¿Qué es antes: la captación y el engaño por parte de una red de trata de seres humanos o el delito que se comete (mendicidad, tráfico de drogas, entrada irregular...) inducido por esa organización? La pregunta es sencilla de contestar de acuerdo con los convenios internacionales de derechos fundamentales y la regulación jurídica en nuestro Código Penal del artículo 177 bis 11. Existe una forma de trata que «escapa a los estereotipos, la trata para delinquir, y en las que se debe aplicar el principio de no punición»; esto es, de no culpabilidad. Son palabras que trasladan once expertos en Derecho Penal en un completo informe donde explican por qué se tiene que aplicar este principio en la Justicia española. Escogen para ello un caso paradigmático, el de Angelina, y se dirigen al Tribunal Constitucional (TC) para que enmienden al Supremo en este y muchos casos similares que se están castigando en nuestro país. Liderados por la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla , de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), estos juristas destripan los giros de guion que ha sufrido en los banquillos el destino de Angelina , una joven peruana de 21 años en el momento de los hechos. Angelina había tenido un bebé hacía cuatro meses y residía con grandes penurias en un suburbio de Lima. Tras poner un anuncio en el periódico para ofrecerse a doblar trabajo, es captada por una red internacional de trata que la manipula para trasladar droga hasta aquí. Nada más poner un pie en suelo español es arrestada en el aeropuerto de Barcelona por las labores de 'mula'. Llevaba 25 preservativos de coca en su interior. Pasa un año en prisión preventiva hasta que un juzgado de Barcelona y más tarde la Audiencia Provincial dictan una sentencia «valiente» –tilda la investigadora principal del estudio– que la exculpa, en línea con todo el corpus jurídico en relación a la trata (a saber, se deben considerar la situación de extrema vulnerabilidad y que la organización abusa de ella , por ejemplo). Resuelven absolverla porque no se puede determinar más que el delito de tráfico de drogas sea consecuencia del contexto de trata. Martínez Escamilla o la magistrada emérita del Tribunal Constitucional y profesora de la Universidad del País Vaco Adela Asua , entre otros, se asombran por lo avanzado de esa decisión. «Es la primera vez en España que se aplica el principio de no punición y reconoce que criminológicamente es muy frecuente que se cometa un delito mientras una persona es tratada». Elaboran un primer informe sobre este dictamen, que podría aplicarse a «muchísimas Angelinas» cada día, afirma a ABC la catedrática de la Complutense. En el 85% de los casos de trata y explotación son mujeres. No obstante, poco les dura la satisfacción puesto que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia recurrió alertando del «efecto llamada» que podría generar esta decisión y tanto este organismo y el Supremo después (en la sentencia 960/2023, de 21 de diciembre) revocaron esa liberación y declaran que la peruana sí es culpable de tráfico de estupefacientes. Piden cinco años de prisión y una multa «exagerada» conmutable por otros seis meses. Se antepone el delito a la trata. La catedrática apuntilla: «Técnicamente en Derecho Penal la trata empieza mucho antes, desde la captación y el traslado de la víctima». Los expertos redactan un segundo informe, que ve la luz el pasado 23 de septiembre, corrigiendo al Alto Tribunal por una sentencia que consideran «pobre, confusa, muy mala , con motivaciones jurídicas deficientes y que desprovee a Angelina del derecho a la tutela judicial efectiva», señala Martínez Escamilla. Y lo peor es que hay «muchas potenciales víctimas» de una decisión así. Los expertos en leyes esperan que no se convierta en doctrina y la sentencia sea corregida por el TC, que tiene sobre la mesa el recurso de casación de la joven, que se encuentra provisionalmente en Perú. A Angelina y su caso no se los elige y pormenoriza porque sí, tal y como explica en su conversación la profesora. Tiene todos los ingredientes de lo que está sucediendo en los tribunales del país. Por una parte, falta formación en los actores jurídicos: por eso, piden a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno que se implemente adecuadamente el principio de no punición y estén a la altura del tema que se aborda. Hay, además, otra «recomendación al legislador», cuyo anteproyecto de ley de trata se presentó en febrero tras años de metidas y salidas del cajón por el enfrentamiento entre partidos y que ya anticipó algunos errores técnicos de bulto en su redacción. «Hace falta una regulación específica sobre trata y explotación que proteja a las víctimas, es una ley sobre la que se habla mucho, pero que... ¡la saquen ya!», urge la catedrática de la UCM.
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