Doce años después de los sucesos de aquel Rodea el Congreso , los 21 acusados de los disturbios del 25 de septiembre de 2012, los más graves en ese momento, se sentarán en el banquillo. Los juzgados de lo Penal acogerá desde hoy y hasta el 28 de noviembre la vista oral, en la que los encausados se enfrentan a peticiones de cárcel de siete años y cuatro meses a tres años y ocho meses, como solicita la Fiscalía. En plena resaca del 15-M y cuando las calles ardían, la Coordinadora 25S, un grupo de antisistemas entre los que se encontraban los Bukaneros, Izquierda Castellana y demás facciones ultraizquierdistas y con simpatías hacia ETA, convocó una serie de protestas. El objetivo era llegar al Congreso de los Diputados y, a raíz de todo lo sucedido, se empezó a redactar la actual ley de seguridad ciudadana, en vigor desde 2015 y que, entre otras cosas, buscaba prohibir las manifestaciones en perímetros tan próximos a las sedes de las instituciones. Lo que la izquierda viene llamando 'ley mordaza', que va a ser ahora reformada bajo la inspiración de Bildu. Los altercados la noche del 25 de septiembre y las horas posteriores de la madrugada siguiente se saldaron con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías. En la protesta inicial participaron 6.000 personas, pero, como es habitual en estos actos radicales, los más violentos causaron destrozos y atacaron a los agentes a su término. Los imputados se enfrentan a los cargos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, resistencia y lesiones. La Coordinadora 25S tacha el juicio de «político».
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