La historia de las siete activistas del colectivo feminista 8 Mil Motius, condenadas a un año y medio de prisión por su participación en la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018, ha vuelto a suscitar un amplio debate sobre la represión a los movimientos sociales en nuestro país. Durante una protesta pacífica con motivo del 8M, las siete mujeres ocuparon junto a otras muchas compañeras las vías del tren en Barcelona, en un acto simbólico para visibilizar la lucha por "los derechos de todas". La sentencia, una de las más duras contra el movimiento, incluye también una indemnización de más de 26.000 euros a la compañía ferroviaria por daños y pérdidas. Estas militantes llevan ya seis años de proceso judicial, con todo el desgaste físico y emocional que ello implica, en un caso que lejos de ser un episodio aislado, parece constituir una pieza más en un amplio mosaico de criminalización dirigido a castigar la protesta social. Para comprender su impacto, es importante enmarcarlo de
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