Porque no es un digo lo que me cuentan y escribo lo que leo en los sistemas, sino un informo lo que considero tras valorar las fuentes de información que se me ofrecen, principalmente las manifestaciones de la persona y los archivos públicos». Así es como concluye que, pese a todo, «la inquilina debe ser considerada vulnerable», y suspende el desahucio. Lyda y Jesús irán a principios de mes a que él se haga una analítica y el día 5 de octubre comenzará una huelga de hambre. Ya no saben por dónde guiar sus pasos: «Estamos peor que nunca. Por eso es la huelga de hambre; y si le pasa algo a mi marido, continúo yo con la huelga, y espero no pase nada gordo con la salud de mi marido, porque se convertirán en unos asesinos. No vamos a permitir que nos sigan pisando y nos expropien el piso». La pareja, que no es ni una gran tenedora ni dispone de fortuna alguna , se ha quedado sin sus ahorros de toda la vida. «Vivimos solo con mi sueldo», apostilla Jesús: «Nuestro hijo empieza ahora la universidad. Hemos pagado 1.200 euros de matrícula. Ese piso iba a ser para él, para que viviera ahí y no tuviera que transitar la A-42 todos los días, que es una carretera infernal, para ir a la Complutense. La carga psicológica es insoportable, no podía salir de casa. Estamos desolados».
abc.es