Las Cortes piden el cese del Fiscal General del Estado con acusaciones mutuas de corrupción entre PP y PSOE

Las Cortes de Castilla y León, a petición del PP y con el apoyo de Vox, han pedido este miércoles el cese inmediato del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz , por los casos en los que se ha visto inmerso, en un debate marcado por las acusaciones mutuas de corrupción entre populares y socialistas, ya que los primeros apuntaron al Gobierno y los segundos a las causas que han salpicado a la Junta, sin que se hayan dado explicaciones. El portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, ha justificado la propuesta en que el nombramiento del Fiscal General ha estado presidido por la polémica, en que no fue considerado idóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en que el Tribunal Supremo lo condenó por desviación de poder y ahora lo está investigando personalmente en un proceso penal, recoge Ical. A ello unió la investigación abierta por el Supremo por revelación de secretos tras la difusión de un comunicado para desmentir que se hubieran filtrado datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras señalar que los fiscales de sala del Supremo se opusieron a acatar la orden de amnistiar de todos los delitos a los líderes independentistas catalanes, acusó al Gobierno y al PSOE de «ser una máquina de fango», donde también dejó en el hemiciclo la mención a los «negocios» de la esposa del presidente, Begoña Gómez, que investiga el juez Peinado. En concreto, la PNL del PP, que ha recibido el «no» de PSOE y Podemos y la abstención de UPL-Soria Ya, requiere a la Junta que se dirija al Gobierno para solicitar el «cese inmediato» de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado por el «desprestigio que sus actuaciones ocasionan en una institución que debe ser imparcial e independiente». Además de la dignificación de las instituciones del Estado y, en concreto, de la Fiscalía General del Estado, garantizando sus funciones de «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado». «No se busca dividir sino fortalecer el sistema de justicia, una justicia más integra», ha resumido Gavilanes, que sostuvo que el Gobierno del PP «nunca» ha concedido amnistías a «delincuentes». La socialista Ana Sánchez ha acusado al PP de «perder el tiempo» y «hacer la pelota y méritos con la jefa, la señora Ayuso», y ha trasladado el apoyo al Fiscal General en el caso del «defraudador confeso», en referencia a la pareja de la presidenta madrileña, para preguntar qué desde cuándo es delito sacar un comunicado para desmentir unos hechos. Sin embargo, ha trasladado a Castilla y León la dignificación de las instituciones a las que apeló el PP para recordar que no están para «dar lecciones» ante tramas de corrupción , que «han desvalijado» 1.100 millones a los ciudadanos, por las que no han dado explicaciones. Así, se ha referido a la contratación de Ignacio Cosidó, quien «se vanaglorió de controlar» una sala del Supremo, como asesor del presidente de la Junta o que el consejero Suárez-Quiñones haya dicho que el Gobierno «ha engañado a los jueces» en una sentencia sobre el lobo. «Antes de dar lecciones, hay que dar ejemplo», ha censurado Sánchez, que se refirió a «la maldición» de los exvicepresidentes de la Junta, condenados por los casos de la minería y la Gürtel, y ha subrayado que Fernández Mañueco «siempre ha estado ahí», en las causas abiertas, entre ellas la de los parques eólicos. Por ello, ha calificado a los del PP de «fariseos e hipócritas» y ha concluido que «cuando den una explicación de los casos de corrupción, igual sí hablamos». «Sí les puede la vergüenza retiren la PNL y si no conocen la vergüenza cuando pidan el cese de Mañueco miremos si están para pedir el de nadie más». «No se sí reír o llorar, con que el PP hable de integridad de las instituciones, de separación de poderes», ha iniciado Pablo Fernández, que ha recordado como Ignacio Cosidó «se vanaglorió de controlar la Sala 2 del Supremo», al que ha señalado que se propuso como senador y luego se ha contratado como personal de confianza de la Junta. «Ustedes utilizan las instituciones y el poder judicial para hacer política, sí de verdad creen en la integridad de las instituciones disuélvanse y entreguen las togas», ha concluido. Miguel Suárez (Vox) ha dudado de la imparcialidad de quien fue «nombrado por la mafia socialista» con la que ha acusado al PP de pactar y ha expresado «el cabreo» por decir que quieren dignificar las instituciones cuando acuerdan el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuenta, el Defensor del Pueblo, el reparto de las instituciones del Parlamento europeos o el rechazo de la ley de concordia. «Cómo van a dignificar nada de la mano del socialismo corrupto», ha resumido. El procurador de Vox, que ha calificado de «mafia y camorra» a los socialistas, ha planteado una enmienda de adición para incluir como primer punto del texto el cese del presidente y de los miembros de su Gobierno por «corrupción», lo que no ha aceptado el proponente popular. Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea ha argumentado que el PP es el «porquero» de la regeneración y ha indicado que un fiscal no puede ni debe presentarse a un juicio ante sus subordinados, pero ha rechazado que «la regeneración democrática» sea «su fuerte». «Aquí se persigue un delito de fraude fiscal, no a una adversaria política», en referencia a Ayuso. Luis Mariano Santos (UPL) ha manifestado que entiende al PP desde el punto de vista político en la polarización. Reconoció que es una PNL paradigmática de «sembrar la sensación de que un mismo delito puede ser declarado de una forma u otra dependiendo de que el juez sea conservador o progresista», por lo que «tienen poco respeto por la independencia judicial». El leonesista ha rechazado entrar en el debate planteado aunque ha confesado que le da «vergüenza» ver a la Guardia Civil registrando el despacho del Fiscal General, y ha considerado que «predican la independencia pero no la practican». «Se olvidan de lo que se vota en las Cortes», donde mencionó que no se cumpla con la supresión de la Fundación Castilla y León de los valores.

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