El pasado 5 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que ya se había solicitado formalmente a Bruselas la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad (FES) para hacer frente al desastre provocado por la DANA a su paso por el levante español. A las subvenciones europeas se sumarían además otras medidas nacionales para paliar las pérdidas de la catástrofe climática.
Para los países de la UE, cada vez con más frecuencia estas catástrofes subrayan la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y adaptación que permitan gastar menos dinero en reconstruir los daños a posterior. Según datos de Eurostat, entre 1980 y 2023, los Estados miembros han gastado más de 738.000 millones de euros para hacer frente a los diversos desastres naturales.
En 2023, los países de la UE tuvieron pérdidas económicas de cerca de 44.000 millones de euros derivadas de accidentes climatológicos, hidrológicos y meteorológicos. Y la evolución en los últimos años ha sido ascendente. Con cifras a precios constantes de 2022, en la última década, la suma de pérdidas asciende a 297.730 millones, mientras que en la década previa apenas superaba los 113.500, un incremento del 162%.
España es el cuarto país para el que Eurostat calcula más pérdidas entre 2003 y 2023 relacionadas con eventos climáticos, con algo más de 40.500 millones de euros en ese periodo. Le preceden en el ranking Alemania, Italia y Francia, por ese orden.
Al margen de los costes a nivel nacional, el FES también tiene su propia capacidad. Según cifras de la Comisión, que gestiona este fondo, las inundaciones son las catástrofes financiadas con mayor frecuencia. Por su parte, los terremotos reciben mayor cuantía. Para evitar estos efectos, organismos supranacionales como la Agencia Europea del Medio Ambiente junto a la Comisión Europea trazaron en 2023 unas proyecciones sobre posibles zonas inundables.
Midiendo la probabilidad del suceso, el “área de pérdida tangible directa acumulada” y los “daños anuales esperados”, detallaron que los centros urbanos y sus regiones circundantes son los “puntos críticos de riesgo” de inundaciones en Europa, destacando Europa central y las zonas cercanas a los grandes ríos del continente.
“La responsabilidad final es del Estado”, confirma Juan Mejino, analista investigador del think tank Bruegel. Explica que la normativa europea se ajusta a la petición desde los gobiernos nacionales y que la responsabilidad final de rehabilitación de emergencia recae sobre los efectivos que pone a disposición el país. Por lo que los fondos europeos se posicionan como “complementarios” a las acciones tomadas a nivel nacional.
Italia, por su parte, es consciente de los riesgos y desde las instituciones gubernamentales tratan de apostar por la prevención. Desastres como el de las inundaciones de 2010 empujaron, por ejemplo, a las instituciones del Véneto a planificar estas intervenciones. Desde entonces, con fondos europeos (programación FESR 2014-2020) se ha iniciado el diseño y construcción de infraestructuras como presas temporales en las que se almacena el exceso de agua durante las lluvias y desde las que se descarga en un momento posterior pero con un caudal reducido, evitando así que se vierta sobre carreteras y viviendas de forma masiva.
Entre las estructuras que han salvado a otras regiones como Vicenza de la catástrofe figuran la cuenca de contención construida en el torrente Timonchio, para la que se han gastado 21 millones de euros, de los cuales 9,7 proceden de los recursos de Cohesión (fondos FEDER). En el centro, la cuenca de contención de Viale Diaz fue fundamental: una obra que costó más de 19 millones de euros de los que 17 venían del FEDER.
Del mismo modo, otros países como Grecia cuentan con al menos cuatro instrumentos financieros diferentes para los proyectos de protección y rehabilitación contra las inundaciones: fondos del Fondo de Recuperación, fondos del MENR 2021-2027, programas financiados con recursos nacionales y otros con recursos regionales.
La más reciente fue la partida aprobada el pasado 23 de octubre de 2024 por la Comisión Europea de 40 millones de euros del Fondo de Cohesión para apoyar los esfuerzos del municipio de Atenas para preparar y prevenir mejor futuras inundaciones y “proteger los hogares y las empresas de sus efectos devastadores”. El dinero, según el anuncio de la Comisión, se utilizará para mejorar un tramo de 4,83 kilómetros del arroyo Eshatia, que desemboca en el río Kifissos y supone un riesgo de inundación en zonas residenciales, ya que desemboca en zonas urbanas y muchos edificios están situados en sus orillas.
Por su parte, muchas zonas inundables de Austria ya han tomado medidas para protegerse de futuras inundaciones que causen daños similares a los del pasado año. Se han creado presas, cuencas de retención, y se ha puesto mayor atención a zonas inundables (por ejemplo, junto al Danubio en Austria) y aplicado otras medidas de renaturalización, confirma el medio autriaco Der Standard. Según los expertos, Austria está en general “bien preparada para el peligro de inundaciones”.
Polonia apuesta por la prevención
Polonia ha destinado gran parte de los fondos europeos solicitados para inversiones destinadas a prevenir las inundaciones. El medio polaco Gazeta Wyborcza explica que el detonante fueron las Grandes Inundaciones de 1997. Causaron graves daños en la región montañosa (que este año también se han visto afectados) y en la ciudad de Wrocław, que sufrió grandes pérdidas al quedar un 40% bajo el agua.
Uno de los mayores proyectos desde entonces ha sido la construcción de un embalse de control de inundaciones en Racibórz, en el sur de Polonia. Su coste rondó los 500 millones de euros y fue financiado en parte por los fondos de preadhesión, así como por fondos del Banco Mundial. Su construcción entre 2013 y 2020 evitó que muchas ciudades del sur se inundaran con las precipitaciones de registradas este año.
Así fue el "confinamiento climático" que salvó decenas de vidas en las inundaciones de Austria y República ChecaLola García-AjofrínLa borrasca Boris es ejemplo de un fenómeno extremo bien pronosticado. "La gente no debería morir en Europa en 2024 por falta de información", advierte la hidróloga Hanna Clock
Las inversiones destinadas a evitar el coste de los daños han pasado a un segundo plano político, ya que su construcción requiere mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Sin embargo, en los últimos años, los dos principales partidos políticos de Polonia (PiS y PO) han competido para ver qué gobierno gastaba más en este tipo de inversiones.
En total, todos los gobiernos de los últimos 16 años han gastado en este tipo de inversión entre 1.000 y 1.200 millones de zlotys al año (200-250 millones de euros).
Unas ayudas que tardan en llegar
El FES fue creado en 2002 para ayudar a los Estados miembros cuando se producen desastres naturales. Cuenta con una partida de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que los países pueden recurrir en este tipo de catástrofes, aunque el desembolso puede demorarse varios meses. Esto se debe, tal y como se explica en la normativa que regula estos fondos, al tiempo que lleva la asignación de una subvención como el procedimiento presupuestario, que debe contar con la aprobación del Parlamento y el Consejo.
Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Ahora bien, su reforma en 2014 introdujo la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles “siempre y cuando haya suficientes recursos disponibles”. El importe máximo es el 25% del total previsto de la contribución financiera del Fondo de Solidaridad, estando limitado a 100 millones de euros.
La Palma solicitará fondos de solidaridad de la UE por daños por encima de 400 millonesEuropa PressEl presidente canario ha apuntado también que se va optar a fondos específicos para la agricultura dado que La Palma es una "zona catastrófica"
En el caso de las inundaciones de 2023 de Europa Central no fue hasta este pasado septiembre de 2024 cuando se anunció la concesión de 1.028,54 millones de euros en concepto de “ayuda de socorro”, en el que se incluye un importe de 231,78 millones de euros en concepto de anticipos en caso de catástrofe a Italia, Eslovenia, Austria, Grecia y Francia.
“Como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros”, defendió Sánchez en su comparecencia. Sin embargo, no es la primera vez que nuestro país recurre a esta ayuda.
El jefe del Ejecutivo ya lo pidió para desastres como el generado por la erupción del Volcán de la Palma. De hecho, desde 2002 a 2022, España ha obtenido 96,3 millones de euros provenientes del FES.
Italia también acudió a estas ayudas por las inundaciones de 2018, cuando desde Belluno hasta Palermo urgió la respuesta económica para la reconstrucción de las zonas afectadas. Según informaba Il Sole 24 Ore, sólo en la región de Véneto el valor de las pérdidas alcanzaba los 1.000 millones de euros. Italia recurrió al FES para cofinanciar operaciones de emergencia y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.
Ahora bien, entre los mayores gastos a los que se ha enfrentado el FES desde su creación es al de los terremotos de 2016 en este mismo país. Según un informe publicado por el Parlamento Europeo en 2021, el daño alcanzó los 21.879 millones de euros. La cantidad otorgada fue de casi 1.200 millones de euros.
El caso más reciente es el de las inundaciones en Grecia en 2023. No fue hasta octubre de 2024, que el Parlamento Europeo aprobó el desembolso de más de 1.000 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para apoyar los esfuerzos de recuperación en cinco países tras las graves inundaciones de 2023, con 101,5 millones de euros destinados a Grecia para apoyar los esfuerzos de recuperación. De esta misma partida, Austria percibió este año, 5,20 millones de euros como ayuda a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en sus regiones meridionales en agosto de 2023.
"Es mucho más complejo cuando se trata de gasto de inversión"
Estos fondos de emergencia han sido muy cuestionados, en los últimos años, precisamente, por su eficiencia ante las catástrofes. Con la intensificación del cambio climático y el consecuente aumento de catástrofes naturales, se ha subrayado su importancia, por ejemplo, en la actuación del restablecimiento de las infraestructuras.
Estas respuestas de recuperación no suelen ser inmediatas, sin embargo las decisiones y los procesos de votación parecen verse como un obstáculo en su eficiencia. “No siempre responden de forma tardía”, aclara el doctor en Economía y profesor de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero. Explica, además, que el proceso “es mucho más complejo cuando se trata de gasto de inversión, ya que es preciso justificar mucho más las inversiones y buscar presupuestos para una estimación adecuada”.
elconfidencial.com